La crisis de inseguridad en el Perú: entre la emergencia permanente y la urgencia de soluciones estructurales

La inseguridad ciudadana se ha consolidado como la principal preocupación de los peruanos, desplazando a problemas estructurales históricos como la economía, la salud o la corrupción. Durante el primer semestre de 2026, el país registró más de 950 homicidios, y jornadas como el 9 de junio —con 12 asesinatos en apenas 24 horas— evidenciaron la gravedad de la violencia letal. A ello se suma una ola de extorsión sin precedentes: solo en los primeros siete meses del año se reportaron más de 13,000 casos a nivel nacional. Esta combinación de asesinatos y extorsión sistemática ha transformado la vida cotidiana de millones de ciudadanos, que han dejado de sentirse seguros en sus barrios, en el transporte público y en sus propios hogares.

La situación resulta especialmente crítica en Lima, donde reside aproximadamente el 30% de la población del país. La capital concentra la mayor cantidad de homicidios; entre el 28 de julio y el 24 de agosto de 2026, de los 151 asesinatos registrados a nivel nacional, 48 ocurrieron en Lima, lo que equivale a un promedio de seis peruanos asesinados por día. El impacto de la extorsión sobre el transporte público es igualmente devastador: entre agosto de 2024 y julio de 2026 se registraron 240 atentados contra unidades de transporte en Lima y Callao, con un saldo de 162 fallecidos y 158 heridos. Como denuncian los propios dirigentes transportistas, los ataques son cotidianos e incesantes, ocurriendo incluso los mismos días en que se anuncian nuevos planes de seguridad.

Frente a esta crisis, el gobierno ha recurrido principalmente a dos herramientas: los estados de emergencia y el despliegue masivo de fuerzas de seguridad. Lima y Callao llevan en estado de emergencia desde el 18 de marzo de 2025, acumulando 17 meses casi continuos de restricciones a derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de tránsito. Paralelamente, se implementó el "Plan Escudo", que movilizó a más de 4,000 policías y militares para resguardar paraderos, patios de maniobras y rutas del transporte público, principalmente en Lima Sur. El Ministerio del Interior informó que estas medidas se complementaron con más de 410,000 operativos, la desarticulación de más de 5,500 bandas criminales y la captura de cerca de 29,000 requisitoriados.

Sin embargo, los resultados distan mucho de ser satisfactorios y generan profundo escepticismo. Aunque el gobierno reconoce una reducción del 23.75% en homicidios y del 46% en extorsiones a nivel nacional, estas cifras son cuestionadas tanto por analistas como por la ciudadanía. La prolongación indefinida de una medida excepcional ha terminado por vaciarla de eficacia y credibilidad, tal como lo expresan los propios ciudadanos: "No veo el cambio. Sigue igual todas las cosas. Es como si no hubieran dado ninguna orden". Los especialistas coinciden en que el patrullaje militar, sin inteligencia operacional, resulta insuficiente para desarticular organizaciones criminales que planifican sus delitos desde las cárceles o zonas alejadas de la vigilancia estatal.

La población peruana mantiene expectativas claras pero teñidas de un profundo pesimismo. Según la encuesta de Datum, el 73% de los peruanos considera que combatir la inseguridad debe ser la prioridad absoluta del gobierno, muy por encima de generar empleo (26%) o mejorar la salud (24%). Asimismo, el 88% aprueba que se otorguen facultades especiales al Ejecutivo para enfrentar la criminalidad. No obstante, el 58% se siente pesimista respecto a la capacidad del próximo gobierno para resolver el problema, y solo un 36% se muestra optimista. Esta brecha entre la demanda urgente de resultados y la desconfianza en las medidas actuales refleja una ciudadanía harta de promesas y decretos sin impacto tangible.

Lo que los peruanos esperan del gobierno va mucho más allá de discursos y estados de emergencia. Las demandas específicas incluyen la militarización de las calles, respaldada por un 19.2% de los encuestados (24.4% en Lima y Callao), la especialización policial contra el crimen organizado (13.3%), el endurecimiento de las leyes penales (11.8%) y la implementación de más operativos y patrullaje en zonas peligrosas (10.8%). Los expertos añaden que se requiere elevar el estándar técnico-científico del informe policial para que sirva como sustento sólido de la acción penal, así como fortalecer la articulación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el fin de reducir la persistente sensación de impunidad que alimenta la criminalidad.

Para revertir esta crisis, especialistas proponen un conjunto de medidas urgentes y estructurales. En primer lugar, se debe priorizar la inteligencia policial sobre el patrullaje militar, redirigiendo recursos hacia la investigación criminal que permita desarticular redes y cabecillas. En segundo lugar, resulta imperativo reformar el sistema penitenciario para cortar el control criminal desde las cárceles, mediante apagones de pabellones, retiro de antenas ilegales y requisas permanentes de celulares. Asimismo, se necesita fortalecer la coordinación operativa entre Policía, Ministerio Público y Poder Judicial para que las capturas se traduzcan en condenas efectivas, implementar programas nacionales de prevención secundaria dirigidos a jóvenes en riesgo, y crear un ente coordinador supra institucional que garantice continuidad más allá de los ciclos políticos.

En definitiva, si una medida extraordinaria como el estado de emergencia se prolonga durante 17 meses sin resultados convincentes, pierde toda eficacia y credibilidad. El Perú necesita inteligencia policial de calidad, fiscales que procesen con rigor, jueces que condenen con firmeza y autoridades dispuestas a rendir cuentas con transparencia. Mientras eso no ocurra, los estados de emergencia seguirán siendo, como advierten los analistas, apenas el papel que el Estado le muestra al miedo. La ciudadanía peruana ha dejado claro que exige soluciones reales, estructurales y sostenibles, y que su paciencia ante la improvisación y la ineficacia tiene un límite que ya está siendo rebasado.