Las Redes Regionales de Fibra Óptica en Perú: Infraestructura desplegada, Burocracia detenida y el cambio de Gobierno

Un país con cables enterrados y trámites estancados. Perú ha logrado desplegar una infraestructura de fibra óptica regional que, en papel, debería ser motivo de orgullo. Más de 13,500 kilómetros de la Red Dorsal Nacional conectan 22 capitales de región y 180 capitales de provincia, mientras que los proyectos regionales de banda ancha suman miles de kilómetros adicionales en construcción o ya operativos. Sin embargo, entre el cable tendido y el ciudadano conectado existe un abismo de trámites, incertidumbres jurídicas y vacíos institucionales que convierten la promesa de la conectividad en una realidad fragmentada. La infraestructura existe, pero la burocracia se ha convertido en el principal obstáculo para que la fibra óptica cumpla su propósito: cerrar la brecha digital que deja al 84% de los centros poblados sin acceso a internet fijo y a 44 de cada 100 hogares peruanos desconectados.

La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) representa la columna vertebral del sistema de telecomunicaciones regionales. Desde su construcción, ha pasado por múltiples manos; primero Azteca Comunicaciones como concesionaria, luego la resolución del contrato por incumplimientos, y finalmente la operación provisional a cargo del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) desde 2022. Hoy, un Centro de Operaciones en Huachipa monitorea 24 horas una red que es considerada activo crítico nacional, pero que carece de un modelo de operación sostenible a largo plazo. La ley impide que el Estado sea operador permanente, lo que obliga a buscar concesionarios privados que, hasta ahora, no han aparecido con la urgencia que el país requiere. La red, pese a su magnitud, solo utiliza el 7.8% de su capacidad total, una cifra que evidencia el fracaso de la gestión más que de la ingeniería.

Los proyectos regionales: un mosaico de avances y parálisis. Mientras la dorsal nacional busca estabilidad, los proyectos regionales de banda ancha presentan un panorama desigual. Áncash y La Libertad operan desde enero de 2026 bajo la gestión de YOFC Perú, conectando cientos de instituciones públicas con cobertura garantizada hasta 2035. Arequipa, San Martín, Amazonas y Cusco también se mantienen en operación. Pero en el otro extremo, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica esperan laudos arbitrales para ser transferidos a Pronatel, mientras que Tacna-Moquegua, Junín y Puno permanecen bloqueados por disputas legales con sus operadores originales. Esta dualidad —éxito en algunas regiones, parálisis en otras— refleja no solo problemas contractuales, sino una planificación nacional que no anticipó los riesgos de depender de operadores privados sin mecanismos de contingencia efectivos. El Estado, en su rol de administrador temporal, hereda bienes que no puede operar con la agilidad que la conectividad demanda.

Pasco y Huánuco: la burocracia como última barrera —y su reciente superación. En la región de Pasco, la situación ejemplifica cómo la infraestructura física puede estar lista mientras los trámites administrativos la mantienen alejada de la ciudadanía. La red de transporte —1,220 kilómetros de fibra óptica, 26 nodos de distribución, 13 nodos de conexión y un Centro de Operaciones— entró en operación provisional en marzo de 2026 tras la suscripción del Acta de Conformidad de Puesta en Servicio. Huánuco, por su parte, compartía el mismo destino hasta hace días: 1,347 kilómetros de fibra para 348 localidades, con la misma fecha objetivo y los mismos trámites pendientes, ambos a cargo del consorcio Bandtel. Sin embargo, el 3 de julio de 2026, Pronatel suscribió finalmente el Acta de Conformidad de Puesta en Servicios de la Red de Transporte del Proyecto Regional Huánuco junto a BANDTEL S.A.C., acreditando que la infraestructura cumple con los estándares de calidad establecidos e iniciando el Período Provisional de operación. Este hito, aunque tardío, demuestra que la burocracia puede ceder ante la presión técnica y política, pero también evidencia el tiempo perdido; cuatro meses de desfase entre Pasco y Huánuco para un trámite que, en teoría, debería ser simultáneo.

El nuevo gobierno plantea el rediseño y concesión supervisada. El 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori asumirá la presidencia de Perú con una agenda digital que pone en el centro la reconversión de la infraestructura existente. Su propuesta clave es el rediseño de la gestión de la RDNFO mediante una concesión supervisada que garantice su uso efectivo, un giro frente al modelo de operación estatal provisional. Fujimori ha fijado como meta alcanzar el 90% de cobertura de internet en todos los distritos al 2031, apoyándose no solo en fibra óptica terrestre sino en un Plan de Cobertura Universal de Internet Satelital y Móvil para comunidades amazónicas y altoandinas. La propuesta más audaz es la implementación de un satélite de comunicaciones menores y la Red Nanay–Putumayo, lo que sugiere una estrategia híbrida donde la fibra comparte protagonismo con el satélite. Para los proyectos regionales en trámites como Pasco y Huánuco, el nuevo gobierno hereda una realidad técnica que, finalmente, comienza a moverse. La pregunta ya no es si se firmará el acta de Huánuco —ya se firmó— sino si el nuevo equipo ministerial agilizará la integración de la red de acceso que conecta directamente a las instituciones públicas.

El shock desregulatorio y la promesa de agilidad.

El nuevo gobierno promete un shock desregulatorio con reducción del 40% en tiempos de trámites de inversión en sectores estratégicos, una política que podría impactar directamente en los cuellos de botella de los proyectos de telecomunicaciones. La creación de una Ventanilla Única Digital Nacional con Inteligencia Artificial, orientada a que el 80% de los trámites empresariales se realicen en línea, podría simplificar los permisos de paso, las actas de conformidad y los procesos de recepción que retuvieron a Pasco y Huánuco en operación provisional durante meses. Sin embargo, el riesgo es que la desregulación se concentre en minería e hidrocarburos, dejando a las telecomunicaciones en un segundo plano, o que la simplificación no alcance a los múltiples niveles de gobierno —nacional, regional y local— que deben coordinarse para que un kilómetro de fibra llegue a una escuela rural. La burocracia, en este contexto, no es solo un problema de trámites, sino de gobernanza multi-nivel. El reciente acta de Huánuco, firmada apenas dos días antes de la asunción del nuevo gobierno, podría interpretarse como un intento del gobierno saliente de dejar los proyectos en una etapa irreversible antes del cambio de mando.

Hacia 2030: una cartera ambiciosa sobre cimientos inestables.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha estructurado una cartera de nueve proyectos de telecomunicaciones por 830 millones de dólares, con horizonte al 2030. La primera etapa, con 396 millones, busca consolidar La Libertad, Áncash, Pasco y Huánuco con casi 6.000 kilómetros adicionales de fibra. La segunda etapa, con 436 millones, apunta a la Amazonía y las zonas de frontera, incluyendo tres proyectos en Loreto, uno en Madre de Dios y un componente satelital para mil localidades en nueve regiones fronterizas. La ambición es evidente, pero los cimientos son inestables. La transición de Pronatel a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), anunciada pero no concretada, suma incertidumbre institucional. Mientras tanto, ProInversión y el MTC trabajan en un estudio para definir un modelo competitivo y sostenible para la RDNFO, cuyos resultados se esperan para el primer semestre de 2026. El reloj avanza, y cada mes de retraso burocrático es un mes de escuelas sin internet, de centros de salud sin telemedicina y de comisarías sin conectividad. La firma del acta de Huánuco el 3 de julio es una buena señal, pero aún queda la red de acceso por integrar y las 516 instituciones públicas por conectar.

Más allá del cable; la urgencia de una gobernanza digital. El futuro de las redes regionales de fibra óptica en Perú no depende de más kilómetros de cable, sino de una gobernanza digital que trascienda los ciclos políticos y los límites legales del Estado como operador temporal. Se necesita claridad sobre quién opera, quién mantiene, quién regula y quién fiscaliza. Se necesita que los proyectos regionales no repitan el patrón de la RDNFO: infraestructura valiosa atrapada entre litigios, operaciones provisionales y planes de reconversión que nunca terminan de concretarse. El nuevo gobierno tiene una oportunidad clave: hereda infraestructura física valiosa, hereda problemas de gestión, y tiene un mandato popular para resolverlos. Si la concesión supervisada de la RDNFO funciona, si los trámites burocráticos de Pasco y Huánuco —ahora ambos con acta firmada— se completan con la integración de la red de acceso en los primeros cien días, y si la apuesta híbrida fibra-satélite alcanza a las comunidades más remotas, el 2027 podría ser el año en que la fibra óptica deje de ser una promesa en un cable y se convierta en un derecho efectivo para los peruanos de las regiones. Si no, la brecha digital seguirá siendo el rostro más visible de la desigualdad territorial, y los cables enterrados seguirán esperando, en silencio, a que la burocracia los deje trabajar.