El impacto ambiental y social del litio: entre la transición energética y los costos ocultos

El litio, conocido como el "oro blanco", se ha convertido en un elemento clave para la transición energética global, impulsando tecnologías como vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energías renovables. Sin embargo, su extracción y procesamiento generan graves impactos ambientales, especialmente en los frágiles ecosistemas de los salares sudamericanos, donde se concentran las mayores reservas mundiales.

En el "Triángulo del Litio" (Argentina, Bolivia y Chile), la minería de salmuera consume enormes cantidades de agua en regiones áridas, evaporando hasta 2 millones de litros por tonelada de litio producida. Esto ha provocado la sequía de humedales, la salinización de acuíferos y la disminución de biodiversidad, afectando a especies como los flamencos altoandinos y la flora autóctona.

Las comunidades locales, muchas indígenas, enfrentan escasez hídrica para agricultura y ganadería, mientras las empresas mineras desvían recursos vitales. En Chile, el Salar de Atacama pierde diariamente entre 20.000 y 50.000 m³ de agua, agravando conflictos socioambientales. A pesar de los beneficios económicos, los habitantes denuncian que los ingresos no compensan la pérdida de sus medios de vida tradicionales.

Además del agua, la extracción utiliza químicos tóxicos como ácido sulfúrico e hidróxido de sodio, que contaminan suelos y aguas subterráneas. En Argentina, proyectos mineros en la Puna han alterado hidrologías completas, secando vegas y bofedales esenciales para las comunidades.

El reciclaje de baterías emerge como una solución parcial, reduce un 50% las emisiones de CO₂ y ahorra un 75% de agua comparado con la minería tradicional. No obstante, solo el 20% de las baterías usadas se reciclan globalmente, y en América Latina faltan infraestructuras y regulaciones para gestionar los 6.6 millones de toneladas proyectadas para 2050.

Tecnologías como la Extracción Directa de Litio (DLE) prometen minimizar el uso de agua al evitar la evaporación, pero aún son incipientes y requieren inversiones masivas. Científicos argentinos y chilenos desarrollan métodos electroquímicos experimentales, aunque su escalabilidad industrial sigue en duda.

Los marcos legales también son insuficientes. En Argentina, la falta de evaluaciones de impacto ambiental rigurosas y la omisión de consultas a comunidades indígenas violan acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Chile, pese a su Estrategia Nacional del Litio, carece de mecanismos claros para proteger salares críticos.

La paradoja es evidente, el litio alimenta la descarbonización, pero su explotación reproduce patrones extractivistas. Europa y China, principales demandantes, externalizan los costos ambientales a países sudamericanos, donde la minería avanza sin estudios integrales sobre sus efectos a largo plazo.

El futuro exige equilibrar demanda global y sostenibilidad. Urgen políticas que prioricen la economía circular, incentiven el reciclaje y protejan ecosistemas vulnerables. Como señala la microbióloga Cristina Dorador, "salvar la industria del auto no es salvar el planeta si destruimos humedales en el proceso".

En definitiva, el litio no es una panacea verde. Su rol en la transición energética debe evaluarse críticamente, integrando justicia ambiental y social. Solo así evitaremos que el "oro blanco" repita los errores de los combustibles fósiles.