Junín: A dos meses de los sismos, la reconstrucción avanza a paso lento mientras miles de familias siguen a la intemperie

Han transcurrido más de 50 días desde que el sismo de magnitud 5.1 sacudió la región Junín el pasado 18 de julio, dejando una estela de destrucción que aún no logra ser reparada. El movimiento telúrico, originado en la falla del Alto Mantaro a solo 9.5 kilómetros de profundidad, afectó gravemente a los distritos de Chongos Bajo, Chupuro, Viques y Huacrapuquio, entre otros. A pesar de la declaratoria de emergencia y los anuncios oficiales, la realidad en terreno muestra una crisis humanitaria que se agrava con el paso de los días y la inminente llegada de la temporada de lluvias.

El aspecto más crítico es, sin duda, la situación de la vivienda. De las 1,203 familias identificadas como necesitadas de una solución temporal, el gobierno se comprometió a entregar 530 módulos temporales. Sin embargo, en el anexo de Pumpunya —una de las zonas más golpeadas— de las 284 viviendas destruidas, solo han llegado 53 módulos. La teniente gobernadora de la localidad, Eulalia Gil, ha denunciado que cientos de familias se ven obligadas a levantar refugios improvisados con plásticos y calamina directamente sobre sus propias chacras. “Estamos muy tristes, preocupados, llorando y haciendo nuestras carpitas de calamina con nuestros propios recursos porque ya se aproxima la lluvia”, declaró a la prensa, reflejando el desamparo de una población que siente que las promesas oficiales no se han cumplido.

El frío nocturno, que desciende por debajo de los cero grados en la madrugada, ya ha cobrado víctimas mortales; al menos dos adultos mayores han fallecido a causa de neumonía por dormir a la intemperie. Los casos de enfermedades respiratorias, especialmente en niños, se han multiplicado. En el sector salud, la infraestructura también quedó seriamente dañada: 14 centros de salud y hospitales resultaron afectados, entre ellos el puesto de Carhuapaccha, declarado inhabitable, obligando al personal a atender en carpas instaladas en la vía pública. Aunque el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja desplegó un equipo multidisciplinario que ha brindado atención médica y soporte emocional a más de 200 menores en los centros de salud de Pumpunya, Chongos Bajo y Chupuro, la atención sigue siendo insuficiente frente a la magnitud de la emergencia.

La respuesta gubernamental ha estado marcada por la lentitud y la descoordinación. El Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días en cinco distritos, y luego lo amplió a otras jurisdicciones. Se autorizó el Decreto de Urgencia N.° 009-2026, que dispone hasta S/88.7 millones para la atención de los damnificados, y la presidenta anunció el traslado de 500 módulos de vivienda. Sin embargo, a semanas del desastre, la brecha entre lo prometido y lo ejecutado es abismal. El ministro de Vivienda firmó un acta con la comunidad de Pumpunya para la cesión de terrenos donde se reconstruirán las viviendas, pero la reconstrucción definitiva aún no arranca. Mientras tanto, la población damnificada sigue esperando en medio de la precariedad, con la angustia de que las lluvias destruyan sus precarios refugios.

Los especialistas han sido enfáticos en advertir que la reconstrucción no puede realizarse de cualquier manera. El Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la UNI, tras un exhaustivo trabajo de campo, detectó que las viviendas de adobe y tapial presentaron los mayores daños, con agrietamientos diagonales, separación de muros y colapsos totales. El informe recomienda que las edificaciones con daño severo sean evaluadas individualmente antes de ser reocupadas, y que las construcciones de tierra que puedan ser recuperadas reciban un reforzamiento estructural integral. Más aún, el jefe del Cenepred, Miguel Yamasaki, ha advertido que “no se puede reconstruir donde hay una falla geológica activa”, y ha exigido al IGP un informe técnico que determine si las zonas afectadas son aptas para la reconstrucción o si se requiere un reasentamiento poblacional en otro lugar. El propio IGP ya ha señalado la necesidad de reemplazar las viviendas de adobe por construcciones de concreto que cumplan con las normas técnicas de seguridad.

De cara al futuro cercano, es imperativo que el gobierno central y regional actúen con celeridad y responsabilidad. Primero, se debe acelerar de manera urgente la instalación de los módulos temporales pendientes antes de que las lluvias agraven la situación sanitaria y estructural. Segundo, es indispensable contar con los estudios geológicos del IGP para definir con certeza dónde y cómo se reconstruirá, evitando repetir los errores del pasado. Tercero, la reconstrucción definitiva debe priorizar viviendas sismorresistentes, dejando atrás el adobe como material predominante. Cuarto, se requiere un plan de salud pública que atienda de forma sostenida a la población vulnerable, especialmente niños y adultos mayores, y que reponga la infraestructura sanitaria dañada. Quinto, las autoridades deben garantizar mecanismos de transparencia y participación comunitaria para que los damnificados sean informados oportunamente sobre los criterios de asignación de ayudas y el cronograma de obras. La tragedia de Junín no puede repetirse; la reconstrucción no es solo un desafío técnico y financiero, sino un compromiso ético con miles de familias que han perdido todo y que, dos meses después, aún esperan una respuesta digna.