Peru democracia de cartón; cuando 35 Opciones no garantizan una sola elección digna.

Las elecciones generales del 12 de abril de 2026 han colocado al Perú ante un escenario electoral sin precedentes; treinta y cinco candidatos presidenciales compiten por la primera magistratura, cifra que representa la mayor atomización política en la historia republicana reciente. Esta proliferación de opciones, lejos de reflejar una democracia vibrante y diversa, constituye el síntoma más evidente de una crisis de representación profunda. Cuando más de mil setecientos aspirantes a cargos públicos se inscribieron ante el Jurado Nacional de Elecciones, lo que quedó expuesto no fue la fortaleza del sistema político, sino su descomposición estructural. El ciudadano común se enfrenta a una boleta electoral imposible de navegar con información, donde la cantidad anula la calidad y donde la dispersión del voto se convierte en el principal obstáculo para la construcción de mayorías legítimas.

La baja barrera de entrada al sistema político peruano explica en parte este fenómeno. Las normas electorales permiten la inscripción de partidos con requisitos relativamente accesibles, lo que ha generado la proliferación de treinta y ocho organizaciones políticas aptas para participar en 2026. Sin embargo, esta aparente apertura democrática oculta una realidad más compleja; la mayoría de estas agrupaciones carecen de estructura territorial real, propuestas programáticas coherentes o democracia interna efectiva. Muchas funcionan como vehículos de proyectos personalistas, donde el líder fundador confunde la propiedad del partido con la representación del pueblo. El resultado es un mercado electoral saturado de ofertas vacías, donde la competencia no se da por ideas sino por espacios mediáticos y capacidad de financiamiento.

Paralelamente a esta fragmentación, el sistema mantiene vigentes liderazgos que han demostrado incapacidad de construir consensos nacionales. Keiko Fujimori, postulante por tercera vez consecutiva tras derrotas en 2011, 2016 y 2021, encabeza una organización partidaria que funciona como extensión de un proyecto familiar heredado. Su trayectoria judicial, marcada por procesos por presunto lavado de activos y financiamiento ilegal de campaña, contrasta con su permanencia en la escena política gracias a una maquinaria electoral que privilegia la lealtad sobre la meritocracia. Del mismo modo, Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, representa el ascenso del empresariado político que confunde la gestión privada con el servicio público, utilizando el discurso de la confrontación como sustituto de propuestas viables. Ambos liderazgos comparten una característica distintiva; la construcción de bloques electorales duros mediante la polarización, no mediante el diálogo.

La desconfianza ciudadana hacia estas figuras no es producto de prejuicios ideológicos, sino de antecedentes objetivos. La población observa que quienes aspiran a representarla han priorizado sistemáticamente su permanencia en el poder sobre el bienestar colectivo. El fujimorismo, desde su retorno a la escena electoral en 2006, ha alternado entre la oposición radical y la negociación oportunista según conveniencias tácticas, sin construir una agenda nacional compartida. Por su parte, la gestión municipal de López Aliaga en Lima ha estado marcada por conflictos constantes con el Concejo Metropolitano, rotación de funcionarios y promesas incumplidas que evidencian la brecha entre el discurso autoritario y la capacidad de gestión. Cuando los ciudadanos perciben que sus representantes potenciales ven el Estado como botín o plataforma personal, la desafección se convierte en respuesta racional.

El sistema electoral peruano presenta una paradoja adicional; la fragmentación extrema en la primera vuelta beneficia a los extremos. Cuando treinta y cinco candidatos compiten, el voto se dispersa entre opciones que no superan el diez por ciento de intención de voto, permitiendo que quienes mantienen electorados cautivos —generalmente ubicados en los polos ideológicos— accedan a la segunda vuelta. Este mecanismo explica por qué, a pesar del rechazo mayoritario hacia ciertos liderazgos, estos persisten en la arena política. La segunda vuelta se transforma entonces en un plebiscito sobre el "menos peor", donde la elección se realiza mediante el principio de exclusión, no de afirmación. El ciudadano vota contra, no a favor, reproduciendo ciclos de gobernabilidad débil desde el inicio del mandato.

La atomización partidaria tiene consecuencias directas sobre la calidad de la democracia. Cuando ninguna organización política alcanza representación significativa en el Congreso, la gobernabilidad depende de coaliciones inestables construidas sobre la base de intereses inmediatos, no de programas compartidos. El retorno a la bicameralidad en 2026, con ciento treinta diputados y sesenta senadores, podría profundizar esta fragmentación si no se acompaña de reformas que incentiven la consolidación partidaria. La experiencia reciente demuestra que los gobiernos minoritarios en el Legislativo han recurrido a la disolución constitucional o han enfrentado vacancias presidenciales, generando inestabilidad que afecta el desarrollo económico y social del país.

La crisis de representación no es exclusivamente atribuible a los partidos políticos. La sociedad peruana misma ha experimentado transformaciones que el sistema político no ha logrado procesar. La urbanización acelerada, la informalidad laboral masiva, la desigualdad territorial y la diversidad cultural no encuentran expresión en ofertas políticas que siguen organizándose en categorías ideológicas heredadas de décadas pasadas. Los ciudadanos se sienten más identificados con sus comunidades locales, sus redes digitales o sus identidades sectoriales que con organizaciones partidarias nacionales. Cuando la política partidaria no logra traducir estas nuevas realidades en agendas comprensibles, la desconexión entre representantes y representados se amplifica.

Frente a este escenario, la población demanda cambios estructurales que el sistema actual parece incapaz de auto-generar. Se requieren reformas que eleven las barreras de entrada a partidos sin representación real, que establezcan mecanismos de democracia interna obligatoria, que fortalezcan la fiscalización de campañas electorales y que permitan la participación ciudadana más allá de la votación periódica. La implementación de presupuestos participativos con poder vinculante, la creación de asambleas ciudadanas sorteadas para temas complejos y la posibilidad de revocatoria de mandato efectiva podrían recomponer el vínculo representativo. Sin embargo, estas reformas enfrentan el obstáculo fundamental; requieren la voluntad política de quienes se benefician del statu quo.

La transformación de la clase política peruana exige también una renovación generacional y de métodos. La persistencia de liderazgos que han fracasado electoralmente en múltiples ocasiones, que enfrentan procesos judiciales graves o que provienen de herencias familiares cuestionadas, bloquea la emergencia de nuevas figuras que podrían reconstruir la confianza ciudadana. La paridad de género y las cuotas juveniles en las listas electorales son avances formales que no han alterado las estructuras de poder reales dentro de los partidos. Se necesita un sistema que premie la trayectoria técnica, la experiencia comunitaria y la capacidad de diálogo por sobre la exposición mediática, el acceso a financiamiento oscuro o la capacidad de construcción de clientelas.

La experiencia de otros países latinoamericanos ofrece lecciones relevantes pero no directamente transferibles. Uruguay ha mantenido un sistema de partidos estable gracias a la democracia interna real y la participación ciudadana en la definición de candidaturas. Chile, tras su crisis de representación, optó por una Convención Constituyente con miembros electos específicamente para esa tarea, aunque los resultados muestran que los mecanismos por sí solos no garantizan la calidad de la representación. El Perú requiere un diseño propio que considere su diversidad territorial, su historia de conflictos internos y su debilidad institucional acumulada. La simple importación de modelos externos, sin adaptación contextual, ha demostrado ser insuficiente.

Las elecciones de abril de 2026 representan una oportunidad histórica que también es un riesgo. Si la ciudadanía consolida una demanda organizada por reformas estructurales, utilizando los mecanismos de democracia directa disponibles y presionando desde la sociedad civil, podría iniciarse un proceso de reconstrucción institucional. Si, por el contrario, la fragmentación electoral produce un gobierno débil y un Congreso atomizado, el ciclo de inestabilidad se perpetuará. La representación política digna no es un regalo de los gobernantes, sino una conquista de los ciudadanos. En el Perú de hoy, esa conquista requiere superar la parálisis de la desconfianza y transformarla en acción colectiva por un sistema donde los representantes sean efectivamente respetuosos de la gente y las normas que juraron defender.