La Policía Nacional del Perú entre la corrupción institucional y la necesidad de una reforma democrática: un análisis desde la seguridad ciudadana y los derechos humanos

La Policía Nacional del Perú (PNP), creada en 1988 como institución civil de seguridad pública, ha sido históricamente cuestionada por su bajo desempeño, alta corrupción y escasa legitimidad ciudadana. En los últimos años, estos problemas se han agravado, evidenciando una crisis estructural que afecta la gobernabilidad democrática y la protección de derechos humanos. Este artículo analiza las causas profundas de dicha crisis y propone líneas de reforma basadas en evidencia internacional y diagnósticos locales recientes.

Desde la perspectiva de la seguridad democrática, una policía legítima debe ser eficaz, ética y cercana a la ciudadanía. Según Bayley (2006), la reforma policial exitosa requiere no solo cambios técnicos, sino también transformaciones culturales y estructurales que garanticen rendición de cuentas, respeto a los derechos humanos y participación ciudadana. En este marco, la corrupción policial no es solo un problema de gestión, sino una amenaza directa al Estado de derecho.

Este estudio se basa en un análisis documental de fuentes secundarias, incluyendo informes de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, investigaciones académicas y medios de comunicación entre 2020 y 2025. Se empleó un enfoque cualitativo para identificar patrones de corrupción, debilidades institucionales y propuestas de reforma. Además, se contrastaron los hallazgos con experiencias internacionales de reforma policial en Colombia, Chile y Filipinas.

La corrupción en la PNP no es episódica, sino estructural. Según la Contraloría General (2025), la policía encabeza el ranking de instituciones públicas con mayores denuncias por corrupción. Casos como el del “Grupo Escorpión”, que presuntamente colaboraba con el Comando Vermelho, revelan vínculos entre agentes y redes criminales. Esta corrupción se reproduce mediante el pago de “cupos” a mandos superiores, lo que refleja una lógica de impunidad interna.

Un estudio del IDEHPUCP (2025) muestra que solo el 20.1 % de los policías considera denunciar la corrupción como un deber, mientras que el 31.5 % la ve como una “deslealtad”. Esta cultura corporativista dificulta la transparencia interna y refuerza la omisión como norma. Además, la falta de mecanismos efectivos de protección a denunciantes agrava la situación.

La formación en la Escuela de Oficiales de la PNP ha sido criticada por su enfoque militarista, racista y excluyente. Investigaciones recientes revelan que se reproduce una visión estigmatizada de los pueblos indígenas y se prioriza el uso de la fuerza sobre la resolución pacífica de conflictos. Esta formación no solo es ineficaz para la seguridad democrática, sino que también genera abusos y violaciones de derechos humanos.

Los bajos salarios, las jornadas excesivas y la falta de equipamiento adecuado han generado un profundo desgaste entre los agentes. En muchas regiones, los policías no cuentan con chalecos antibalas, radios ni vehículos en condiciones. Esta precarización laboral no solo afecta su desempeño, sino que también los hace más vulnerables a la corrupción como forma de subsistencia.

Colombia reformó su policía tras los abusos del ESMAD y creó una Escuela de Seguridad Ciudadana con enfoque en derechos humanos. Chile, por su parte, implementó un sistema de control civil y bodycams que redujo las denuncias por abuso policial. Filipinas aprobó una ley de protección a denunciantes internos que ha permitido desarticular redes corruptas. Estas experiencias demuestran que la reforma es posible con voluntad política y diseño institucional adecuado.

Se proponen cinco ejes: (1) depuración ética mediante evaluaciones de confianza y tribunales independientes; (2) nueva formación policial con enfoque en derechos humanos y justicia intercultural; (3) control civil con observatorios ciudadanos y bodycams; (4) mejora de condiciones laborales y equipamiento; (5) implementación de policía comunitaria con participación vecinal. Estas medidas deben ser implementadas con cronograma, presupuesto y evaluación externa.

La crisis de la PNP no es solo un problema de seguridad, sino de democracia. Una policía corrupta y deslegitimada erosiona el Estado de derecho y profundiza la desigualdad. La reforma no puede esperar. Requiere decisión política, participación ciudadana y un enfoque basado en evidencia. Solo así será posible construir una policía ética, eficaz y cercana a la ciudadanía, capaz de garantizar la seguridad como un derecho humano fundamental.

Referencias seleccionadas

• Contraloría General de la República. (2025). Ranking de instituciones con mayores denuncias por corrupción.

• IDEHPUCP. (2025). Cultura institucional y corrupción en la PNP.

• Bayley, D. (2006). Changing the Guard: Developing Democratic Police Abroad. Oxford University Press.

• Bazán Seminario, C. (2021). Reproducing racism in police training in Peru. Arnold-Bergstraesser-Institut.