El día que De Soto no juramentó: crónica de un fracaso anunciado

El 19 de febrero de 2026, José María Balcázar asumió la Presidencia de Perú tras ser elegido presidente del Congreso, convirtiéndose en el noveno gobernante del país en la última década. Su llegada al poder se produjo por sucesión constitucional tras la destitución de José Jerí, quien apenas cuatro meses antes había reemplazado a Dina Boluarte. Esta rotación presidencial evidencia la extrema inestabilidad política peruana, donde ningún presidente electo por voto popular ha logrado completar su mandato desde Ollanta Humala (2011-2016), configurando lo que expertos denominan un "autoritarismo parlamentario" o "parlamentarismo forzoso".

La designación de Hernando de Soto como Presidente del Consejo de Ministros (PCM) representó un intento de Balcázar por proyectar estabilidad económica ante los mercados internacionales. De Soto, economista neoliberal de prestigio mundial y fundador del Instituto Libertad y Democracia (ILD), simbolizaba continuidad del modelo de libre mercado en medio de la incertidumbre política. Sin embargo, lo que prometía ser una juramentación ordinaria el 24 de febrero se convirtió en un episodio de colapso institucional cuando, en la última hora, Denisse Miralles asumió la PCM en su lugar.

Las razones del quiebre revelan la compleja arquitectura del poder peruano. De Soto denunció que el presidente Balcázar estaba "secuestrado" por influencias "cerronistas" —alusiones a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre— y presiones del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, quien realizó "un par de decenas de llamadas" para imponer ministros. El economista afirmó que Balcázar había prometido que el gabinete "era suyo, salvo el Ministerio de Transportes", pero las fricciones surgieron cuando intentó conformar su propio equipo ministerial, evidenciando que el Congreso impone condiciones hasta en los nombramientos ejecutivos.

El gabinete finalmente juramentado, encabezado por Denisse Miralles, refleja esta realidad; el 57% de los ministros provienen de la gestión anterior de José Jerí, sugiriendo pactos de estabilidad con fuerzas parlamentarias como Alianza para el Progreso. La composición incluye figuras vinculadas a sectores privados estratégicos, como Ángelo Alfaro Lombardi en Energía y Minas —exgerente de Electro Oriente— y militares en retiro en Defensa e Interior. Esta configuración revela cómo los grupos de poder económico y político negocian su representación en el Ejecutivo.

La crisis del gabinete De Soto proyecta señales preocupantes sobre la gobernabilidad peruana ante la comunidad internacional. Un economista de prestigio global, con respaldo explícito del presidente, fue bloqueado por presiones partidarias en menos de 24 horas. Este episodio ilustra la fragmentación del poder ejecutivo frente a un Congreso hipertrofiado que, mediante la figura de "incapacidad moral permanente", acumuló poderes desproporcionados mientras el presidente perdió la facultad de disolver el Parlamento tras reformas de 2023.

Desde la perspectiva geopolítica, la elección de Balcázar —perteneciente al mismo partido de Pedro Castillo— abre la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas con México, rotas desde noviembre de 2025 tras el asilo otorgado a la exministra Betssy Chávez. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha sido clara; la iniciativa debe partir de Perú, dado que fueron las autoridades peruanas quienes rompieron vínculos. Este escenario de aislamiento regional potencial se suma a la imagen de volatilidad institucional que afecta las inversiones extranjeras.

El "modelo parlamentarista forzoso" peruano se consolida como una forma de gobierno donde la supervivencia presidencial depende de negociaciones constantes con fuerzas parlamentarias que priorizan intereses sectoriales sobre la gobernabilidad nacional. En este sistema, el Legislativo acumula facultades que desequilibran la separación de poderes, mientras que el Ejecutivo ve reducidas sus prerrogativas constitucionales, como la facultad de disolver el Parlamento, eliminada mediante reformas recientes. Esta dinámica genera gestión cortoplacista, dificulta reformas estructurales y establece un precedente donde los nombramientos ministeriales requieren negociación previa con bancadas parlamentarias, independientemente de la voluntad del jefe de Estado.

Los principales grupos económicos —Grupo Romero, Grupo Breca, Intercorp, Grupo Gloria y Belcorp— mantienen influencia significativa en sectores altamente regulados como minería, infraestructura y servicios públicos. La designación fallida de De Soto, que representaba sus intereses de estabilidad macroeconómica, sugiere que en la actual correlación de fuerzas, los intereses partidarios priman incluso sobre las demandas del capital financiero internacional.

Con elecciones generales programadas para abril de 2026, el gabinete Miralles tiene vigencia transitoria hasta julio. Los principales candidatos presidenciales —Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori— no superan el 13% de intención de voto, augurando un escenario fragmentado que perpetuará la inestabilidad. El Perú contemporáneo enfrenta así una paradoja; necesita reformas estructurales para salir de la crisis, pero su sistema político premia la transacción inmediata y castiga la gobernabilidad estable.

El fracaso del gabinete De Soto no es un incidente aislado, sino la manifestación más reciente de una crisis de representación donde el Congreso de 130 escaños actúa como árbitro absoluto del poder ejecutivo. Mientras los grupos económicos tradicionales, las fuerzas políticas regionalistas y los movimientos ideológicos compiten por su porción de influencia, el Estado peruano pierde capacidad de proyectar soberanía tanto interna como externamente. La geopolítica peruana del siglo XXI se dibuja así entre la fragmentación institucional y la búsqueda, aún incierta, de un nuevo pacto de gobernabilidad que trascienda los ciclos de crisis de los últimos diez años.