El legado del fujimorismo: un balance en disputa

En el Perú contemporáneo, el debate sobre el legado del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) sigue siendo materia de controversia. Un sector de la opinión pública, vinculado a Fuerza Popular y a la figura de Keiko Fujimori, destaca una imagen de “orden y progreso” asociada a esos años. Otros sectores, entre ellos organismos de derechos humanos, académicos y movimientos sociales, sostienen que esa estabilidad se construyó sobre un costo institucional y social considerable. Este artículo repasa algunos de los ámbitos más discutidos de ese legado.

La educación fue uno de los sectores más afectados por las reformas económicas de los noventa. El gasto público en enseñanza se redujo, la infraestructura escolar se deterioró y los salarios docentes perdieron capacidad adquisitiva. A ello se sumó un clima de confrontación con el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), que incluyó medidas de represión y criminalización de la protesta. El episodio más grave de ese periodo en el ámbito educativo fue la masacre de La Cantuta, en 1992, cuando el Grupo Colina secuestró y asesinó a un profesor y nueve estudiantes universitarios. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y la justicia peruana calificaron ese hecho como un crimen de Estado.

El transporte público se convirtió en uno de los espacios donde más visiblemente se expresó la desregulación de esos años. La liberalización del sector permitió el aumento descontrolado de combis y microbuses que operaban sin rutas fijas, sin estándares adecuados de seguridad y sin una planificación urbana integral. Para algunos sectores, esto representó una forma de emprendimiento popular; para millones de usuarios, significó décadas de congestión, contaminación, accidentes y una inseguridad cotidiana que el Estado aún no ha resuelto. Sin embargo, estos problemas también se explican por el crecimiento urbano desordenado y por la falta de reformas en décadas posteriores.

En el ámbito de las Fuerzas Armadas, la narrativa fujimorista suele destacar la derrota de Sendero Luminoso y del MRTA como su principal logro. Ese resultado militar, sin embargo, estuvo acompañado de violaciones sistemáticas de derechos humanos, como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y de una corrupción institucional de gran escala. A través de Vladimiro Montesinos y su red de “vladivideos”, se documentó el soborno a generales, jueces, congresistas y dueños de medios de comunicación para mantener el control del poder. Las Fuerzas Armadas, más que una institución fortalecida, quedaron subordinadas a una red que convirtió la lealtad institucional en complicidad delictiva.

La precarización del trabajador público fue otra consecuencia de la reducción del Estado promovida en esa década. Bajo la lógica del Consenso de Washington, se ejecutaron despidos masivos en empresas públicas privatizadas y se congelaron las contrataciones en la planilla estatal. Para reemplazar al empleado público estable, se generalizaron modalidades precarias como los recibos por honorarios y la tercerización de servicios. Esto sentó las bases de una informalidad laboral dentro del propio Estado. El trabajador público dejó de ser un servidor de carrera con derechos garantizados para convertirse, en muchos casos, en un contratista temporal sin estabilidad ni beneficios sociales. El régimen CAS, creado en 2008, es decir, después del periodo fujimorista, prolongó en parte esa lógica de precariedad.

El sector salud sufrió un proceso similar, agravado por uno de los capítulos más graves de la historia republicana reciente. El Ministerio de Salud fue desfinanciado, los hospitales se deterioraron y la brecha entre la atención para trabajadores formales (EsSalud) y la población pobre (Minsa) se amplió. El caso más controvertido fue el programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), que bajo el eufemismo de la “planificación familiar” derivó en esterilizaciones forzadas o coercitivas de miles de mujeres indígenas, rurales y en situación de pobreza extrema. Estos hechos son objeto de investigaciones judiciales y han sido calificados por diversos organismos como presuntos crímenes de lesa humanidad, aunque su calificación jurídica definitiva aún depende de los procesos en curso.

Las industrias extractivas completan el cuadro de un modelo económico que priorizó la inversión privada sobre otros objetivos de desarrollo. La Ley de Inversiones Privadas y los Convenios de Estabilidad Jurídica y Tributaria otorgados a grandes mineras y petroleras estabilizaron el régimen tributario aplicable durante décadas, mientras la fiscalización ambiental se mantuvo débil. Las comunidades campesinas e indígenas cercanas a los proyectos extractivos rara vez percibieron beneficios reales, pero sí cargaron con la contaminación de sus fuentes de agua, la degradación de sus suelos y la pérdida de medios de vida tradicionales. Los conflictos socioambientales actuales, de Cajamarca a Apurímac, tienen parte de su origen en decisiones tomadas durante esa década, aunque también responden a factores posteriores.

El corolario de este entramado es la Constitución de 1993, redactada y aprobada tras el autogolpe de Estado de 1992, en un contexto de censura, represión y control fáctico de Montesinos sobre las instituciones. Esa carta magna consagró el Estado subsidiario, facilitó la flexibilización laboral, otorgó garantías a la inversión privada y debilitó la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales en salud y educación. Por eso, cualquier debate honesto sobre el legado del fujimorismo no puede limitarse a los síntomas visibles del deterioro social. También debe examinar la arquitectura legal que los hizo posibles y que, más de tres décadas después, sigue condicionando las posibilidades de desarrollo justo y sostenible del Perú.