Vigilancia descontrolada: el uso político de Pegasus en la región

El spyware Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, se ha consolidado como un instrumento de poder geopolítico de primer orden. Lejos de ser un simple producto comercial, su venta está sujeta a la aprobación del Ministerio de Defensa de Israel, lo que lo convierte en una extensión de la política exterior de ese país para tejer alianzas estratégicas. Esta tecnología ha servido como moneda de cambio en las relaciones internacionales, permitiendo a Israel acceder a gobiernos de todo el mundo, incluso con aquellos con los que no mantiene relaciones diplomáticas abiertas, y ha sido un catalizador de tensiones, como lo demuestra el espionaje a altos funcionarios franceses por parte de Marruecos, un hecho que empañó las relaciones bilaterales.

En América Latina, el uso de Pegasus ha seguido un patrón alarmante, convirtiendo a la región en un laboratorio de espionaje político masivo. México es, sin duda, el epicentro de este escándalo. Entre abril y mayo de 2019, se documentó que 456 personas fueron espiadas, incluyendo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, su círculo cercano, familiares de víctimas de Ayotzinapa y periodistas. Este uso masivo, que se remonta a 2015, ha sido ejecutado a través del Centro Militar de Inteligencia (CMI), y ha continuado a pesar de las negativas oficiales, convirtiendo a México en el caso más grave y documentado de la región.

Colombia presenta otro capítulo oscuro, marcado por la opacidad y la corrupción. El gobierno de Iván Duque habría realizado una compra millonaria de Pegasus por 11 millones de dólares en efectivo, una operación que el presidente Gustavo Petro denunció como un lavado de activos. La gravedad del asunto llevó a la suspensción de Colombia de la plataforma de inteligencia financiera Egmont Group. Más recientemente, en enero de 2026, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, denunció que su teléfono fue intervenido con Pegasus entre agosto y noviembre de 2025, mientras investigaba casos de corrupción en las Fuerzas Militares. Este hecho, sumado a la denuncia de otro alto funcionario, evidencia que el espionaje con Pegasus no es un problema del pasado, sino una práctica vigente que afecta a los propios miembros del gobierno.

Brasil y Argentina suman más capítulos a este entramado regional. En Brasil, miembros de la operación Lava Jato intentaron comprar Pegasus para crear un "bunker cibernético" y espiar al expresidente Lula y sus abogados, un intento que quedó documentado en chats y correos electrónicos. En Argentina, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, denunció en 2026 que él y su familia fueron espiados ilegalmente con Pegasus, un caso que refleja la vulnerabilidad incluso de los más altos funcionarios del Estado. Estos incidentes subrayan que la herramienta se ha utilizado no para combatir el crimen organizado, sino como un arma para la persecución política y el control interno.

Otros países de la región no han estado exentos de sospechas y denuncias. En Ecuador, la Asamblea Nacional abrió una investigación en 2025 para fiscalizar el presunto uso de Pegasus contra periodistas y opositores, aunque NSO Group negó oficialmente cualquier uso en ese país. En Paraguay, expertos en seguridad han afirmado que el gobierno adquirió el software en administraciones anteriores, mientras que en Perú, el gobierno de Pedro Castillo evaluó su compra, aunque no se ha confirmado que se concretara. Este mapa de espionaje revela una práctica generalizada que trasciende ideologías y fronteras.

El caso de Perú es particularmente revelador por la combinación de sistemas de vigilancia que ha adquirido o evaluado. En 2016, el gobierno peruano pagó 22 millones de dólares a la empresa Verint por los sistemas "Pisco" y "SkyLock", capaces de interceptar llamadas, mensajes y rastrear la ubicación de hasta 5,000 personas. Para que este sistema funcionara, las cuatro principales compañías telefónicas del país firmaron un acuerdo de cooperación. Posteriormente, durante el gobierno de Pedro Castillo, se evaluó la compra de otros tres sistemas: el propio Pegasus, el sistema estadounidense ARPON (capaz de interceptar mensajes de WhatsApp de forma indetectable) y el polémico Clearview, sancionado en Europa por violar la protección de datos. Esta acumulación de software de vigilancia apunta a una capacidad de control sin precedentes sobre la población.

Sin embargo, la adquisición de esta tecnología ha operado en un preocupante vacío legal en Perú. Organizaciones como Hiperderecho han señalado que el Estado no debería poder adquirir herramientas tan intrusivas sin una habilitación constitucional y legal clara. La Constitución garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones, cuyo levantamiento requiere una orden judicial, pero este requisito no aplica para la localización en tiempo real, lo que crea un espacio para posibles abusos. La filtración masiva de datos conocida como "Dirin Leaks" en septiembre de 2025, que expuso seguimientos ilegales a periodistas, confirmó que estas herramientas se están utilizando para fines que van más allá de la seguridad nacional, vulnerando la libertad de prensa y los derechos fundamentales.

En definitiva, Pegasus y otros software de vigilancia similares se han convertido en un símbolo de la vigilancia estatal descontrolada en América Latina. Su uso ha demostrado ser una amenaza para la democracia y los derechos humanos, operando en la sombra y al margen de los controles legales. La región enfrenta el desafío urgente de establecer marcos regulatorios sólidos que impidan que estas poderosas herramientas sean utilizadas para silenciar a la oposición, controlar a la ciudadanía y perpetuar el poder, en lugar de servir a la seguridad y el bienestar de sus pueblos.