El riesgo inminente del fracaso de la descentralización en el Perú

La descentralización en el Perú fue concebida constitucionalmente como una política de Estado permanente y obligatoria, orientada a democratizar el poder y promover el desarrollo integral de los territorios. Sin embargo, el reciente Reporte de Tendencia Territorial del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) advierte sobre un riesgo inminente; el estancamiento o retroceso de este proceso. Lejos de consolidar un sistema de gobernanza multinivel eficiente, el país enfrenta una brecha persistente entre las competencias formalmente transferidas y la capacidad real de los gobiernos subnacionales para ejercerlas con autonomía, eficacia y transparencia.

Una de las paradojas más evidentes de este proceso es la profunda asimetría entre la transferencia de responsabilidades y la autonomía fiscal. Aunque al 2023 se había transferido el 94.3 % de las funciones previstas a los gobiernos regionales, estos dependen abrumadoramente de las asignaciones del gobierno central. Los ingresos directamente recaudados por las regiones representan apenas el 4.9 % de su presupuesto, y solo el 10.6 % en el caso de los gobiernos locales. Este desequilibrio fiscal vertical limita drásticamente su capacidad de toma de decisiones y de planificación estratégica a largo plazo.

Esta debilidad estructural se refleja de manera contundente en las brechas de capacidad de gestión. Según el Índice de Gestión de las Inversiones Públicas (IGEIP) de 2025, mientras el gobierno nacional y los gobiernos regionales alcanzan un nivel de desempeño general “bueno”, los gobiernos locales caen a un nivel “regular” (0.487). Este cuello de botella a nivel municipal compromete directamente la programación, ejecución y sostenibilidad de las inversiones públicas, afectando la provisión de servicios básicos en las comunidades más cercanas a la ciudadanía.

Además, la descentralización ha puesto de manifiesto marcadas desigualdades territoriales internas. El desempeño no es homogéneo en el mapa nacional: regiones como Cusco, Junín y Piura destacan con los mejores puntajes de gestión, mientras que Tumbes, Lima y Pasco registran los resultados más bajos. Esta disparidad demuestra que, sin mecanismos robustos de equalización fiscal y fortalecimiento institucional, la descentralización corre el riesgo de ampliar las brechas de desarrollo en lugar de reducirlas, castigando a los territorios con menor base económica o mayor rezago histórico.

En un contexto comparado, la situación peruana no es un caso aislado, pero presenta matices que exigen atención urgente. A diferencia de los países de la OCDE, donde los gobiernos subnacionales combinan altas responsabilidades de gasto con una sólida autonomía tributaria, el Perú replica patrones de riesgo observados en otras naciones de América Latina, como Colombia y México. En estos países, la fragmentación del poder y la captura de instituciones por élites locales han demostrado que transferir funciones sin garantizar capacidades técnicas y recursos suficientes solo alimenta la ineficiencia y la desconfianza ciudadana.

Las causas de este estancamiento son multifactoriales y se retroalimentan. Destacan los “mandatos sin financiamiento”, donde se asignan nuevas responsabilidades de gasto sin la contrapartida económica necesaria; la débil coordinación intergubernamental, que deriva en duplicidad de funciones y respuestas fragmentadas ante emergencias; y el clientelismo político, que prioriza la contratación de personal no calificado con fines electorales por encima de la profesionalización del servicio civil. A esto se suma una brecha abismal entre el diseño normativo de las reformas y su compleja implementación práctica en el territorio.

De no corregirse el rumbo, los impactos de este fracaso serán severos y de largo alcance. El deterioro en la calidad y cobertura de servicios públicos esenciales, como salud, educación e infraestructura, es una consecuencia directa y palpable. Asimismo, la incapacidad de las autoridades locales para gestionar demandas ha obligado al gobierno nacional a intervenir en el 63.7 % de los conflictos sociales subnacionales entre 2020 y 2023. Este escenario abre la puerta a una recentralización de facto, donde el Estado central termina asumiendo funciones que ya había delegado, vaciando de contenido la autonomía regional y local.

Para revertir esta tendencia y salvar el proyecto descentralista, es imperativo implementar un conjunto de recomendaciones estratégicas integrales. Se debe profesionalizar el servicio civil subnacional, reformular la distribución de recursos como el canon para garantizar mayor equidad territorial y establecer mecanismos de coordinación intergubernamental con carácter vinculante. Solo a través de una articulación coherente entre competencias, financiamiento, capacidades institucionales y una firme rendición de cuentas, el Perú podrá transformar la descentralización de un riesgo latente en una verdadera palanca de desarrollo y democracia.