El congreso de los 130 reyes: por qué ningún Presidente puede gobernar en el Perú

La crisis de José Jerí no es un accidente, sino el resultado predecible de un diseño institucional que premia la inestabilidad sobre la gobernabilidad. El 16 de febrero de 2026, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, declaró algo que en cualquier otra democracia sería obvio: "cambiar de presidentes seguido, en los ojos no solo de EE.UU. sino del mundo, no es normal". Lo notable no fue la declaración, sino que fuera necesaria. En menos de cinco años, Perú ha tenido seis presidentes constitucionales, y José Jerí, quien asumió en octubre de 2025 tras la vacancia de Dina Boluarte, ya enfrentaba ocho mociones de censura en febrero de 2026. La pregunta que emerge no es por qué Jerí está en crisis, sino por qué cualquiera que ocupe ese cargo estaría en la misma situación.

La respuesta se encuentra en la arquitectura constitucional peruana, un sistema que combina las peores características del presidencialismo con las debilidades del parlamentarismo extremo. El Congreso unicameral de 130 diputados, renovado en su totalidad cada cinco años y sin posibilidad de reelección inmediata, opera sin contrapesos internos efectivos. Esta estructura, heredada de la Constitución de 1993 y modificada por reformas posteriores, crea lo que los politólogos llaman un "sistema de alto voltaje": máxima tensión política con mínima capacidad de resolución. La prohibición de reelección, lejos de promover la renovación, elimina cualquier incentivo para la construcción de carreras políticas responsables; los congresistas, sabiendo que no volverán, maximizan su rentabilidad política inmediata mediante la confrontación espectacular.

El mecanismo de la cuestión de confianza, originalmente diseñado para equilibrar poderes, se ha convertido en un instrumento de chantaje institucional. El Ejecutivo puede plantearla para forzar la aprobación de sus políticas, pero el Congreso puede rechazarla, provocando la crisis ministerial o presidencial. En el caso de Jerí, este mecanismo se ha vuelto inoperante; con un Congreso fragmentado en diez o más bancadas, ninguna con mayoría, cada grupo negocia su apoyo en función de intereses inmediatos, no de una agenda nacional. El resultado es lo que el propio Jerí denominó un "complot" para complicar el proceso electoral de abril de 2026, aunque quizás más preciso sea llamarlo la lógica normal de un sistema diseñado para el bloqueo.

La fragmentación partidaria es otro componente esencial de esta arquitectura. La valla electoral del 5% para obtener representación parlamentaria, relativamente baja en comparación con otros sistemas, permite la proliferación de micro-partidos que operan como vehículos personales o de grupos de interés, no como organizaciones políticas con programas de gobierno. Estos partidos, financiados opacamente y sin democracia interna real, generan lo que los analistas llaman "representación sin responsabilidad": los congresistas responden a quienes financian sus campañas, no a los ciudadanos que los eligieron. El transfuguismo —el cambio de bancada después de elegido— es apenas la manifestación más visible de esta desconexión entre mandato y mandante.

La historia reciente de intentos reformistas ilustra la trampa estructural. En 2018, el 90% de los peruanos rechazó la bicameralidad en un referéndum, optando por mantener el unicameralismo. Sin embargo, en 2024, el propio Congreso aprobó una reforma que reintroducía elementos bicamerales, ignorando no solo la voluntad popular expresada seis años antes, sino también la legalidad del proceso de reforma constitucional. Este episodio revela una verdad incómoda; el sistema político peruano no solo es disfuncional, sino que ha desarrollado inmunidad contra las correcciones democráticas. Cuando los ciudadanos votan por reformas, el Congreso las reinterpreta o ignora; cuando exigen transparencia, los partidos crean nuevos mecanismos de opacidad.

La presencia del embajador Navarro, lejos de ser evidencia de injerencia extranjera, destaca la soledad del Ejecutivo peruano ante su propio Congreso. La declaración de respaldo de EE.UU. a la estabilidad de Jerí —incluyendo una cena pública que el diplomático describió como "compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú"— no impidió que las mociones de censura siguieran acumulándose. Esto demuestra que la crisis es endógena; ni el respaldo internacional más explícito puede estabilizar un sistema donde los actores locales calculan que beneficia más su supervivencia política inmediata que la estabilidad institucional. Los congresistas peruanos, en su racionalidad electoral, prefieren un escenario de caos donde puedan renegociar sus posiciones antes que uno de estabilidad donde queden fijados en roles subordinados.

Las propuestas para "terminar" con este sistema abundan, pero todas enfrentan el mismo dilema; requieren que el Congreso actual apruebe reformas que reducirían su propio poder. La bicameralidad real, con un Senado de representación regional y una Cámara de representación poblacional, crearía contrapesos internos que limitarían la capacidad de chantaje del legislativo. La reelección limitada, eliminando la prohibición actual, generaría incentivos para la construcción de carreras políticas responsables. La eliminación de la cuestión de confianza obligatoria, manteniendo el debate político pero sin el mecanismo de crisis institucional, devolvería al Ejecutivo la capacidad de gobernar. El financiamiento público condicionado a democracia interna real, con primarias abiertas auditadas, podría reconectar a los partidos con la sociedad civil. Pero todas estas reformas requieren que quienes se benefician del caos voten por orden.

La alternativa al cambio institucional no es la estabilidad, sino la degradación continua. Cada ciclo de crisis presidencial debilita más la legitimidad del sistema político, alejando a la ciudadanía y alimentando el cinismo que ya caracteriza la política peruana. Los intentos de reforma parcial —como el fortalecimiento de la Contraloría o la creación de nuevos mecanismos de control— han demostrado ser insuficientes porque no alteran la lógica de incentivos del sistema. Un Congreso con 130 diputados sin contrapesos, sin reelección, financiado opacamente y con capacidad de censurar al presidente por motivos políticos menores, seguirá generando inestabilidad independientemente de quién ocupe el Palacio de Gobierno.

La experiencia comparativa ofrece lecciones no siempre bien aprendidas. Los sistemas bicamerales exitosos, como el estadounidense o el alemán, funcionan porque distribuyen el poder de manera que ninguna cámara puede dominar arbitrariamente. El unicameralismo puede funcionar en sociedades homogéneas con partidos consolidados, como los escandinavos, pero en contextos de fragmentación social y política, tiende a la parálisis o al autoritarismo de mayorías temporales. El Perú, con su diversidad regional, su desigualdad extrema y su atomización partidaria, es precisamente el tipo de sociedad que requiere contrapesos institucionales robustos, no un sistema que concentra todo el poder legislativo en una sola cámara fragmentada.

La salida, entonces, no puede ser solo técnica sino política en el sentido más profundo: requiere la construcción de una mayoría ciudadana que presione por reformas constitucionales integrales, incluso si eso toma años de movilización sostenida. Los mecanismos existentes —la iniciativa ciudadana vinculante, la revocatoria de autoridades, el referéndum— son herramientas subutilizadas que podrían dinamizarse. Pero más allá de los instrumentos legales, se necesita un cambio cultural; la recuperación de la idea de que la política no es solo el arte de lo posible en el corto plazo, sino la construcción colectiva de las condiciones para una vida digna. Sin esta transformación cultural, cualquier reforma institucional será capturada por los mismos actores que hoy benefician del caos.

El caso de José Jerí, por tanto, no es el problema; es el síntoma. El problema es un sistema político diseñado para producir presidentes débiles, congresos fragmentados, crisis permanentes y ciudadanía desencantada. "Terminar" con este sistema no significa violencia ni ruptura autoritaria, sino transición constitucional ordenada hacia una arquitectura que premie la gobernabilidad sobre el espectáculo político, la responsabilidad sobre la impunidad, y la representación real sobre la atomización partidaria. La pregunta que el Perú debe responder no es si puede permitirse el costo de esta transformación, sino si puede permitirse seguir pagando el costo de no transformarse.