Crisis silenciosa: menos niños, más jubilados y el colapso anunciado del sistema previsional peruano

En las últimas décadas, las sociedades occidentales han sido testigos de una transformación silenciosa pero profunda en la concepción de la familia y las prioridades vitales de las nuevas generaciones. Un fenómeno particularmente revelador es la creciente preferencia de los millennials y la Generación Z por tener mascotas en lugar de hijos, una tendencia que, según estudios recientes, alcanza a siete de cada diez jóvenes en diversas partes del mundo. Lo que en apariencia podría interpretarse como una simple moda o una decisión estrictamente personal, en realidad constituye un cambio estructural con implicaciones demográficas de enorme magnitud. Esta elección, motivada por factores económicos, sociales y culturales, está reconfigurando silenciosamente la pirámide poblacional y, con ella, los cimientos sobre los cuales se sostienen los sistemas de protección social, particularmente los regímenes de pensiones como el peruano.

Las razones que explican esta preferencia por los animales de compañía son múltiples y complejas, pero todas ellas convergen en un punto central; la percepción de que la paternidad o maternidad se ha vuelto un lujo inalcanzable o una carga incompatible con el estilo de vida deseado. Desde la perspectiva económica, el costo de criar un hijo en el Perú contemporáneo representa una inversión que muchos jóvenes no están dispuestos o no pueden asumir. Los gastos en educación, salud, alimentación y vestimenta se han incrementado sustancialmente, mientras que los salarios reales y la estabilidad laboral han tendido a deteriorarse. Frente a este panorama, una mascota aparece como una alternativa afectiva viable; implica un desembolso mensual significativamente menor y permite mantener la flexibilidad laboral, la capacidad de viajar y la autonomía personal que caracterizan las aspiraciones de las generaciones actuales.

Paralelamente a estos factores económicos, operan transformaciones culturales igualmente relevantes. La idea tradicional de realización personal, vinculada durante siglos a la formación de una familia numerosa, ha sido reemplazada por un ideal de autorrealización centrado en el desarrollo profesional, las experiencias vitales y el cultivo de la individualidad. En este nuevo paradigma, las mascotas cumplen una función emocional fundamental; ofrecen compañía, lealtad incondicional y un vínculo afectivo intenso, pero sin las exigencias, renuncias y responsabilidades a largo plazo que implica la crianza humana. Como señalan diversos especialistas, los animales se han convertido en depositarios de las necesidades afectivas que antes se canalizaban hacia los hijos, pero en un formato adaptado a las coordenadas de la vida moderna; flexible, menos demandante y perfectamente compatible con un estilo de vida urbano y orientado al consumo.

Sin embargo, lo que para muchos representa una solución personal satisfactoria, se traduce en un problema colectivo de primera magnitud cuando se proyectan sus consecuencias demográficas. El sistema de pensiones peruano, particularmente el régimen público de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), opera bajo la lógica del reparto; los trabajadores activos de hoy financian con sus aportes las pensiones de los jubilados actuales. Este mecanismo funciona adecuadamente mientras exista una base amplia de trabajadores en relación con el número de pensionistas, es decir, mientras la pirámide poblacional mantenga una forma tradicional con una base juvenil ancha y una cúspide de adultos mayores reducida. La preferencia por las mascotas sobre los hijos, al reducir drásticamente la natalidad, invierte progresivamente esta pirámide; cada vez menos jóvenes ingresan al mercado laboral para sostener a un número creciente de personas que alcanzan la edad de jubilación.

Las proyecciones para el Perú en las próximas décadas resultan preocupantes si se mantienen las tendencias actuales. El país experimenta un proceso de envejecimiento poblacional acelerado, similar al que ya enfrentan naciones europeas o asiáticas como Japón, pero con la agravante de que nuestros sistemas de protección social son considerablemente más frágiles y menos preparados para absorber este shock demográfico. La reducción de la tasa de fecundidad, que ya ha caído por debajo del nivel de reemplazo generacional en muchas regiones urbanas, implica que en treinta o cuarenta años la proporción de trabajadores activos por cada jubilado será dramáticamente inferior a la actual. Esto coloca al sistema de pensiones en una situación de insostenibilidad matemática; o los aportes de los trabajadores deberán multiplicarse exponencialmente, o las pensiones se reducirán a niveles insuficientes para garantizar una vejez digna.

Para el sistema privado de pensiones administrado por las AFP, los efectos, aunque diferentes, también serán adversos. Si bien se trata de cuentas de capitalización individual donde cada persona ahorra para su propia jubilación, estos fondos dependen críticamente del dinamismo de la economía en su conjunto. Una fuerza laboral reducida implica menor producción, menor crecimiento económico y, consecuentemente, menores rendimientos de las inversiones. Además, el Estado podría verse obligado a destinar recursos crecientes a programas de pensiones no contributivas para aquellos adultos mayores que, por diversas razones, no lograron acumular ahorros suficientes. Este gasto fiscal adicional, en un contexto de menor cantidad de contribuyentes, presionaría al alza los impuestos o generaría déficits presupuestarios crónicos, afectando la capacidad del país para financiar otras políticas públicas esenciales como salud, educación o infraestructura.

Ante este panorama, resulta imperativo que el debate público y las políticas de Estado incorporen esta dimensión demográfica con la seriedad que merece. No se trata de estigmatizar la decisión individual de no tener hijos ni de promover artificialmente la natalidad mediante medidas coercitivas, sino de reconocer que las transformaciones sociales tienen consecuencias estructurales que requieren respuestas institucionales. El Perú necesita urgentemente una reforma profunda de su sistema de pensiones que contemple escenarios demográficos adversos, incorporando mecanismos de sostenibilidad, fomentando el ahorro voluntario y diversificando las fuentes de financiamiento. Asimismo, resulta indispensable diseñar políticas que promuevan la conciliación entre la vida laboral y familiar, reduzcan los costos de crianza y ofrezcan incentivos reales para quienes desean tener hijos, no como una imposición, sino como una opción genuinamente viable.

En definitiva, la aparentemente inocua preferencia de las generaciones actuales por las mascotas sobre los hijos encierra una de las transformaciones más profundas que enfrentará la sociedad peruana en las próximas décadas. Más allá de las anécdotas sobre el creciente mercado de productos y servicios para animales domésticos o la humanización de las mascotas en el imaginario colectivo, lo que está en juego es la sostenibilidad misma del pacto intergeneracional que ha sostenido los sistemas de protección social desde mediados del siglo XX. Ignorar esta realidad demográfica sería tan imprudente como pretender revertirla mediante medidas simplistas; el desafío consiste, más bien, en adaptar nuestras instituciones, nuestro sistema económico y nuestras políticas públicas a una realidad inevitable; la del Perú del futuro, con menos niños, más adultos mayores y una estructura social radicalmente distinta a la que conocimos. Las decisiones que tomemos hoy sobre cómo organizamos el trabajo, la seguridad social y el cuidado determinarán si ese futuro será de bienestar compartido o de conflicto distributivo.