IA y Ciberseguridad: El abismo regulatorio entre el Norte y el Sur Global

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una de las tecnologías más transformadoras del siglo XXI, con implicaciones profundas en la seguridad nacional, la economía digital y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, el debate sobre cómo regular esta tecnología ha revelado una profunda brecha entre el Norte Global —liderado por Estados Unidos, la Unión Europea y China— y el Sur Global, donde muchos países aún luchan por integrarse en la economía digital global. Esta división no solo es económica y tecnológica, sino también normativa; mientras el Norte impone sus modelos de gobernanza, el Sur Global queda marginado en la definición de estándares de ciberseguridad y ética digital.

En el Norte Global, la regulación de la IA ha avanzado de forma acelerada. La Unión Europea, por ejemplo, ha aprobado la AI Act, un marco legal pionero que clasifica los sistemas de IA según su riesgo y exige transparencia, responsabilidad y supervisión independiente. Estados Unidos, por su parte, ha optado por un enfoque más descentralizado, basado en órdenes ejecutivas y guías sectoriales, mientras que China ha impuesto un modelo tecnoautoritario con fuerte control estatal sobre los algoritmos y los datos. Estos enfoques, aunque distintos, comparten una lógica común: proteger sus intereses estratégicos y tecnológicos, y exportar sus modelos de regulación al resto del mundo.

En contraste, el Sur Global enfrenta una doble desventaja: por un lado, carece de infraestructura tecnológica y capacidad institucional para desarrollar regulaciones propias; por otro, sus voces están sub-representadas en los foros internacionales donde se definen las normas globales. Aunque países como Brasil, Chile y Colombia han comenzado a diseñar estrategias nacionales de IA, estas siguen inspiradas en los marcos del Norte Global, sin adaptarse a las realidades locales ni a los riesgos específicos que enfrentan sus poblaciones. Esta dependencia normativa perpetúa una forma de colonialismo digital, donde el Sur se convierte en mero receptor de tecnologías y reglas diseñadas en otro lugar.

Una de las áreas más sensibles en esta división es la ciberseguridad. Mientras el Norte Global invierte masivamente en la protección de infraestructuras críticas, la defensa contra ciberataques y la soberanía digital, el Sur Global sigue dependiendo de tecnologías importadas y de centros de datos ubicados fuera de sus fronteras. Esto genera vulnerabilidades estructurales: si un país del Sur utiliza sistemas de IA desarrollados en el Norte para gestionar servicios públicos esenciales —como salud, educación o seguridad—, queda expuesto a fallos, sesgos algorítmicos o incluso ciberataques que escapan a su control. Además, la falta de marcos regulatorios propios dificulta la auditoría y la rendición de cuentas de estas tecnologías.

La situación se agrava cuando se observa el papel del Sur Global en la cadena global de valor de la IA. Muchos trabajadores del Sur, especialmente en países como Kenia o la India, realizan tareas de etiquetado de datos para entrenar modelos de IA que luego son comercializados por empresas del Norte. Estos trabajadores, a menudo en condiciones laborales precarias, son fundamentales para el funcionamiento de la IA, pero sus derechos y condiciones no están protegidos por ningún marco regulatorio global. Esta dinámica reproduce una lógica neocolonial; el Sur produce los datos y el conocimiento, mientras el Norte se apropia del valor económico y tecnológico.

Ante este panorama, surgen voces que reclaman una gobernanza global de la IA más inclusiva y justa. Iniciativas como la recomendación de la UNESCO sobre la ética de la IA o la Declaración de Montevideo buscan ampliar la participación del Sur Global en la definición de principios éticos y normas técnicas. Sin embargo, estas iniciativas siguen siendo marginales frente al poder normativo de las grandes potencias tecnológicas. Para que el Sur Global deje de ser un mero espectador, es necesario fortalecer su capacidad institucional, invertir en infraestructura digital y fomentar alianzas regionales que permitan negociar desde una posición más equitativa.

La regulación de la IA no puede seguir siendo un privilegio del Norte Global. Si se quiere construir un ecosistema digital seguro, ético y sostenible, es imprescindible incluir las voces, experiencias y necesidades del Sur Global. Esto implica no solo transferir tecnología, sino también compartir poder para definir qué se regula, cómo se regula y con qué fines. Solo así se podrá evitar que la IA se convierta en una nueva frontera de desigualdad geopolítica, y se garantice que su desarrollo beneficie a toda la humanidad, no solo a unos pocos.