Cheque en blanco al Ejecutivo: cuando la urgencia amenaza la democracia

La reciente Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por un plazo de 120 días calendario constituye, en términos formales, uno de los ejercicios de transferencia de potestades más amplios de la historia republicana reciente del Perú. Bajo el paraguas de siete grandes ejes —seguridad ciudadana, formalización empresarial, empleo, desarrollo productivo, simplificación administrativa, reforma del Estado y materia tributaria—, el Congreso ha cedido prácticamente la totalidad de la agenda legislativa nacional al Ejecutivo. Si bien la Constitución Política contempla esta figura en su artículo 104 como un mecanismo legítimo de gobernabilidad, la magnitud de la delegación plantea una interrogante ineludible: ¿estamos ante una herramienta de eficiencia o ante un cheque en blanco que debilita la separación de poderes?

El primer problema de fondo radica en la concentración extraordinaria de poder que esta ley habilita. No se trata de una delegación acotada a una emergencia específica —como podría ser una catástrofe natural o una crisis sanitaria—, sino de un mandato omnímodo que abarca desde la reforma del Código Penal hasta la reestructuración de organismos públicos, pasando por la regulación ambiental, el régimen laboral y las tasas de interés del sistema financiero. En la práctica, el Congreso se ha autoexcluido del debate público sobre las decisiones más trascendentales para la vida de los ciudadanos durante cuatro meses, renunciando a su función esencial de deliberación democrática. La legitimidad de origen de una ley no basta para garantizar la legitimidad de ejercicio de las facultades que de ella emanan.

Sin embargo, la disposición más alarmante del texto no se encuentra en los artículos sustantivos, sino en la Disposición Complementaria Final Primera, que exime a los futuros decretos legislativos de la consulta pública, el análisis de impacto regulatorio ex ante, la agenda temprana y cualquier otro instrumento de calidad regulatoria previsto en el Decreto Legislativo 1565. Esta cláusula de blindaje convierte la urgencia en opacidad: el Ejecutivo podrá modificar derechos laborales, estándares ambientales y regímenes tributarios sin la obligación de escuchar a los sectores afectados ni de demostrar técnicamente que los beneficios superan los costos. La exposición de motivos y los informes internos que la norma exige como sustento son, en la práctica, documentos de autoevaluación que carecen del escrutinio independiente que la democracia demanda.

En el ámbito laboral, los riesgos de precarización son evidentes y merecen una lectura cuidadosa. La ley faculta al Ejecutivo a perfeccionar el cese por causas objetivas —un régimen que históricamente ha sido utilizado para encubrir despidos arbitrarios—, a flexibilizar beneficios como vacaciones, gratificaciones, utilidades y compensación por tiempo de servicios mediante acuerdos individuales, y a reducir el número de feriados no laborables en nombre de la productividad. Si bien es cierto que el mercado laboral peruano adolece de una rigidez que fomenta la informalidad, la solución no puede pasar por debilitar unilateralmente la posición negociadora del trabajador. La referencia a la "aclaración" del cese por pérdida de confianza, alineada con el VII Pleno Jurisdiccional Supremo, abre la puerta a que miles de trabajadores de dirección queden desprotegidos ante despidos sin indemnización adecuada, bajo una categoría cuya delimitación es notoriamente difusa.

La dimensión ambiental y financiera de la delegación resulta igualmente preocupante. El literal 2.5(l) propone "armonizar" la protección del medio ambiente con el desarrollo productivo mediante la simplificación de instrumentos ambientales, la presunción de veracidad y el silencio administrativo positivo en materia ecológica. En un país con una de las tasas más altas de conflictos socioambientales de la región, relajar la fiscalización ambiental no es un acto de eficiencia, sino una invitación al desastre ecológico y a la conflictividad social. A ello se suma la derogación expresa de la Ley 31143, que establecía topes a las tasas de interés: aunque el argumento de la inclusión financiera tiene sustento teórico, eliminar los topes sin haber construido previamente un marco robusto de protección al consumidor financiero expone a los sectores más vulnerables al sobreendeudamiento y a prácticas predatorias de cobro.

La militarización temporal del sistema penitenciario y la agilización de las Asociaciones Público-Privadas completan un cuadro de decisiones de alto impacto adoptadas sin debate. La participación de las Fuerzas Armadas en la dirección y seguridad de las prisiones, aunque calificada como "excepcional", desnaturaliza el rol constitucional de las FF.AA. y traslada al ámbito castrense un problema que es, en esencia, de política criminal, hacinamiento y corrupción institucional. Por su parte, la facilitación de APP y proyectos de infraestructura mediante aprobación automática, silencio positivo y exoneración de requisitos puede acelerar la ejecución de obras, pero también multiplica el riesgo de corrupción, sobrecostos y contratos lesivos para el Estado, especialmente cuando la misma ley debilita los mecanismos de control y responsabilidad funcional de los servidores públicos que intervienen en estos procesos.

Sería injusto, no obstante, desconocer que la ley contiene elementos rescatables y necesarios. La simplificación administrativa, la digitalización del Estado, la unificación de regímenes tributarios para las MYPEs, la promoción del empleo juvenil y la reestructuración de organismos públicos redundantes son reformas que el Perú necesita con urgencia. El problema no reside en el qué, sino en el cómo: una reforma de esta envergadura requiere legitimidad social, deliberación parlamentaria y evidencia técnica, no la velocidad de un decreto emitido en la soledad de un despacho ministerial. La eficiencia no puede ser el pretexto para sacrificar la transparencia, ni la reactivación económica la justificación para erosionar derechos conquistados.

En conclusión, esta megadelegación legislativa representa una apuesta de alto riesgo para la democracia peruana. Al renunciar a los controles previos y al debate público, el Congreso ha transferido al Ejecutivo no solo facultades legislativas, sino la responsabilidad histórica de decidir el rumbo del país sin contrapesos efectivos. Si los decretos que se emitan en los próximos 120 días logran un equilibrio genuino entre crecimiento y derechos, la ley podrá ser recordada como un mal necesario; si, por el contrario, se traducen en precarización laboral, degradación ambiental y concentración de poder, habremos pagado un precio demasiado alto por la ilusión de la velocidad. La historia del Perú ya ha demostrado que las reformas impuestas desde arriba, sin participación ciudadana, terminan generando más conflictos de los que pretenden resolver.