Talara no es solo deuda: es el futuro energético del Perú en juego

La refinería de Talara, considerada hasta hace poco como la joya de la corona de Petroperú, se ha convertido en el símbolo de la crisis más profunda que enfrenta la empresa estatal en su historia. Con una deuda que supera los 11,000 millones de dólares —6,500 millones solo por la modernización de Talara—, Petroperú ha requerido tres rescates financieros del Estado en menos de dos años. La parálisis de la unidad flexicoking (1), el cierre temporal por exceso de inventario y la imposibilidad de operar el oleoducto Norperuano han dejado a la refinería sin producción y sin ingresos. En este contexto, la privatización ha empezado a sonar no como una opción ideológica, sino como una salida urgente para evitar el colapso total.

La propuesta de privatización no es nueva, pero nunca antes había tenido tanta tracción. En julio de 2025, el presidente de la Comisión de Energía del Congreso, Édgar Tello, admitió que “la única salida real es abrir el capital a la inversión privada”. La ley ya lo permite; Petroperú puede vender hasta el 49 % de sus acciones sin necesidad de reforma constitucional. Lo que sí requiere reforma es vender más del 50 %, algo que sectores liberales promueven como la única forma de sacar al Estado del negocio energético. Pero esa posibilidad ha encendado las alarmas en sectores nacionalistas, sindicales y ambientalistas, que ven en la privatización una pérdida de soberanía sobre un recurso estratégico.

El problema no es solo económico; es geopolítico. China, a través de Sinopec y CNPC, ha mostrado interés en participar en la refinación peruana como parte de su estrategia de control de infraestructura energética en América Latina. Estados Unidos, por su parte, ha presionado para que cualquier apertura se haga bajo estándares de transparencia y gobernanza corporativa, lo que se interpreta como una forma de contrarrestar la influencia china. Europa, a través del Banco Europeo de Inversiones, ha ofrecido financiamiento verde si Talara se reconvierte a biocombustibles. El Perú se encuentra así en una guerra de influencias donde el premio no es solo una refinería, sino el control de la cadena energética del Pacífico Sur.

La refinería de Talara fue reinaugurada en 2022 con bombos y platillos como la más moderna de América Latina. Sin embargo, su diseño fue pensado para procesar crudo pesado de la Amazonía, y cuando el oleoducto Norperuano dejó de operar por ataques y desgaste, Talara se quedó sin materia prima. En lugar de adaptarse, la refinería empezó a importar crudo liviano a precios internacionales, lo que encareció el proceso y eliminó los márgenes de rentabilidad. El resultado; una obra que costó el triple de lo presupuestado y que hoy está cerrada por falta de combustible y almacenamiento. La pregunta que muchos se hacen es si un operador privado hubiera cometido los mismos errores de planificación.

Los sindicatos de Petroperú advierten que la privatización no resolverá el problema de fondo; la mala gestión política. “No se privatiza para eficiencia, se privatiza para pagar la deuda que generaron los amigos del poder”, afirma Luis Zúñiga, secretario general del sindicato de trabajadores de Talara. En efecto, la refinería fue utilizada como caja política durante años, con contratos directos, sobre costos y nombramientos de directivos sin experiencia en el sector. La auditoría forense anunciada por el gobierno podría revelar responsabilidades, pero también podría ser utilizada como cortina de humo para justificar la venta rápida de activos.

Una salida intermedia que gana terreno es la figura de “alianza estratégica”, donde el Estado mantiene el 51 % del capital, pero cede la operación a un socio privado por 20 o 30 años. Este modelo, similar al aplicado en refinerías de Colombia y Brasil, permitiría traer capital, tecnología y gestión sin perder la titularidad estatal. La empresa canadiense Suncor y la colombiana Ecopetrol ya habrían presentado cartas de interés, según fuentes del Ministerio de Energía. Pero incluso esta opción requiere una reforma legal que exima a Petroperú de las normas de contratación estatal, algo que el Congreso ha resistido por temor a la corrupción.

El riesgo de no actuar también es alto. Sin inversión privada, Petroperú podría caer en default en 2026, lo que activaría cláusulas de garantía soberana y obligaría al Estado a asumir directamente la deuda. Esto significaría menos recursos para salud, educación y seguridad, en un momento en que el Perú enfrenta una desaceleración económica y un aumento de la pobreza. Además, un colapso de Talara dejaría al país sin capacidad de refinación propia, dependiendo completamente de importaciones de combustible desde Chile o Ecuador, con el costo geopolítico que eso implica.

La pregunta ética que divide a la sociedad peruana es si los ciudadanos deben pagar por una deuda que no contrajeron. La refinería no fue consultada con las regiones afectadas, no ha generado los empleos prometidos y ha sido fuente de contaminación en Talara. Por eso, algunos sectores proponen declarar la deuda como “odiosa” y negociar una quita con los acreedores, algo que el gobierno descarta por temor a perder acceso a los mercados internacionales. Pero la presión social crece; en julio de 2025, la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por Petroperú presentó una demanda constitucional para impedir cualquier privatización sin consulta previa.

En el fondo, el debate sobre Talara es el debate sobre el modelo de desarrollo del Perú. ¿Será un país que administra sus recursos estratégicos con soberanía, aunque con ineficiencias? ¿O será uno que entrega el control a capitales privados para garantizar eficiencia, pero a costa de perder autonomía energética? La respuesta no será única ni fácil. Pero lo que sí es claro es que la decisión que se tome sobre Talara no solo definirá el futuro de Petroperú; definirá si el Perú del siglo XXI será un actor energético soberano o un mero exportador de materias primas sin capacidad de transformación.

Referencia

(1) Flexicoking es una tecnología avanzada de refinación que convierte los residuos pesados del petróleo (como el vacío residuo) en productos más ligeros y valiosos, como gasolina, diésel y gas licuado. Además, produce un gas limpio llamado flexigas que puede usarse como combustible dentro de la misma refinería o para generar electricidad.