El abismo financiero: tasas hipotecarias del 8 % versus tarjetas de crédito al 112.9 %

En un mismo escenario, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, defiende ante el Congreso que el crédito hipotecario en el Perú se ubica en un promedio histórico de entre 7.5 % y 8 % anual, atribuyéndolo al bajo riesgo país y la estabilidad macroeconómica. Casi al mismo tiempo, los dos bancos más grandes del país, BCP y BBVA, comunican a sus clientes aumentos en las tasas de sus tarjetas de crédito: el BCP eleva la tasa por disposición de efectivo de 107 % a 112.9 % anual, mientras el BBVA ajusta sus tasas para compras revolventes hasta el 89.99 % en soles. Esta dualidad no es una casualidad del mercado, sino la expresión de un sistema que premia el crédito con garantía y castiga al consumidor que recurre al financiamiento de corto plazo.

El impacto en los bolsillos de los usuarios es demoledor. Mientras una familia que compra una vivienda accede a tasas razonables respaldadas por el inmueble, un ciudadano que utiliza su tarjeta para una emergencia o un gasto cotidiano enfrenta un costo anual que supera ampliamente el 100 %. A ello se suma el encarecimiento del seguro de desgravamen: en el BCP sube de 0.285 % a 0.34 %, y en el BBVA de 0.34 % a 0.39 % sobre el saldo deudor promedio diario. Para un saldo de S/ 5,000, los intereses anuales pueden superar los S/ 3,600, y pagar solo el monto mínimo convierte una deuda pequeña en una losa que se prolonga por años. No se trata de riesgo crediticio, como alegan los bancos, sino del costo de una oferta bancaria concentrada en pocas manos.

Detrás de estas alzas hay un mecanismo regulatorio que las legitima. El Banco Central de Reserva fija periódicamente los topes máximos de tasas de interés convencional compensatorio para créditos de consumo y MYPE; para el periodo mayo-octubre de 2026, ese límite en moneda nacional es de 114.13 % anual. El incremento del BCP a 112.9 % se mueve justo por debajo de ese techo, lo que revela que los bancos operan al borde de lo permitido, aprovechando al máximo el margen que la regulación les otorga. La tasa de referencia del BCRP se mantiene en 4.25 %, y la brecha entre este costo del dinero y lo que pagan los tarjetahabientes —más de 100 puntos porcentuales— evidencia un margen de intermediación financiera difícil de justificar.

Lo más alarmante es que este techo protector está en riesgo. El gobierno de Keiko Fujimori ha solicitado facultades legislativas para derogar la Ley 31143, conocida como ley antiusura, que precisamente establece los topes a las tasas de interés. El argumento oficial es que eliminar el límite permitirá que más personas accedan al crédito formal, pero la experiencia muestra que, sin tope, los bancos tienen un incentivo perverso para elevar aún más las tasas, especialmente para los segmentos de mayor riesgo, que son justamente quienes más necesitan protección. La Defensoría del Pueblo ya ha alertado que esta medida podría dejar a los usuarios expuestos a tasas excesivas.

Frente a este panorama, los usuarios no están indefensos, pero requieren información y acción. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha aprobado nuevas reglas que obligan a los bancos a explicar en lenguaje claro el costo real de un préstamo o tarjeta, incluyendo la Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) y sus componentes. Los consumidores deben exigir esta información, comparar su TCEA con los topes del BCRP y, si detectan cobros por encima del límite legal, presentar un reclamo. También es recomendable evitar pagar solo el monto mínimo de la tarjeta, priorizar el pago de las deudas con tasas más altas y, ante dificultades, negociar con el banco la reprogramación o consolidación de deudas en productos con tasas menores.

El Perú tiene la oportunidad de construir un sistema financiero más equilibrado, donde el acceso a la vivienda y el crédito de consumo caminen de la mano con una protección razonable para el usuario. La estabilidad macroeconómica es una base sólida, y sobre ella podemos edificar políticas que consideren las necesidades de todos los peruanos, sin confrontaciones innecesarias. El diálogo entre el Congreso, el Ministerio de Economía, la SBS y las entidades bancarias resulta fundamental para encontrar puntos de consenso que permitan mantener tasas justas sin excluir a quienes más lo necesitan. Desde el lado ciudadano, la invitación es a informarse adecuadamente, comparar opciones financieras con detenimiento y, ante cualquier duda o abuso, recurrir con confianza a los canales de reclamo y defensa del consumidor establecidos. De esta manera, entre autoridades, bancos y usuarios, podremos fomentar un ecosistema crediticio más transparente, inclusivo y sostenible en el tiempo, que beneficie realmente el bienestar de las familias peruanas.