El valor de una vida se mide en rating: La cruel contabilidad mediática

El caso Lizeth Marzano ha expuesto algo más profundo que un simple accidente de tránsito: ha revelado la podredumbre ética de un periodismo que ya no distingue entre información y espectáculo, entre denuncia y circo mediático. Mientras miles de peruanos mueren anualmente en accidentes de tránsito sin que sus nombres aparezcan en ningún titular, la muerte de una deportista en San Isidro —por el simple hecho de ocurrir en una zona acomodada y vincularse a una periodista de Willax— ha monopolizado la agenda informativa durante semanas. Esta selectividad no es casualidad; es el síntoma de una profesión que ha perdido brújula moral y que jerarquiza la vida humana según su capacidad de generar rating.

La desigualdad en la cobertura es abrumadora. En 2025, Perú registró 3,980 muertes en accidentes de tránsito y más de 105,000 siniestros, según datos de la Policía de Carreteras. Sin embargo, solo el caso Marzano —con sus elementos de escándalo político y conexiones mediáticas— ha merecido investigaciones en profundidad, cámaras apostadas en los exteriores de la comisaría y debates televisivos interminables. Un joven de 20 años arrollado por un tráiler en la Panamericana Norte, o las 21 personas muertas en un accidente de miniván en Huarochirí, apenas consiguieron un par de notas breves. La conclusión es ineludible; en el Perú actual, no todas las vidas tienen el mismo valor periodístico; la clase social y el código postal de la víctima determinan si su muerte merece ser contada.

Pero el problema va más allá de la selectividad: se trata de una desinformación sistemática. Willax Televisión, el canal vinculado a la principal involucrada en el caso Marzano, ha construido su modelo de negocio sobre la difusión de teorías conspirativas sin evidencia, la promoción de narrativas antidemocráticas y el servilismo oportunista al poder. Durante la pandemia, estudios documentaron 80 casos de desinformación viral en medios peruanos, muchos de ellos provenientes de fuentes que se hacían pasar por entidades públicas. El 79% de los peruanos, según la misma investigación, es incapaz de reconocer una noticia falsa. Ante este panorama, el periodismo no cumple su función de informar sino que confunde, desestabiliza y manipula.

La historia del periodismo peruano está manchada por su complicidad con el poder. Durante el régimen de Fujimori, 15 de los 17 principales diarios mantenían vínculos directos con el Servicio de Inteligencia Nacional, que redactaba directamente los titulares para atacar a opositores. Aunque hubo condenas judiciales años después, el patrón persiste; medios que cambian de línea editorial según conveniencias económicas, periodistas que utilizan sus plataformas para encubrir a allegados y una autorregulación inexistente. El Consejo de la Prensa Peruana y su Tribunal de Ética son entidades decorativas, incapaces de sancionar las violaciones más flagrantes porque los medios asociados prefieren la impunidad.

La falta de ética se manifiesta también en la forma de contar. En el caso Marzano, los medios no han investigado por qué el 80% de los atropellos con muerte en Perú nunca llegan a judicializarse, ni por qué los conductores ebrios con poder económico suelen quedar impunes. Tampoco han cuestionado la estructura de una justicia donde la solvencia de la familia determina si se logra condena. En cambio, se han dedicado a reproducir videos de cámaras de seguridad, a especular sobre la vida privada de los involucrados y a convertir una tragedia en entretenimiento. El dolor de la familia de la víctima se ha convertido en contenido para llenar horas de programación.

El modelo de negocio actual hace imposible cualquier redención ética. Los medios dependen de los clicks, del sensacionalismo y de la financiación de grupos económicos con intereses políticos claros. Un periodismo de investigación riguroso, que cuestione estructuras de poder o dé voz a los marginados, no genera ingresos. Por eso, cuando ocurre una tragedia como la de Huarochirí —con 21 muertos en una zona rural— la cobertura es mínima; no hay personajes mediáticos involucrados, no hay escándalo de clase alta, no hay "enganche" para la audiencia urbana y acomodada. La lógica del mercado ha reemplazado a la lógica del servicio público.

La resiliencia ética que exige la profesión —esa capacidad de mantener principios ante presiones externas— ha sido aniquilada por un sistema que premia la complacencia. Los periodistas que intentan mantener rigor son marginados; los que se adaptan al espectáculo prosperan. En este contexto, el caso Marzano no es una anomalía; es la norma. Es el resultado de décadas de degradación donde la información se confundió con el entretenimiento, la verdad con la versión más vendible, y la ética con la conveniencia.

Reconstruir el periodismo peruano requeriría algo más que buenas intenciones; demandaría una reforma estructural de la propiedad de los medios, sanciones efectivas contra la desinformación, formación ética obligatoria y, sobre todo, una ciudadanía que exija información veraz por encima del escándalo barato. Mientras tanto, seguiremos viendo cómo la muerte de una deportista en San Isidro eclipsa sistemáticamente la de cientos de peruanos anónimos, y cómo los medios que deberían ser vigilantes del poder siguen siendo, como en los peores tiempos del autoritarismo, sus cómplices serviles.