INFRAESTRUCTURA NEUTRAL EN PERÚ Y LIMA: El debate que trasciende lo aéreo y lo subterráneo

La pregunta que hemos estado haciendo mal. Durante décadas, el debate sobre infraestructura de telecomunicaciones en Lima y otras ciudades peruanas ha girado en torno a una falsa dicotomía: ¿las redes deben ser aéreas o subterráneas? Los defensores de las redes subterráneas argumentan su mayor confiabilidad, menor exposición a daños y mejor estética urbana. Los partidarios de las aéreas destacan su menor costo de despliegue y facilidad de mantenimiento. Sin embargo, esta discusión, aunque técnicamente relevante, esquiva la cuestión fundamental; no importa si los cables corren por postes o por ductos bajo tierra si cada operador construye su propia red paralela. En Lima, donde Claro y Movistar han desplegado más de 8,300 kilómetros de fibra óptica intra-metropolitana con trazados que se superponen en múltiples zonas, el problema real no es la forma física de la infraestructura, sino quién la gobierna y cómo se gestiona como activo estratégico de la ciudad.

El síntoma: infraestructura duplicada y calles destruidas. El resultado del modelo tradicional es visible en cualquier avenida de Lima; postes saturados de cables, excavaciones repetidas que entorpecen el tráfico, y barrios donde múltiples operadores compiten por el mismo espacio físico mientras otras zonas permanecen desconectadas. Según el OSIPTEL, el 79% de los ISP en Perú comparten infraestructura con redes eléctricas, pero esto ocurre por necesidad, no por diseño estratégico. La duplicación de redes genera costos de despliegue innecesarios que se traducen en precios más altos para los consumidores y cobertura desigual que deja atrás a los sectores de menores recursos. En una ciudad donde solo el 35% de los hogares tiene acceso a fibra óptica de alta velocidad pese a contar con más de 29,000 kilómetros de fibra desplegados a nivel nacional, la ineficiencia del modelo actual resulta evidente. Las calles de Lima no deberían ser territorio de competencia entre operadores, sino infraestructura urbana gestionada estratégicamente para el beneficio colectivo.

La revelación; cuando los ductos no bastan. La experiencia internacional y algunos proyectos piloto en Perú han demostrado que simplemente construir ductos y alquilarlos a operadores no resuelve el problema. En proyectos urbanos donde múltiples operadores han intervenido en la misma infraestructura física, se ha observado un deterioro progresivo: ductos dañados por instalaciones descuidadas, vías bloqueadas por cables acumulados, ocupación no planificada del espacio, documentación obsoleta y responsabilidades difusas. Este fenómeno, documentado en ciudades que adoptaron el modelo de "ductos compartidos" sin gestión centralizada, revela una verdad incómoda; la infraestructura física requiere administración profesional y continua. No basta con construirla; hay que gobernarla. La Municipalidad de Lima, con sus 43 distritos y una población de casi diez millones de habitantes, enfrenta el desafío de transformar su infraestructura de telecomunicaciones de un caos de redes paralelas en un sistema coordinado y sostenible.

El modelo de ductos a capacidad gestionada. La evolución del pensamiento en infraestructura de telecomunicaciones apunta hacia un modelo donde las ciudades, municipios o entidades de infraestructura neutral no solo construyen ductos, sino que gestionan toda la infraestructura física como un activo estratégico de largo plazo: ductos, handholes, microductos y, crucialmente, los cables de fibra óptica mismos. Los operadores de servicio no alquilan espacio vacío para instalar sus propios cables; alquilan fibras individuales o capacidad de transmisión sobre una red gestionada profesionalmente. Este modelo, conocido internacionalmente como Open Access Network, separa la capa de infraestructura física de los servicios digitales. En Perú, la experiencia de ONNET Fibra —aunque el acuerdo inicial entre KKR, Telefónica y Entel fracasó en diciembre de 2024— abrió la conversación sobre la viabilidad de redes mayoristas de acceso abierto. La posterior alianza de Entel con Wi-Net, un operador de red neutral, representa una adaptación pragmática de este modelo al mercado peruano.

Beneficios: menos obras, más cobertura, mejor competencia. La implementación de infraestructura neutral en Lima generaría beneficios tangibles y medibles. Primero, reduciría drásticamente el impacto urbano: menos excavaciones en calles ya congestionadas, menos postes saturados de cables, menos interrupciones del tráfico. Segundo, extendería la vida útil de la infraestructura física al mantenerla bajo gestión profesional centralizada, con documentación actualizada y mantenimiento preventivo. Tercero, reduciría el riesgo operacional al eliminar las responsabilidades difusas entre múltiples operadores que intervienen en el mismo activo. Cuarto, aceleraría el despliegue de 5G al proporcionar backhaul de fibra compartido y eficiente para las antenas de pequeñas celdas que requiere esta tecnología. Quinto, habilitaría proyectos de Smart City e IoT al ofrecer una plataforma común para videovigilancia, semáforos inteligentes, sensores ambientales y gestión del tráfico. Finalmente, y quizás más importante, reduciría las barreras de entrada para nuevos operadores ISP, fomentando la competencia y, en última instancia, beneficiando al consumidor con mejores precios y servicios.

El modelo de infraestructura neutral no es una utopía teórica; tiene precedentes concretos y exitosos. En Ammon, Idaho, una ciudad de apenas 17,000 habitantes, el sistema municipal de fibra óptica permite a los residentes cambiar de proveedor de internet en segundos a través de una aplicación, con precios de aproximadamente 30 dólares por gigabit simétrico. UTOPIA Fiber en Utah, que agrupa 20 ciudades bajo un consorcio municipal, ofrece acceso a 15 proveedores diferentes con velocidades de 250 Mbps a 10 Gbps. En Chile, la red ONNET Fibra de KKR conecta a 2.4 millones de hogares con un modelo open access que ha demostrado ser financieramente viable. En Perú, aunque el acuerdo original de ONNET fracasó, la entrada de operadores neutrales como Wi-Net y la creciente inversión en fibra al hogar —con Entel destinando 21 millones de dólares específicamente a este rubro en 2026— indican que el mercado está migrando, aunque de manera fragmentada, hacia modelos de compartición. La pregunta no es si el modelo funciona, sino cómo adaptarlo al contexto regulatorio, político y urbano de Lima y el Perú.

La transición hacia infraestructura neutral en Perú enfrenta obstáculos significativos. El marco regulatorio, aunque ha avanzado en compartición pasiva de torres y sitios, carece de una política integral para infraestructura fija neutral a nivel municipal. El OSIPTEL ha emitido resoluciones sobre acceso a infraestructura compartida, pero la implementación depende de la voluntad de los 43 distritos de Lima, cada uno con autonomía variable y capacidad técnica desigual. La fragmentación política de la capital complica cualquier esfuerzo de coordinación. Además, los operadores incumbentes —Claro y Movistar— poseen infraestructura significativa que les otorga ventajas competitivas y pueden resistirse a compartir activos que consideran diferenciadores estratégicos. La falta de un catastro unificado de infraestructura de telecomunicaciones en Lima —reconocida por el propio OSIPTEL, cuyo sondeo reveló que los ISP consideran que la información municipal "no está ordenada ni sistematizada"— es otro obstáculo crítico. Sin un inventario preciso de ductos, postes y vías subterráneas disponibles, resulta imposible planificar una red neutral eficiente. Finalmente, la viabilidad financiera requiere inversión inicial significativa y un horizonte de retorno que puede exceder el ciclo político de una administración municipal.

El camino hacia una Lima conectada estratégicamente. Quizás el debate real ya no sea si las redes deben ser aéreas o subterráneas. Quizás la pregunta fundamental sea si la infraestructura de telecomunicaciones debe seguir construyéndose como redes privadas aisladas o como infraestructura estratégica compartida para la ciudad. Para Lima, esto implica crear una entidad neutral municipal —similar a Sedapal pero para telecomunicaciones— que gestione ductos, handholes, microductos y fibra óptica como un activo público de largo plazo. Esta entidad debería integrar la infraestructura de telecomunicaciones en la planificación urbana, exigiendo que toda nueva obra pública o privada incluya ductos de acceso abierto. Debería establecer alianzas con el OSIPTEL, el MTC y los operadores para definir estándares técnicos comunes y tarifas de referencia transparentes. Y debería implementar un sistema de información geográfica que permita monitorear la ocupación de la infraestructura en tiempo real. La infraestructura física dura décadas; la tecnología que corre sobre ella cambia muchas veces. Las calles de Lima merecen una estrategia que trascienda las disputas entre operadores y las discusiones sobre aéreo versus subterráneo. Merecen una visión de ciudad que reconozca las telecomunicaciones como lo que realmente son: tan esenciales como el agua, la electricidad y la movilidad.