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Entre la fibra dorsal y la restricción milimétrica: Dónde queda el verdadero 5G empresarial

  • Foto del escritor: Alfredo Arn
    Alfredo Arn
  • 27 ene
  • 3 Min. de lectura

Después de años de espera, Perú dio un paso decisivo hacia la era del 5G el pasado 17 de diciembre de 2025, cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) firmó los contratos de concesión con cuatro operadores —Bitel, Claro, Entel e Integratel (antes Movistar)— para la explotación de 400 MHz en la banda de 3.5 GHz. Este proceso, diferente al de otros países latinoamericanos por no implicar pagos directos por el espectro sino compromisos de inversión, exige a las empresas desembolsar más de 500 millones de dólares en los próximos cuatro años para desplegar cobertura tanto en zonas urbanas como en 1,731 localidades rurales, además de garantizar conectividad 5G obligatoria en instituciones clave como colegios, hospitales y universidades públicas antes de finales de 2026.

El despliegue del 5G móvil en Perú opera bajo un esquema de regulación sinérgica que combina bandas exclusivas con flexibilidad tecnológica. Cada operador recibió 100 MHz continuos en el rango de 3300-3800 MHz, permitiendo la prestación de servicios avanzados de voz y datos (5G VoNR), internet inalámbrico fijo (FWA) y redes privadas para la industria. Sin embargo, este entusiasmo por la conectividad masiva contrasta con la realidad del transporte de datos; mientras las redes móviles avanzan hacia velocidades de gigabits, la infraestructura de backhaul depende críticamente de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica —que ha logrado reducir costos operativos hasta en 18% para algunos operadores— y de enlaces inalámbricos en bandas licenciadas tradicionales entre 6 y 38 GHz.

Precisamente en el ámbito de las comunicaciones punto a punto reside uno de los paradojas regulatorios del país. Aunque el MTC ha homologado técnicamente equipos de alta capacidad como el MikroTik wAP 60G para transmisión de datos fijos, la banda de 60 GHz —ampliamente liberada para uso no licenciado en Chile, Estados Unidos o Colombia como banda V para enlaces cortos de alta velocidad— mantiene en Perú un estatus restrictivo que requiere autorización específica. Esta situación limita la capacidad de empresas y operadores para desplegar soluciones de backhaul inalámbrico de alta capacidad o redes privadas industriales sin enfrentar complejos trámites de concesión, frenando aplicaciones críticas como la minería automatizada o la supervisión remota en tiempo real.

El sector empresarial, especialmente la gran minería que opera en regiones remotas como Cajamarca y Arequipa, presiona por esquemas de espectro más ágiles para redes privadas 4G y 5G que permitan la Industria 4.0. Mientras tanto, la competencia entre los cuatro operadores nacionales promete acelerar la cobertura urbana —con plazos de seis meses para Lima y nueve para provincias— y mejorar la calidad del servicio en las 13 millones de líneas móviles existentes. No obstante, la ausencia de bandas no licenciadas milimétricas accesibles obliga a depender de infraestructuras costosas o de la saturada banda de 6 GHz, cuya asignación reciente para Wi-Fi 6E generó controversia por priorizar el uso doméstico sobre el backhaul profesional.

Perú se encuentra, por tanto, en una encrucijada tecnológica; ha logrado finalmente asignar el espectro crítico para el 5G móvil masivo, posicionándose con una cantidad de 500 MHz en la banda 3.5 GHz, pero mantiene rezagos regulatorios en el ecosistema punto a punto que dificultan la última milla empresarial y rural. La apuesta por el cierre de brechas digitales mediante inversiones obligatorias en zonas alejadas es noble, pero la falta de armonización con estándares internacionales sobre espectro no licenciado en 60 GHz podría retrasar la llegada del verdadero Internet de las Cosas industrial (IoT) y las soluciones FWA de alta velocidad que el país necesita para su desarrollo sostenido.

 
 
 

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