Desde la Observación a la Conectividad: Fortaleciendo la soberanía digital del Perú mediante infraestructura satelital propia

La soberanía digital espacial constituye un pilar fundamental para el desarrollo nacional y la seguridad del Estado en el siglo XXI. Para el Perú, país con una geografía diversa y vulnerable a múltiples amenazas, la capacidad de controlar, operar y explotar infraestructura satelital propia representa la diferencia entre la autonomía estratégica y la dependencia tecnológica crítica. Desde el lanzamiento del satélite de observación terrestre PerúSAT-1 en 2016, el país ha iniciado su incursión en este dominio, sin embargo, la ausencia de un satélite de comunicaciones propio y una política nacional espacial consolidada limita la articulación multisectorial y la sostenibilidad de capacidades esenciales para la defensa y el desarrollo civil. Esta investigación examina el estado actual del sistema espacial peruano y propone una arquitectura integral que fortalezca la soberanía digital en ambos ámbitos.

La soberanía digital espacial se define como la capacidad del Estado para ejercer control exclusivo sobre sus activos orbitales, datos generados y procesamiento de información, sin dependencia de infraestructura extranjera para funciones críticas. Esta dimensión abarca tres ejes fundamentales: operativa (control de satélites y estaciones terrestres), técnica (desarrollo y mantenimiento de componentes nacionales), y humana (formación de capital especializado). Como señala Marcos Valverde Vargas, la consolidación de una Política Nacional Espacial es imperativa para institucionalizar el espacio como dominio estratégico y proyectar al Perú como actor activo en la gobernanza global. La experiencia regional demuestra que países como Argentina, Bolivia y Brasil han reducido su dependencia mediante satélites propios, constituyendo referentes para la autonomía tecnológica peruana.

El satélite PerúSAT-1, operado desde el Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales (CNOIS) en Pucusana, representa el hito inicial de la soberanía de observación terrestre. Con resolución óptica sub-métrica de 70 cm y más de 102,200 imágenes adquiridas entre 2016-2018, el sistema ha demostrado retorno de inversión en menos de un año, beneficiando a más de 80 entidades públicas. Su arquitectura ha permitido aplicaciones en cartografía nacional (escala 1:25,000), monitoreo de deforestación ilegal en San Martín, y evaluación de desastres con INDECI. Sin embargo, como instrumento de observación único, no resuelve la necesidad de comunicaciones seguras ni la continuidad de servicios en escenarios de colapso de infraestructura terrestre, limitaciones críticas para la seguridad nacional.

En el ámbito de defensa, la dependencia de servicios satelitales extranjeros constituye una vulnerabilidad estratégica. Las Fuerzas Armadas requieren canales seguros de comunicación para operaciones en regiones fronterizas amazónicas y el VRAEM, donde la conectividad terrestre es inexistente. Un satélite de comunicaciones propio permitiría transmisión de datos tácticos, inteligencia antidrogas mediante monitoreo de cultivos ilícitos, y coordinación interinstitucional en tiempo real durante crisis. La Policía Nacional ha utilizado PerúSAT-1 para identificación de propiedades y rutas del narcotráfico, mientras que el Ministerio de Defensa identifica como prioritaria la información geoespacial satelital en su agenda de I+D+i, reconociendo que los planes universitarios tradicionales no respondían a necesidades nacionales críticas. La autonomía en comunicaciones es, por tanto, un requerimiento de seguridad soberana.

El impacto civil del sistema satelital se manifiesta en múltiples dimensiones del desarrollo nacional. La conectividad satelital es esencial para cerrar la brecha digital que afecta al 70% de centros poblados rurales sin servicios móviles. En educación, permitiría acceso a contenidos digitales en zonas amazónicas andinas; en salud, habilitaría telemedicina donde un médico es más escaso que una señal de internet. Aplicaciones de PerúSAT-1 en agricultura de precisión, monitoreo de infraestructura minera y ordenamiento urbano (detección de expansiones irregulares) demuestran el valor agregado multisectorial. La generación de cartografía nacional redujo costos proyectados, mientras que la colaboración con el Programa de Naciones Unidas permitió evaluación post-desastre en Lima y Callao, evidenciando capacidad de cooperación internacional desde la autonomía nacional.

A pesar de los avances en observación, Perú carece de un satélite de telecomunicaciones propio, dependiendo de servicios comerciales que costaron US$ 54.17 millones en 2023, con proyección acumulada de US$ 325.25 millones en 15 años. Esta situación contrasta con vecinos regionales que garantizan autonomía en transmisión de datos. Durante emergencias naturales (terremotos, huaicos, incendios), la infraestructura terrestre colapsa y los servicios satelitales alquilados pueden no garantizar priorización ni seguridad en canales de comando y control. Más de 16,180 localidades rurales carecen de acceso a internet, y la geografía accidentada dificulta despliegue de fibra óptica, haciendo del satélite la única solución viable para conectividad universal. Esta brecha vulnera la soberanía digital y limita la capacidad de respuesta estatal en crisis humanitarias.

El modelo PerúSAT-1 demostró viabilidad económica con retorno de inversión en 12 meses mediante ahorro en compra de imágenes comerciales. Para un satélite de comunicaciones, la inversión estimada de US$ 180-325 millones es comparable al gasto acumulado en alquileres. Un satélite HTS (High Throughput Satellite) no solo eliminaría costos recurrentes, sino generaría ingresos mediante venta de capacidad excedente a operadores privados, creando un modelo de sostenibilidad financiera. La implementación impulsaría desarrollo de industria aeroespacial nacional, formación de especialistas y potencial exportación de servicios satelitales a países andinos, transformando un gasto en activo estratégico generador de valor. La fragmentación actual en contrataciones dispersas impide economías de escala y poder de negociación, ineficiencia que una política pública integral de telecomunicaciones satelitales resolvería.

Se propone una arquitectura de dos capas: (1) Capa de Observación: Evolución de PerúSAT-1 hacia PerúSAT-2 con sensores multiespectrales y radar, complementado por una constelación de nanosatélites para reconocimiento rápido; (2) Capa de Comunicaciones: Satélite geoestacionario HTS para comunicaciones gubernamentales seguras, internet rural y sistema de emergencia nacional. El segmento terrestre requiere fortalecimiento del CNOIS con redundancia en estaciones de control y creación de un Centro de Ciberdefensa Espacial. El segmento de usuarios debe integrar una plataforma digital que unifique la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, redes regionales y capacidad satelital, optimizando recursos y garantizando servicio continuo. Esta arquitectura dual resolvería las limitaciones actuales y establece redundancia estratégica.

CONIDA debe liderar como entidad rectora, articulando esfuerzos del Ministerio de Defensa (requerimientos de seguridad), del Ministerio de Transportes (conectividad rural) y del MINEDU (educación digital). Se requiere un Consejo Nacional Espacial con representación militar, civil y académica que defina prioridades y asigne capacidad satelital. La sostenibilidad humana exige continuidad en formación de ingenieros espaciales, replicando el modelo PerúSAT-1 donde personal peruano fue capacitado en Toulouse. Se deben establecer indicadores de soberanía: procesamiento nacional de datos (meta 95%), componentes nacionales en satélites (meta 30%), especialistas formados (meta 200+), y retorno de inversión anual (meta 150%). La cooperación regional con operadores latinoamericanos permitiría compartir costos de lanzamiento y operaciones, fortaleciendo la autonomía colectiva.

Perú ha demostrado capacidad de gestión espacial con PerúSAT-1, pero la soberanía digital incompleta genera vulnerabilidades críticas. La implementación de un sistema satelital dual (observación + comunicaciones) bajo una Política Nacional Espacial consolidada es imperativa para transformar el gasto en activo estratégico. Las recomendaciones son: (1) aprobar urgentemente marco legal que declare infraestructura satelital como activo de seguridad nacional; (2) iniciar estudios técnico-económicos para satélite de comunicaciones HTS; (3) fortalecer CNOIS como centro de ciberdefensa espacial; (4) establecer fondo de innovación aeroespacial para desarrollo de componentes nacionales; (5) crear alianza andina de sistemas satelitales para autonomía regional. Solo mediante esta visión integral Perú alcanzará verdadera soberanía digital, beneficiando simultáneamente su seguridad nacional y desarrollo civil