El retraso de la soberanía digital en América Latina: quién se beneficia y cómo salir del estancamiento

La soberanía digital —la capacidad de un país para gobernar su infraestructura tecnológica, proteger sus datos y desarrollar capacidades propias en el ciberespacio— sigue siendo una asignatura pendiente en América Latina. A diferencia de la Unión Europea o China, la región no ha logrado construir un ecosistema digital autónomo, lo que la mantiene dependiente de proveedores extranjeros y vulnerable a interferencias geopolíticas. Este retraso no es casua; existen actores globales que se benefician directamente de esta situación, ya que les permite mantener el control sobre flujos de información, mercados y estándares tecnológicos.

Estados Unidos es el principal beneficiario geopolítico de esta dependencia. Con empresas como Amazon, Google, Microsoft y Meta dominando servicios de nube, redes sociales y plataformas digitales, EE.UU. ejerce un influjo desproporcionado sobre la región. Esta presencia no solo genera enormes ganancias económicas, sino que también otorga a Washington herramientas de poder blando y duro; desde acceso a datos sensibles hasta la capacidad de presionar a gobiernos a través de sanciones tecnológicas. La falta de soberanía digital latinoamericana refuerza esta asimetría, impidiendo que los países desarrollen alternativas propias o se alineen con otras potencias.

China, aunque con una estrategia distinta, también se beneficia del vacío de soberanía digital en la región. A través de empresas como Huawei, ZTE y Hikvision, Pekín ha logrado insertarse en infraestructuras críticas como redes 5G, sistemas de vigilancia y cableado submarino. La ausencia de marcos regulatorios robustos y capacidades tecnológicas locales permite a estas firmas operar con relativa libertad, expandiendo la influencia china sin encontrar resistencia institucional significativa. Así, China avanza en su proyecto de interconexión global bajo sus propios términos, mientras América Latina permanece como un receptor pasivo.

Las grandes corporaciones tecnológicas, tanto estadounidenses como chinas, constituyen un tercer actor beneficiado. La falta de soberanía digital se traduce en regulaciones laxas, tributación reducida y acceso casi ilimitado a datos de usuarios. Este “colonialismo de datos” permite a las Big Tech extraer valor sin contrapartidas significativas, mientras los países latinoamericanos asumen los costos sociales y económicos de esta dependencia. Además, estas empresas suelen imponer condiciones contractuales que dificultan el desarrollo de industrias locales o la migración hacia servicios soberanos.

El retraso en la soberanía digital también tiene consecuencias internas. Refuerza la desigualdad digital, concentrando el poder en pocas manos y limitando el acceso a tecnologías estratégicas para la población. Además, debilita la capacidad de los Estados para protegerse de ciberataques, desinformación o interferencia electoral. En un contexto de creciente tensión geopolítica, la región se vuelve un terreno de disputa entre potencias, sin tener la capacidad de sentarse como actor en la mesa de negociación.

Para romper este ciclo de dependencia, América Latina debe adoptar una estrategia regional de soberanía digital, basada en cooperación, inversión pública y regulación inteligente. El primer paso es crear una plataforma regional de nube pública, gestionada por una alianza de Estados y respaldada por organismos como la CEPAL o la UNASUR. Esta infraestructura permitiría almacenar datos sensibles fuera del alcance de corporaciones extranjeras y reduciría la dependencia de servicios como AWS o Azure.

En segundo lugar, es urgente desarrollar marcos normativos comunes que exijan a las empresas tecnológicas el cumplimiento de estándares de privacidad, transparencia y tributación local. Esto incluye la exigencia de datacenters en territorio regional, la prohibición de la transferencia masiva de datos sin consentimiento estatal y la creación de impuestos digitales progresivos. Algunos países como Uruguay o Chile han dado pasos en esta dirección, pero se necesita una armonización regional para evitar la competencia fiscal y la presión corporativa.

También es fundamental invertir en capacidades locales, tanto en infraestructura como en talento humano. Esto implica financiar universidades públicas, centros de investigación en ciberseguridad, inteligencia artificial y software libre, así como crear fondos soberanos para el desarrollo de tecnologías estratégicas. Brasil, por ejemplo, ha comenzado a desarrollar su propio satélite de observación terrestre y promover software libre en la administración pública. Estas experiencias deben replicarse y escalar a nivel regional.

Otra medida clave es fomentar el software y hardware libres, que permiten auditar sistemas, evitar puertas traseras y construir tecnologías adaptadas a las necesidades locales. Gobiernos como el de Argentina o Bolivia han adoptado políticas de software libre en el pasado, pero han sido inconsistentes. Se necesita un compromiso a largo plazo, con compras públicas priorizando tecnologías abiertas y desarrolladas localmente, así como incentivos fiscales para startups que trabajen en esta línea.

Finalmente, la soberanía digital no puede construirse en aislamiento. América Latina debe de tratar de tener alianzas estratégicas con bloques como la Unión Europea o la India, que también buscan reducir la dependencia de las grandes potencias tecnológicas. Estas alianzas pueden incluir intercambio de conocimiento, co-desarrollo de estándares y creación de mercados comunes para tecnologías soberanas. La región tiene los recursos humanos, la demanda interna y la urgencia política para avanzar. Lo que le falta es voluntad colectiva y una visión de largo plazo que ponga la soberanía digital en el centro de la agenda estratégica del siglo XXI.