El eco de la guerra; cómo el conflicto en Medio Oriente resquebraja la Seguridad Energética del Perú

La geopolítica mundial ha vuelto a golpear la puerta de la economía peruana con fuerza inesperada. El reciente conflicto militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, desencadenado tras un ataque israelí contra instalaciones nucleares iraníes, ha desatado una crisis energética global que amenaza con alterar los precios de los combustibles en el Perú. Lo que comenzó como operaciones militares selectivas ha escalado rápidamente hacia una confrontación regional con consecuencias que trascienden las fronteras del Golfo Pérsico, llegando hasta los mercados latinoamericanos y, de manera particular, afectando a una economía dependiente de las importaciones de hidrocarburos como la peruana.

La magnitud del shock energético ya es palpable en los mercados internacionales. El precio del petróleo Brent ha experimentado su mayor salto en cuatro años, superando los 85 dólares por barril, mientras que el WTI se ha disparado desde los 67 hasta los 72-75 dólares en apenas dos sesiones de trading. Esta volatilidad extrema responde a un factor crítico: el Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del comercio mundial de petróleo, ha quedado parcialmente bloqueado con cerca de 750 buques varados y al menos tres petroleros dañados por ataques iraníes. La interrupción de esta arteria vital del comercio energético global representa una amenaza existencial para el suministro mundial de crudo.

Para el Perú, la vulnerabilidad ante estos eventos no es una contingencia teórica sino una realidad estructural. El país es un importador neto de hidrocarburos que, solo en 2024, destinó aproximadamente 3,900 millones de dólares a la compra de petróleo crudo en el exterior. Como señalan los especialistas del sector, cualquier perturbación en los mercados internacionales del petróleo se traduce automáticamente en presiones sobre la balanza comercial y los precios domésticos de los combustibles. La dependencia energética externa convierte al Perú en un receptor pasivo de los shocks geopolíticos, incapaz de aislar su economía de las convulsiones que sacuden a Medio Oriente.

El impacto potencial sobre la inflación doméstica constituye una de las preocupaciones más inmediatas para las autoridades económicas. El transporte de carga pesada e interprovincial, que mueve la gran mayoría de los productos que consumen los peruanos, depende directamente del precio del diésel. Un incremento sostenido en los costos de este combustible no solo afecta a los transportistas, sino que se propaga a través de toda la cadena productiva, encareciendo alimentos, manufacturas y servicios. La experiencia reciente durante el conflicto Rusia-Ucrania, cuando el barril llegó a 118 dólares y la inflación peruana superó el 8%, ofrece un precedente preocupante sobre las consecuencias de un shock energético prolongado.

La situación se complica aún más por la fragilidad interna del sector energético peruano. Actualmente, el país enfrenta una triple crisis concurrente; la presión externa derivada del conflicto en Medio Oriente, una emergencia en el transporte de gas natural que ha obligado a la Dirección General de Hidrocarburos a activar mecanismos de racionamiento, y las persistentes dificultades financieras de Petroperú. Esta última, la empresa estatal de hidrocarburos, atraviesa problemas de liquidez que le impiden mantener los inventarios reglamentarios de 15 días, forzando al Ministerio de Energía y Minas a liberarla temporalmente de esta obligación legal.

Ante este escenario, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) emerge como una herramienta de contención de corto plazo, aunque con costos fiscales significativos. Este mecanismo permite mantener estables los precios en surtidores mediante compensaciones a las empresas distribuidoras, pero su sostenibilidad tiene límites. Durante la crisis de 2022, la deuda acumulada por el FEPC alcanzó casi 6,000 millones de soles, generando un pasivo contingente que eventualmente debe asumir el presupuesto público. Un nuevo ciclo de alzas internacionales del petróleo podría reactivar estas presiones fiscales en un momento en que las finanzas públicas ya muestran signos de deterioro.

No obstante, el Perú cuenta con ciertos colchones que podrían amortiguar el impacto inicial de la crisis. El país mantiene elevadas reservas internacionales en el Banco Central de Reserva y registró un superávit de cuenta corriente del 2.2% del PBI en 2024, lo que proporciona cierto margen de maniobra ante choques externos. Adicionalmente, el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) continúa operando como red de protección para las familias más vulnerables, ofreciendo vales de descuento para la compra de gas doméstico y mitigando los efectos sociales más dolorosos de los incrementos tarifarios.

La duración del conflicto determinará finalmente la profundidad de sus efectos en la economía peruana. Los analistas coinciden en que si la tensión se resuelve en cuestión de días, el impacto se limitará a una volatilidad temporal sin consecuencias estructurales. Sin embargo, si el bloqueo del Estrecho de Ormuz se prolonga o si el conflicto escala hacia una confrontación regional más amplia, los precios del petróleo podrían superar los 100 dólares por barril, desatando una nueva ola inflacionaria con consecuencias devastadoras para el crecimiento económico y el bienestar de millones de peruanos. En un mundo donde la energía y la geopolítica están inseparablemente ligadas, la distancia geográfica entre Lima y Teherán resulta ser una ilusión de seguridad que la realidad internacional se encarga de disipar con crudeza.