El desafío de gobernar Perú; luces y sombras de una agenda transformadora

El 28 de julio de 2026, el nuevo gobierno peruano asumió el mando con un discurso que no ocultó la gravedad de la herencia recibida. Con un diagnóstico descarnado—pérdidas por corrupción equivalentes al 13% del presupuesto, 24 mil millones de soles evaporados en un solo año, y una ineficiencia estructural que supera los 40 mil millones anuales—la administración entrante se ha propuesto revertir décadas de abandono. Pero más allá de las promesas, el verdadero examen estará en la ejecución de una agenda que busca transformar al Estado desde sus cimientos, y en la capacidad de sortear tensiones que van desde la militarización de la seguridad hasta el financiamiento de un ambicioso plan de infraestructura.

En el plano geopolítico, el discurso apuesta por la integración regional—Alianza del Pacífico, Comunidad Andina y APEC—y por posicionar a Perú como puente entre Asia, Medio Oriente y América Latina. Sin embargo, la omisión de actores clave como China (principal socio comercial), Brasil (vecino estratégico en la Amazonía) y Estados Unidos, revela una política exterior aún incompleta. Tampoco se mencionan los desafíos ambientales transfronterizos ni el Acuerdo de Escazú, lo que deja un vacío en la diplomacia climática que podría limitar el acceso a financiamiento internacional y generar roces con socios que priorizan la sostenibilidad como eje de cooperación.

La seguridad ciudadana ocupa el primer lugar en las urgencias, con una estrategia que combina tecnología—videovigilancia interconectada e inteligencia artificial para mapear el crimen—con el uso de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno durante estados de emergencia. Si bien el endurecimiento contra las mafias y la corrupción policial es bienvenido, el riesgo de militarización es palpable. La historia reciente de América Latina muestra que la ecuación de "mano dura" sin reformas judiciales y sin políticas de prevención social suele derivar en violaciones a derechos humanos y en una escalada de violencia que no ataca las raíces del problema: la desigualdad, la falta de oportunidades y la debilidad institucional.

En el terreno económico, el gobierno promete un shock de eficiencia; simplificación administrativa, identidad digital, reforma de compras públicas y un nuevo servicio civil basado en méritos. Pero el talón de Aquiles está en el financiamiento. Elevar el salario mínimo a 1,300 soles (un incremento del 27%), duplicar la pensión a adultos mayores, expandir Beca 18 y ejecutar megaproyectos como las líneas 3, 4, 5 y 6 del Metro de Lima o los trenes de cercanías Lima-Ica, exige recursos que no se detallan. Sin una reforma tributaria que aumente la recaudación—actualmente por debajo del promedio regional—y sin una estrategia clara de alianzas público-privadas, el riesgo de déficit fiscal y endeudamiento externo es alto. Peor aún, la omisión del sector minero, que representa el 60% de las exportaciones, y la falta de mención a la transición energética, dejan sin anclaje el discurso productivo frente a un mundo que demanda sostenibilidad.

El cambio climático, paradójicamente, recibe un tratamiento reactivo pero no estructural. El plan de contingencia frente a El Niño—descolmatación de ríos, defensas ribereñas y asistencia a agricultores—es necesario y urgente, pero no aborda la mitigación de emisiones, la deforestación amazónica (que pierde 150 mil hectáreas al año), ni la gestión integrada de cuencas hidrográficas. La ausencia de una hoja de ruta para energías renovables, transporte sostenible y economía circular contrasta con la ambición vial, lo que genera una contradicción de fondo; se construye infraestructura que podría incrementar la huella de carbono, al tiempo que se ignoran los mecanismos internacionales de financiamiento climático que podrían aliviar las arcas fiscales.

Más allá de cada sector, el discurso adolece de un problema común: la desconexión entre las metas cuantificables—reducir la anemia a la mitad, disminuir el desempleo juvenil del 10% al 5%, pavimentar el 72% de la red vial departamental—y los instrumentos concretos para alcanzarlas. La reforma del Estado es un proceso de largo aliento que ha fracasado en gobiernos anteriores por la resistencia burocrática y la falta de voluntad política sostenida. La creación de una Autoridad Nacional Digital y la identidad digital son prometedoras, pero su implementación en un país con brechas de conectividad profundas (sobre todo en zonas rurales y amazónicas) requerirá inversión y capacitación masiva que no se detalla en el plan.

Otro flanco crítico es la gobernabilidad. El llamado al diálogo con la oposición, los gobernadores y los empresarios es indispensable, pero el tono de "emergencia nacional" y la solicitud de facultades delegadas al Congreso pueden interpretarse como una concentración de poder que, en un contexto de polarización, podría generar fricciones institucionales. La independencia de poderes y la libertad de prensa se mencionan con énfasis, pero el verdadero termómetro estará en cómo se manejen los conflictos socioambientales—como los de los proyectos mineros Las Bambas o Tía María—y en si el gobierno privilegia el consenso o la imposición.

En definitiva, el mensaje del 28 de julio deja claro que el nuevo gobierno no ha venido a administrar la decadencia, sino a transformarla. Pero la distancia entre el diagnóstico y la ejecución es abismal. Los 1826 días de gestión que se mencionan son, en la práctica, un cronómetro implacable que exigirá no solo disciplina y método, sino también una capacidad política poco común para sortear los intereses creados, la fragmentación territorial y la urgencia climática. El Perú tiene potencial infinito, como afirma el discurso, pero para desbloquearlo se necesitará más que voluntad; se requerirá un arte de gobierno que combine firmeza con sensibilidad, y que sepa convertir cada sol público en bienestar tangible. De no hacerlo, el país podría quedar atrapado en el mismo círculo de promesas incumplidas que el propio diagnóstico denuncia.