Talara: la refinería que costó el doble, rinde la mitad y cuya depreciación arrastra a Petroperú a la quiebra

La empresa estatal petrolera enfrenta la crisis más severa de su historia. Con refinerías al borde de la paralización, una deuda insostenible y una refinería de Talara que costó el doble de lo previsto, el próximo gobierno heredará un rompecabezas que exigirá decisiones difíciles y urgentes.

Petroperú, la empresa estatal que durante décadas simbolizó la soberanía energética del Perú, navega hoy en aguas turbulentas que amenazan con hundirla por completo. La cifra que resume su crisis es contundente: US$ 7,899 millones de deuda total, de los cuales mas de la mitad—US$ 3,578 millones— son obligaciones de corto plazo que la empresa simplemente no puede honrar. Este panorama, revelado por el propio presidente de Petroperú, Roger Arévalo, ante el Congreso en abril de 2026, no es el resultado de una mala temporada; es el producto acumulado de años de decisiones cuestionables, sobrecostos millonarios y una pérdida acelerada de competitividad frente a operadores privados.

El epicentro de esta debacle tiene nombre propio: la Nueva Refinería de Talara. Concebida como la joya de la corona de la empresa, esta infraestructura terminó siendo su mayor lastre. Lo que debió costar alrededor de US$ 3,500 millones termino consumiendo entre US$ 6,000 y 6,500 millones, casi el doble del presupuesto original, con años de retraso en su inauguración y una capacidad operativa que nunca alcanzó lo prometido. Diseñada para procesar 95,000 barriles diarios, hoy apenas logra 60,000. Su valorización contable —US$ 7,103millones—representa la mayor parte del patrimonio de Petroperu, pero su depreciacion acumulada en solo tres años roza los US$ 1,000 millones, arrastrando las finanzas de la empresa hacia un abismo del que parece incapaz de salir.

La crisis ya no es teórica; ya tiene rostro operativo. La refinería de Iquitos está paralizada desde abril de 2026, siendo abastecida desde Lima a través de un complejo y costoso sistema logístico. Las refinerías de Talara y Conchán operan con producción reducida, alimentadas por un capital de trabajo que en realidad consiste en deuda con proveedores que ya no confían en la empresa. Como reconoció sin ambages el presidente de la empresa ante los legisladores: "Hemos financiado la refinería con capital de proveedores y no pagamos porque no tenemos plata". La advertencia es clara; sin una inyección urgente de US$ 2,000 millones— aunque la necesidad real asciende a US$ 2,500 millones—, las refinerías restantes también dejarán de funcionar, con el riesgo inminente de desabastecimiento de combustibles a nivel nacional.

Mientras tanto, Petroperú ha perdido terreno en el mercado de manera vertiginosa. Su participación cayó del 25-30% histórico a apenas 19-20%, y en Lima —su principal plaza— perdió la mitad de su cuota. La propuesta de la actual administración de lanzar una "pelea de precios" para recuperar clientes ha sido duramente criticada por analistas como David Tuesta, exdirector de la empresa, quien advierte que vender por debajo del costo equivaldría a "quemar" cualquier financiamiento que reciba la empresa. Es un círculo vicioso: sin mercado no hay ingresos, sin ingresos no hay capital de trabajo, sin capital de trabajo no hay operación, y sin operación no hay mercado.

Frente a este panorama, el gobierno del presidente José María Balcázar aprobó el Decreto de Urgencia 010-2025, que encarga a ProInversión la reorganización patrimonial de Petroperú bajo un esquema de "bloques patrimoniales" que permitiría la participación privada en la operación comercial manteniendo la propiedad estatal. La propuesta más concreta, confirmada en junio de 2026, es la concesión de la Refinería de Talara a un operador privado por un plazo de hasta 30 años. Sin embargo, esta iniciativa ha encontrado férreo rechazo en los sindicatos, particularmente en Fenpetrol, que la califica como una "privatización encubierta" y exige la derogatoria del decreto.

La tensión entre la necesidad de inyección de capital privado y la resistencia a ceder el control de activos estratégicos define el dilema central que heredará el próximo gobierno. Por un lado, Petroperú ha recibido aproximadamente US$ 5,000 millones en rescates estatales en los últimos años sin lograr revertir su crisis. Por otro, la concesión de Talara —el activo más valioso y problemático de la empresa— plantea interrogantes sobre soberanía energética que trascienden lo económico. El presidente Arévalo mismo ha cuestionado el mecanismo de ProInversión, sugiriendo que podría replicar esquemas previos de fragmentación de activos que terminaron en privatizaciones.

Más allá de la urgencia financiera, el próximo gobierno deberá enfrentar una deuda pendiente con la ciudadanía: investigar cómo una refinería "de poco tamaño, por muy moderna que sea" terminó costando casi el doble de lo presupuestado, con retrasos que dilataron su entrada en operación y un rendimiento que nunca justificó la inversión. El presidente de Petroperu ha anunciado que solicitará esta investigación, pero la concreción dependerá de la voluntad política del próximo ejecutivo. Paralelamente, deberá definir el modelo de empresa petrolera estatal que el Perú necesita: ¿una compañía integrada verticalmente que compita con privados en exploración, producción y refinación? ¿Una entidad reguladora estratégica con operadores privados en la gestión diaria? ¿O un proceso de reestructuración que, de no manejarse con transparencia, podría derivar en una liquidación encubierta?

La encrucijada es ineludible. El próximo gobierno no tendrá el lujo del tiempo: deberá decidir si aprueba el aval soberano de US$ 2,000 millones que Petroperú demanda para evitar la paralización total, si opta por una capitalización directa del Estado, o si acelera la entrada de capital privado bajo un esquema que garantice tanto la viabilidad económica como el control estratégico del Estado. Cualquiera sea la opción, requerirá algo que ha escaseado en los intentos previos de reestructuración: claridad de propósito, transparencia en la gestión y recursos significativos para una empresa que, pese a todo, sigue siendo responsable del abastecimiento de combustibles de millones de peruanos. La refinería de Talara, lejos de ser la solución que se prometió, se ha convertido en la metáfora perfecta de una crisis que no admite más postergaciones.