El desafío de convertir la Red Dorsal en una herramienta de desarrollo y no en un gasto permanente

El despliegue de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) y de los proyectos regionales de banda ancha constituye la columna vertebral de la política de conectividad del Estado peruano. Sin embargo, esta infraestructura estratégica, compuesta por más de 13,500 km de fibra óptica que conectan 22 capitales de región y 180 capitales de provincia, atraviesa una situación crítica desde la resolución del contrato original con la concesionaria en 2021. Actualmente, la red opera bajo administración provisional de Pronatel —encargo extendido hasta enero de 2028— con una subutilización que no supera el 10% de su capacidad instalada, deterioro en nodos estratégicos y un costo de mantenimiento estimado en US$ 25 millones anuales, lo que evidencia una falla estructural en el modelo de gobernanza y explotación comercial.

El modelo de financiamiento, basado en una Asociación Público-Privada (APP) con cofinanciamiento estatal a través del PRONATEL, se ha visto severamente distorsionado por la implementación de la política de "costo cero" de la REDNACE (Red Nacional del Estado Peruano). Esta norma, que dispone el uso gratuito de la capacidad de la red para conectar hospitales, colegios y comisarías, elimina los ingresos por una porción significativa del tráfico, afectando el caso de negocio para cualquier operador privado. Aunque el objetivo social es legítimo, el mecanismo convierte el tráfico en un costo operativo sin contrapartida de ingresos, perpetuando la dependencia del subsidio estatal y desincentivando la eficiencia operativa, en un esquema que expertos califican como "costo cero en la factura, pero costo real absorbido por el presupuesto nacional vía Pronatel".

En cuanto a la situación de las redes regionales, de los 21 proyectos adjudicados, 18 se encuentran en operación bajo concesión a operadores privados como Gilat Networks (seis regiones), el Consorcio YOFC (cuatro regiones), el Consorcio BANDTEL (Huánuco y Pasco), el Consorcio TR-Orocom (Junín, Puno, Moquegua y Tacna), Telefónica del Perú (Lambayeque) y América Móvil (Lima). No obstante, tres regiones —Tumbes, Piura y Cajamarca— permanecen en reformulación tras la resolución contractual con Redes Andinas, con un nuevo proceso de selección de operador proyectado para el tercer trimestre de 2026, beneficiando a 1,763 localidades y 2,972 instituciones públicas.

Las deficiencias operativas identificadas son sistémicas y comprometen el retorno de la inversión pública. En las redes regionales, múltiples contratos garantizan velocidades de apenas 2 a 4 Mbps, claramente insuficientes para los requerimientos actuales de teleeducación, telesalud y gobierno digital. Reportes de OSIPTEL y auditorías documentan que los operadores no garantizan ni siquiera el 40% de la velocidad contratada en instituciones educativas, mientras que casos emblemáticos como el de Arequipa —pese a una inversión superior a US$ 68 millones— evidencian el deterioro de equipos y la falta de mantenimiento adecuado, limitando severamente el impacto social de la infraestructura desplegada.

Para corregir estas fallas estructurales, se propone un rediseño integral del modelo de gobernanza y comercialización. Se recomienda transitar hacia una APP con un operador privado especializado que asuma la gestión técnica y comercial de la RDNFO, mientras el Estado conserva el control estratégico. Adicionalmente, se plantea reemplazar el esquema de "costo cero" por un modelo híbrido de compensación a través del PRONATEL, que combine demanda agregada (el Estado como cliente ancla con contrato marco), pago por resultados indexado al cumplimiento de SLA verificables por OSIPTEL, y tarifas sociales reguladas con subsidio cruzado desde el tráfico comercial, garantizando así la sostenibilidad financiera sin sacrificar el acceso de las instituciones públicas.

En conclusión, el Perú dispone de una infraestructura de fibra óptica de escala nacional considerable, pero su gestión, sostenibilidad financiera y modelo comercial constituyen los principales desafíos pendientes. La solución requiere una reforma estructural que separe la función de fomento de la operación técnica, reformule el esquema de compensación de la REDNACE para hacerlo financieramente viable, actualice los contratos para exigir estándares de calidad acordes a la demanda actual, y acelere la integración efectiva de todas las regiones —incluidas las tres en reformulación—, de modo que la inversión pública se traduzca finalmente en conectividad efectiva, de calidad y sostenible para la población peruana.