Red Nacional Dorsal de Fibra Óptica del Perú: Entre cortes constantes, pérdidas millonarias y un futuro incierto para las empresas

La Red Nacional Dorsal de Fibra Óptica (RDNFO), concebida como el proyecto estrella para llevar conectividad a todo el Perú, atraviesa su momento más crítico desde su creación. Lejos de cumplir su objetivo de ser la columna vertebral digital del país, la infraestructura estatal enfrenta una crisis operativa, financiera y de gestión que se traduce en fallas de servicio recurrentes y un impacto económico directo sobre las empresas que confiaron en ella.

Esta crisis, sin embargo, no responde únicamente a un problema técnico de cables rotos, sino a una falla estructural que combina un modelo de negocio obsoleto, una competencia feroz del sector privado y años de una gestión deficiente que dejó su huella en la calidad de la infraestructura. El resultado es una red subutilizada, que opera a pérdida y cuya confiabilidad está seriamente cuestionada por sus propios usuarios.

Las cifras del 2024 son el mejor reflejo de esta situación: la red reportó más de 7,200 fallas a lo largo del año. De estas, más de la mitad (56.4%) estuvieron relacionadas con problemas en equipos auxiliares, de los cuales el 82% corresponden a fallas en el suministro de energía, evidenciando una vulnerabilidad crítica en la alimentación eléctrica de sus nodos. Los cortes de fibra óptica representaron el 30.8% de las incidencias, mientras que los fallos en equipos de planta interna sumaron el 12.8% restante. Esta radiografía operativa revela una red que no puede garantizar la estabilidad que exige un servicio de telecomunicaciones moderno.

El impacto de estos cortes continuos es especialmente severo para las empresas que han contratado los servicios de la RDNFO. Para ellas, cada interrupción no es un simple reporte técnico, sino una pérdida de productividad, un quiebre en sus cadenas de suministro digital y, en última instancia, una merma en su competitividad. La confiabilidad de un enlace de datos es un activo intangible pero fundamental, y la red estatal, con su historial de fallas frecuentes, se ha convertido en una fuente de incertidumbre operativa para sus clientes.

La situación se agrava por un conflicto de larga data con los terrenos donde se asienta la infraestructura de los 322 nodos de la red. El anterior operador, Azteca Comunicaciones, nunca cumplió con la obligación de adquirir la propiedad de estos terrenos, una condición establecida en el contrato de concesión. Un fallo arbitral de 2021 le dio la razón al Estado, pero el problema no se resolvió y, para cuando Pronatel asumió la operación en 2022, aún no se había firmado el acta de reversión de los bienes. Esta situación genera un riesgo jurídico y práctico; la red opera sobre una base territorial que no está legalmente saneada, lo que puede derivar en conflictos con propietarios o comunidades.

A este problema se suma el hecho de que la red cuenta con una calidad de infraestructura deficiente heredada y un mantenimiento que nunca fue regularizado por el anterior concesionario. Este descuido histórico ha provocado que, con el paso de los años, algunos nodos estén obsoletos y requieran reparaciones urgentes, un gasto que el Estado ahora debe asumir con recursos limitados. La falta de inversión en mantenimiento preventivo durante años ha derivado en un escenario donde las fallas son la norma y no la excepción, lo que genera un círculo vicioso; se repara una falla, pero la infraestructura envejecida pronto genera otra.

A los problemas técnicos y territoriales se suma un preocupante conflicto de uso que afecta directamente la confianza de los clientes. En agosto de 2024, Pronatel detectó tráfico de datos de empresas de telecomunicaciones no autorizadas transitando por la red regional de Cusco, una infraestructura que está reservada para fines públicos. Este hallazgo implica que la red de transporte estatal estaba siendo utilizada con fines comerciales no permitidos originalmente, lo que genera incertidumbre entre los clientes legítimos sobre si están recibiendo la calidad de servicio y la prioridad por la que pagan, especialmente si la red se satura con tráfico de terceros. Este conflicto, que está siendo investigado por la Contraloría, demuestra que la administración de la red aún no tiene un control total sobre su operación, lo que puede afectar seriamente la confianza de las empresas que sí la contratan formalmente y que dependen de un servicio estable y seguro.

El problema económico para los clientes se agrava por la paradoja de los precios. Si bien el costo del servicio ha caído drásticamente, pasando de un promedio de US$ 29.88 por Mbps durante la gestion de Azteca a tan solo US$ 1.43 por Mbps en la gestión de Pronatel, esta reducción ha hecho que la operación sea altamente deficitaria. El Estado gasta 62.21 soles por Mbps al mes para mantener la red, pero la vende a solo 5.40 soles, una diferencia abismal que pone en serio riesgo la sostenibilidad del proyecto a largo plazo y genera dudas sobre la estabilidad futura del servicio para las empresas que dependen de él.

El futuro de la RDNFO y de sus clientes sigue siendo incierto. Tras la salida de Azteca y los intentos fallidos de encontrar un nuevo operador privado, el Estado opera la red de manera temporal, con un plazo máximo de tres años. La propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de entregar la concesión como un solo bloque integrando las redes regionales, enfrenta el escepticismo de expertos que sugieren dividir la red en segmentos más pequeños para hacerla atractiva a la inversión. Mientras este debate se prolonga, las empresas que hoy dependen de la red estatal se enfrentan a un escenario complejo: pagan por un servicio barato pero inestable, con la incertidumbre de no saber quién lo gestionará a largo plazo ni en qué condiciones, mientras la infraestructura sigue mostrando las cicatrices de años de abandono y una administración que aún no logra ejercer un control pleno sobre sus propias operaciones.