La crisis del 1 de marzo: Cuando el gas explotó y la soberanía se derrumbó

El 1 de marzo de 2026, a las 7:30 de la mañana, el gasoducto de Camisea explotó en el distrito de Megantoni, Cusco. Fue una deflagración en el kilómetro 43 del sistema de ductos de Transportadora de Gas del Perú (TGP), empresa que desde diciembre de 2025 es controlada por el fondo estadounidense EIG Global Energy Partners.

Dos ductos —uno de gas natural y otro de líquidos de gas natural— ardieron durante días consecutivos, con columnas de humo visibles a kilómetros de distancia. El gobierno declaró emergencia por 14 días. Seis regiones del país —Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna y Ayacucho— carecen desde ese día de racionamiento de gas natural. La planta de fraccionamiento de Pisco, que produce GLP para 800,000 hogares peruanos, está paralizada. Este no es un escenario hipotético, es la realidad que vive el Perú en este momento.

La emergencia no sería tan grave si TGP siguiera siendo una empresa con capital canadiense y minoritario peruano. Pero el 12 de diciembre de 2025, EIG —con sede en Washington D.C. y 24,300 millones de dólares en activos— compró el 49,87% de TGP al fondo CPP Inversiones de Canadá. La operación, celebrada por la Embajada de Estados Unidos como "fortalecimiento de la seguridad energética regional", entregó el control del ducto más crítico del país a una firma estadounidense. Ahora, cuando los ductos arden en Cusco, la velocidad de las decisiones de reparación, la priorización del suministro y las condiciones de restauración dependen de ejecutivos en Houston. El Estado peruano, que antes negociaba con socios canadienses, ahora debe coordinar con una empresa estadounidense cuyos intereses no coinciden necesariamente con los de millones de peruanos sin gas en sus cocinas.

Tropas del Comando Sur de una unidad de Fuerzas Especiales del Departamento de Defensa de Estados Unidos ya operan en territorio peruano. Están autorizadas desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de este año, según la Resolución Legislativa 13436/2025, aprobada por el Congreso el 4 de diciembre de 2025. Portan fusiles M4, ametralladoras M249, morteros y fusiles de francotirador. La rotación del personal dura seis meses. Las regiones donde operan incluyen Lima, Callao, Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana, Puerto Maldonado y Apurímac. La geografía revela un patrón; todas estas regiones están en la ruta propuesta para el Tren Bioceánico, el megaproyecto ferroviario que China y Brasil impulsaron en julio de 2025 y cuyo primer tramo —Chancay-Sierra Central— será construido por una empresa china. Estados Unidos no está en el Perú por casualidad. Está vigilando el corredor estratégico que busca contener el avance chino.

Estados Unidos controla el transporte del combustible que arde, pero China domina la red eléctrica que podría apagarse. Desde junio de 2024, China Southern Power Grid International controla el 54% de la distribución en Lima tras comprar Enel Distribución Perú. China Three Gorges Corporation opera el 46% restante a través de Luz del Sur, desde 2019. Juntas, estas empresas estatales chinas tienen el monopolio de la red eléctrica de la capital, que alberga a 11 millones de habitantes. Ahora, con el gas natural racionado, las termoeléctricas que dependen de ese combustible —las de Chilca y Ventanilla, que generan aproximadamente el 40% de la electricidad del país— reducen su operación. Las empresas chinas de distribución no han reportado novedades, pero tienen la capacidad técnica para racionar la red si las condiciones comerciales o geopolíticas lo requirieran. El Perú no solo depende de gas transportado por ductos extranjeros. Depende de que una empresa estatal china decida mantener las luces encendidas. La crisis actual expone la fragilidad terminal de Petroperú. La empresa estatal acumula cuatro años de pérdidas consecutivas: 468 millones de dólares en 2025, tras 1,200 millones en 2024. Su capital de trabajo es negativo: -1,558 millones de dólares. El 24 de enero de 2025, el gobierno emitió el Decreto de Urgencia 010-2025 para su "reorganización patrimonial", abriendo la puerta a la participación privada y la escisión de activos. Petroperú no tiene capacidad de refinación operativa ni reservas estratégicas de combustible para sustituir el gas natural que dejó de fluir por los ductos de TGP. Cuando el gobierno necesitaba una empresa estatal fuerte para enfrentar la emergencia, encontró una cáscara vacía. La quiebra de Petroperú no es futura. Es un hecho consumado que deja al Perú sin alternativa nacional ante la crisis.

El 17 de enero de 2026, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció que el primer tramo del Tren Bioceánico —Chancay-Sierra Central— sería construido por una empresa china. El proyecto, acordado entre China y Brasil en julio de 2025, conectará el megapuerto de Chancay (operado por Cosco Shipping desde noviembre de 2024) con Brasil, cruzando los Andes y la Amazonía. La ruta proyectada atraviesa 15 áreas naturales protegidas, 69 áreas de conservación privada, 1,793 comunidades campesinas y 19 comunidades indígenas, incluyendo pueblos en aislamiento voluntario. Una de las rutas pasa por el Parque Nacional Sierra del Divisor en Ucayali. Curiosamente, Ucayali, Junín, Cusco y Ayacucho son precisamente las regiones donde operan las tropas estadounidenses en 2026. No es coincidencia. Es la militarización encubierta de la ruta que China busca controlar y Estados Unidos vigilar.

Seis días después de la explosión, no hay conclusiones sobre la causa. Osinergmin, el supervisor estatal, menciona "manipulación en etapa de soldadura" —un posible accidente durante el mantenimiento. TGP, la empresa ahora estadounidense, no descarta un atentado y revela que detectó una "mezcla explosiva" 30 minutos antes de la deflagración. La Fiscalía inició investigación preliminar contra TGP por contaminación ambiental y homicidio culposo, pero no por sabotaje. La Contraloría detectó "deficiencias en la supervisión" de Osinergmin. Mientras tanto, las llamas siguen ardiendo en los ductos. La confusión sobre la causa —¿accidente o atentado?— beneficia a todos menos al público. Si fue accidente, expone la negligencia de una empresa extranjera que controla infraestructura crítica. Si fue ataque, justifica la presencia de tropas extranjeras "para garantizar la seguridad". En ambos casos, el Perú pierde.

La emergencia no es abstracta, es tangible en los hogares peruanos. Desde el 1 de marzo, 350,000 vehículos que usan GNV (Gas Natural Vehicular) enfrentan restricciones de abastecimiento. Los hogares que dependen de GLP —producido en la planta de Pisco, ahora paralizada— deben buscar alternativas más caras. Las termoeléctricas de Chilca y Ventanilla, que generan el 40% de la electricidad del país, operan con reservas limitadas y ya activaron plantas de respaldo a diésel, más contaminantes y costosas. El gobierno anunció "cortes programados" si la situación no mejora. En Lima, una ciudad de 11 millones de habitantes, el apagón no es una teoría. Es una amenaza inmediata que podría materializarse en días. Y cuando ocurra, no habrá a quién reclamar: el ducto es estadounidense, la red eléctrica es china, y el gobierno peruano carece de capacidad de respuesta propia.

La crisis beneficia a actores específicos. EIG, el nuevo dueño de TGP, puede negociar condiciones favorables para la reparación y extensión de sus operaciones a cambio de soluciones "urgentes". Las empresas chinas de distribución eléctrica pueden presionar por aumentos de tarifas o condiciones comerciales favorables bajo amenaza de "inestabilidad de la red". El FMI ya observa la situación, preparado para ofrecer un "rescate financiero" a cambio de la liquidación definitiva de Petroperú y la apertura total del sector energético. Las tropas estadounidenses, ya desplegadas, pueden justificar su presencia extendida o una intervención directa para "proteger infraestructura crítica" —es decir, los ductos que su propio país controla. Y el Tren Bioceánico, el proyecto estratégico chino, queda bajo vigilancia militar estadounidense permanente. Todos ganan. Excepto el Perú.

El Perú de marzo de 2026 no es el mismo de enero. En dos meses, perdió el control de su principal ducto de gas, vio arder su infraestructura energética sin poder sofocar el fuego, depende de empresas chinas para que la luz no se apague, tiene tropas extranjeras recorriendo su territorio durante todo el año, y presenció el colapso de su empresa estatal. No es una teoría conspirativa. Es el resultado concreto de decisiones políticas: la venta de TGP a EIG, la autorización del ingreso de tropas mediante la Resolución Legislativa 13436/2025, la permisividad ante la quiebra de Petroperú, la concentración de la distribución eléctrica en manos chinas. La explosión de Camisea no creó esta crisis. Solo la expuso. Y cuando ocurra la próxima falla —por atentado, accidente, negligencia o decisión corporativa— el Perú no tendrá instituciones para enfrentarla. Tendrá tropas extranjeras, dependencia energética y la oscuridad.