La trampa de la dependencia: cómo la destrucción del ahorro interno condena al Perú a la perpetua subordinación Económica

Una crisis anunciada: el derrumbe del Sistema de Pensiones

El Perú enfrenta en 2025 una crisis estructural que trasciende lo financiero para configurar una verdadera tragedia de desarrollo nacional. El Sistema Privado de Pensiones, creado en 1993 como pilar de la seguridad social y el ahorro interno, ha sido sistemáticamente desmantelado a través de ocho retiros autorizados por el Congreso. Los números hablan por sí solos: mientras en 2019 las AFP administraban S/ 175,000 millones equivalentes al 23% del Producto Bruto Interno, hoy ese monto se ha desplomado a S/ 117,000 millones, apenas el 11% del PBI. La cifra se vuelve escandalosa cuando se considera que los afiliados han retirado acumuladamente S/ 115,000 millones, superando el capital actualmente administrado. Sin estos retiros forzados, el sistema contaría con más de S/ 230,000 millones, cerca del 30% del PBI, un colchón financiero que habría transformado radicalmente las posibilidades de desarrollo productivo del país.

Esta destrucción del ahorro pensiones no es un accidente administrativo ni una fatalidad económica. Es el resultado de decisiones políticas deliberadas que priorizaron el consumo inmediato sobre la inversión productiva, las ganancias financieras de corto plazo sobre la soberanía económica de largo alcance. Las consecuencias trascienden el ámbito previsional para configurar una trampa de dependencia estructural que afecta cada dimensión de la economía nacional, desde el financiamiento del Estado hasta la imposibilidad de industrialización.

De financiamiento soberano a dependencia externa cara

Las Administradoras de Fondos de Pensiones no eran simples administradoras de jubilaciones. Constituían el pilar fundamental del mercado de capitales peruano, detentando el 26% de todos los bonos soberanos, el 12% de los bonos corporativos y el 11% de las acciones en bolsa. Esta presencia garantizaba que el Estado y las empresas privadas pudieran financiarse en moneda local, en soles, a plazos largos y tasas razonables. La estabilidad que proporcionaban las AFP como demandantes estructurales de deuda soberana permitía al gobierno ejecutar política fiscal con cierta autonomía, sin depender exclusivamente de los caprichos de los mercados internacionales.

Cuando las AFP se vieron forzadas a vender bonos del gobierno para generar liquidez ante los retiros masivos, el Estado perdió su comprador institucional más confiable. El gobierno se vio obligado a endeudarse en dólares en mercados internacionales, emitiendo bonos globales a tasas de interés entre 5.40% y 6.85%, significativamente superiores a las que pagaría si existiera un mercado de capitales local profundo. Esta transición representa una pérdida de soberanía monetaria y una exposición a riesgos cambiarios que afectan directamente la estabilidad fiscal. Las tasas de los créditos hipotecarios para las familias peruanas suben en correlación con los rendimientos de los bonos soberanos, transmitiendo la crisis de las pensiones directamente al bolsillo de los ciudadanos.

El servicio de deuda externa promedio anual entre 2025 y 2034 asciende a aproximadamente US$ 9,282 millones, una carga que obliga a maximizar la generación de divisas a cualquier costo. El gobierno ejecuta operaciones de administración de deuda que implican canjes y reaperturas, extendiendo la vida media de la deuda de 13.1 a 15.5 años, efectivamente aplazando pagos de principal mientras se continúan pagando elevados intereses a los tenedores de bonos. En 2024, el servicio de deuda interna total alcanzó S/ 32,806.2 millones, de los cuales S/ 10,197.9 millones correspondieron exclusivamente a intereses. Estamos refinanciando deuda para pagar intereses, no para invertir en desarrollo productivo.

La fuga al exterior: el ahorro de los peruanos financia el desarrollo de otros

El colmo de esta situación llegó en 2025, cuando el gobierno y el Congreso autorizaron a las AFP a invertir hasta el 80% de sus fondos en el exterior, elevando el límite anterior del 50%. Esta medida, presentada como protección ante la volatilidad local, constituye en realidad una rendición definitiva del proyecto de desarrollo nacional. Significa que incluso el capital pensiones que no ha sido retirado por los afiliados saldrá del país para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, acciones de tecnológicas estadounidenses o deudas corporativas europeas.

Los ahorros de los trabajadores peruanos financiarán autopistas en Texas y startups en Silicon Valley, mientras el Perú carece de capital para construir una carretera en el norte o una planta industrial en el sur. Es una transferencia masiva de recursos del presente y futuro peruano hacia las economías desarrolladas, legitimada por la incapacidad de generar rentabilidad en un mercado local empobrecido. Las AFP, controladas por grupos económicos transnacionales como Scotiabank (Canadá), Grupo SURA (Colombia) y AFP Habitat (Chile), junto al Grupo Crédito (Perú), se benefician de comisiones sobre capitales decrecientes mientras externalizan el riesgo país.

Las utilidades de las AFP crecen (S/ 263.9 millones en 2025) mientras los fondos de los afiliados se devalúan. La rentabilidad real del Fondo 2, donde se encuentra la mayoría de afiliados, apenas alcanza el 3.07% anual, insuficiente para construir un patrimonio digno de jubilación. Los afiliados no tendrán pensiones suficientes, pero las AFP seguirán cobrando comisiones. Es una transferencia de riqueza de los trabajadores hacia los accionistas de las administradoras, estructuralmente diseñada para perpetuarse.

Extractivismo eterno: la industrialización bloqueada

Sin financiamiento interno para diversificar, el Perú queda atrapado en su condición de proveedor de materias primas. La minería representa el 60% de las exportaciones nacionales y absorbe la mayor parte de la inversión extranjera directa no porque sea inevitable, sino porque es la única actividad que genera divisas rápidamente para pagar el servicio de deuda externa. La manufactura peruana, que ya representaba apenas el 12% del PBI, enfrenta ahora una restricción financiera estructural que hace imposible su desarrollo.

La industria manufacturera completa aporta solo alrededor del 12.3% del PBI versus aproximadamente el 60% de servicios y la minería. El crecimiento industrial promedio 2019-2024 es de apenas 0.4% anual, insuficiente para absorber el crecimiento demográfico. Las manufacturas primarias, basadas en recursos naturales como harina y aceite de pescado, crecen por respuestas climáticas como el Fenómeno El Niño, no por sostenibilidad estructural. Las manufacturas no primarias, que representarían verdadera industrialización, muestran crecimiento modesto y volátil.

La industrialización requiere inversión de largo plazo: maquinaria especializada, investigación y desarrollo, formación de capital humano técnico. Estos proyectos no se financian con créditos bancarios de corto plazo ni con la tímida inversión extranjera directa que busca extractores de minerales, no fábricas complejas. Las AFP, antes proveedoras de capital paciente a través de bonos corporativos de largo plazo, ahora prefieren instrumentos de alta liquidez y corto vencimiento para poder atender posibles retiros futuros. Las empresas manufactureras nacionales, privadas de este financiamiento esencial, no pueden competir con importaciones subsidiadas ni escalar hacia producción de mayor valor agregado.

Los beneficiarios de la dependencia: actores concretos

Esta configuración de subordinación económica no es azarosa. Beneficia a actores específicos con intereses claros en mantener al Perú en su posición de proveedor periférico.

China ha ejecutado una adquisición sistemática de los recursos estratégicos peruanos. Controla el 25% de toda la inversión minera, el 30% de la producción de cobre, el 100% de la producción de hierro a través de Shougang Hierro Perú desde 1992, y recibe el 74.2% de las exportaciones de cobre peruano. Las empresas estatales chinas como MMG Limited, Chinalco y NFC dominan la extracción, mientras el 80% del cobre peruano se exporta como concentrado sin refinar. Un Perú sin financiamiento interno no puede desarrollar industria propia que compita con la manufactura china, y la necesidad de divisas para pagar deuda externa obliga a maximizar la exportación de minerales en bruto, exactamente lo que China necesita para su industrialización.

Estados Unidos mantiene el control del sistema financiero a través de las calificadoras de riesgo Moody's, Standard & Poor's y Fitch, todas con sede estadounidense, que determinan la capacidad crediticia del Perú con criterios que privilegian la estabilidad macroeconómica basada en exportaciones de commodities sobre la diversificación productiva. Wall Street es donde se colocan los bonos globales peruanos, y los fondos de inversión estadounidenses compran deuda peruana a tasas rentables respaldadas por extractivismo. Las AFP peruanas, al poder invertir 80% en el exterior, colocan fondos en bonos del Tesoro de EE.UU. y acciones de corporaciones estadounidenses, financiando el déficit fiscal estadounidense con el ahorro de los trabajadores peruanos.

Las instituciones financieras internacionales fueron arquitectos del modelo actual. En los años 90, el FMI, Banco Mundial y BID otorgaron préstamos condicionados a convertir al Estado de modelo de sustitución de importaciones a uno conducido por exportaciones, privatizar las pensiones y liberalizar mercados financieros. Hoy, el Perú sin financiamiento interno depende de sus préstamos para proyectos de desarrollo, y las condicionalidades garantizan que se mantengan políticas macroeconómicas que privilegien el pago de deuda sobre inversión productiva.

La oligarquía peruana actúa como socia local del extractivismo. El Grupo Crédito controla Prima AFP y el Banco de Crédito del Perú, beneficiándose de la intermediación bancaria que reemplaza al financiamiento directo de las AFP. Los grupos económicos diversificados venden activos mineros a extranjeros, como el Grupo Breca que liquidó Minera Raura a NFC china por más de US$ 100 millones, o el Grupo Belizario que vendió Exsur a Hongda Civil Explosivos chinos. Vender recursos naturales y empresas estratégicas a extranjeros genera ganancias inmediatas en dólares, mientras desarrollar industria nacional es riesgoso y de largo plazo. La debilidad del Estado y la dependencia externa garantizan que no haya competencia ni regulación fuerte que afecte sus negocios.

Las generaciones del futuro: Herederos de una economía vacía

Los jóvenes peruanos que ingresan hoy al mercado laboral heredan un sistema de pensiones devastado y una economía sin capacidad productiva diversificada. El octavo retiro autorizado en 2025 permite a 8.6 millones de afiliados extraer hasta S/ 21,400 de sus fondos, dejando cuentas vacías para la jubilación. Quienes no retiren sus fondos verán cómo hasta el 80% de su capital se invierte en el exterior, sin generar empleo ni desarrollo en su propio país.

La deuda externa del Perú alcanza los US$ 94,740 millones, el 32.15% del PBI, con una trayectoria creciente. El endeudamiento no se destina a infraestructura productiva o desarrollo industrial, sino a refinanciar deuda anterior y cubrir déficits fiscales estructurales. El país paga intereses millonarios a bonistas internacionales mientras las AFP cobran comisiones por administrar fondos que se fugan al exterior. Es un sistema diseñado para transferir riqueza de los trabajadores actuales hacia los acreedores financieros y las corporaciones transnacionales, dejando a las futuras generaciones sin patrimonio previsional ni economía productiva que sustente su desarrollo.

Más allá de la técnica: una decisión política de subordinación

La crisis del sistema de pensiones y la imposibilidad de industrialización no son tragedias técnicas ni inevitabilidades geográficas. Son el resultado de un modelo económico diseñado deliberadamente para mantener al Perú en su posición de economía periférica dependiente. Cada retiro aprobado por el Congreso, cada elevación del límite de inversión en el exterior, cada omisión en la reforma estructural del sistema, ha sido una elección consciente de priorizar el consumo inmediato y las ganancias financieras especulativas sobre la construcción de una economía diversificada y soberana.

La destrucción del ahorro interno no es reversible en el corto plazo; se han perdido décadas de acumulación de capital. Reconstruir un sistema de financiamiento productivo requeriría décadas de austeridad forzada, capitalización estatal masiva y protección industrial activa, políticas que el consenso neoliberal dominante descarta como populistas o intervencionistas. Mientras tanto, el Perú seguirá refinanciando deuda externa a altos intereses, pagando con minerales y pescado una independencia económica que nunca logró construir.

La configuración de poder es clara: China obtiene minerales baratos en bruto para su industrialización, Estados Unidos obtiene rentabilidad financiera y control del sistema de pagos, las instituciones financieras internacionales mantienen su influencia política y legitimación técnica, y la oligarquía local obtiene ganancias inmediatas sin riesgo ni inversión en desarrollo productivo nacional. El perdedor es el pueblo peruano, condenado a ser, como sus abuelos, simples proveedores de materia prima para las fábricas del norte, con una deuda creciente, pensiones inexistentes y una economía que no produce ni empleo de calidad ni soberanía real.

La pregunta que queda es si queda tiempo para revertir esta trayectoria antes de que la próxima generación herede una economía completamente desindustrializada, financieramente dependiente y geopolíticamente subordinada, o si ya hemos cruzado el punto de no retorno hacia la perpetua condición de nación extractivista sin futuro productivo propio.