Perú: Gobernabilidad frágil, militarización y geopolítica; el triple desafío del nuevo gobierno

Un triunfo sin victoria. Keiko Fujimori llega a la Presidencia de la República con uno de los mandatos más frágiles de la historia democrática peruana. Con apenas el 17.19% en primera vuelta y un escaso 50.12% en el balotaje, su victoria del 7 de junio de 2026 representa menos un triunfo electoral que una supervivencia política. La suma de ambos candidatos alcanzó apenas el 29.22% del electorado, el registro más bajo para dos finalistas presidenciales, acompañado de la cifra récord de votos nulos de los últimos veinte años. En un país que ha tenido nueve presidentes en una década, Fujimori asume el cargo sin mayoría social, sin consenso político y con una legitimidad que nace debilitada desde el primer día de gestión. Esta debilidad interna no es un dato menor; condicionará cada decisión que tome, tanto en el ámbito doméstico como en el internacional.

El fantasma de los noventa y la tentación de los cuarteles. Para comprender lo que podría significar un gobierno Fujimori para las Fuerzas Armadas, es inevitable mirar hacia atrás. Durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), los militares peruanos pasaron de aceptar su subordinación al poder civil —conquistada con dificultad durante los años ochenta— a convertirse en garantes activos de una autocracia. Según análisis académicos sobre ese período, las Fuerzas Armadas jugaron un "papel poco honroso" al servir como soporte institucional de un gobierno que las utilizó para prevenir y controlar cualquier intento de oposición política, mediante chantaje, soborno o amenaza directa. Este protagonismo político decisivo ocurrió, paradójicamente, "a costa de ser poco profesionales", generando una abdicación militar de sus funciones constitucionales al mismo tiempo que el Estado abdicaba de sus principios democráticos. Hoy, con un gobierno igualmente minoritario y una promesa de campaña que grita "Perú con Orden", la tentación de recurrir a los cuarteles como aliado de última instancia será constante y peligrosa.

La encrucijada de las Fuerzas Armadas. Las FFAA peruanas han recorrido un largo camino de profesionalización desde el fujimorismo. Durante más de dos décadas, han avanzado hacia una mayor institucionalización, subordinación constitucional al poder civil y participación en misiones de paz internacional que les han valido reconocimiento global. Un gobierno Fujimori 2026 las coloca ante una encrucijada histórica; mantener la senda de la profesionalización apolítica o regresar a la lógica de los años noventa, donde la lealtad al ejecutivo primaba sobre la lealtad a la Constitución. La promoción de oficiales por lealtad política sobre mérito profesional, la asignación de funciones civiles a comandos militares y la utilización de la inteligencia castrense para fines partidarios son mecanismos sutiles pero efectivos de cooptación que debilitan la democracia sin necesidad de tanques en las calles. Si el ejecutivo, con su baja legitimidad electoral, enfrenta una crisis de gobernabilidad, la estrategia más probable será buscar en los militares un soporte institucional que el Parlamento y la sociedad civil le niegan, inaugurando una progresiva "militarización de la política" donde las FFAA pasan de garantes del orden constitucional a garantes del orden de gobierno.

La geopolítica como oportunidad: minerales y alineamiento regional. El contexto internacional, sin embargo, ofrece al nuevo gobierno algunas ventajas que no debe despreciar. En 2025-2026, América Latina ha visto un giro pronunciado hacia la derecha: triunfos en Ecuador, Bolivia, Chile y Costa Rica facilitan una alineación natural con Estados Unidos en temas de seguridad, comercio y lucha contra el narcotráfico. Más aún, Perú es el segundo productor mundial de cobre y posee reservas estratégicas de litio que lo convierten en una pieza clave de la transición energética global. EE. UU. y la Unión Europea están desesperados por diversificar sus cadenas de suministro lejos de China, y ya han firmado memorandos de entendimiento con Lima sobre minerales críticos. El 93% de la inversión minera peruana proviene del exterior, y la demanda global por estos recursos otorga al país un poder de negociación inédito. En teoría, un gobierno pragmático podría capitalizar esta posición para atraer inversiones occidentales, generar empleo y fortalecer su legitimidad económica.

La geopolítica como amenaza: China, la CIDH y el aislamiento. Pero la geopolítica es una espada de doble filo. China es el principal inversionista en minería peruana, con más de US$30,000 millones comprometidos y entre 10 y 12 empresas operando en el país, representando el 20.8% de la cartera minera total. Un gobierno que se alinee demasiado con Washington podría perturbar la confianza de estos capitales, que ya enfrentan escrutinio creciente en Occidente. Por otro lado, la propuesta fujimorista de salir de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —y la creación de un grupo de trabajo liderado por el sector Defensa para elaborar una "Ley de Soberanía Nacional"— genera tensión con la OEA, la UE y organismos de derechos humanos. El Perú ya ha desacatado 14 fallos de la Corte IDH, incluyendo la liberación de Alberto Fujimori. Una salida formal del sistema interamericano nos pondría en la misma lista que Venezuela y Trinidad y Tobago, con el consecuente costo reputacional, diplomático y económico. Inversores occidentales, especialmente europeos, ponen cada vez más énfasis en criterios ESG (1); un gobierno que debilita instituciones judiciales e internacionales puede ver mermada la confianza inversionista justo cuando más la necesita.

La sociedad como variable decisiva. El papel de las Fuerzas Armadas y el rumbo geopolítico del país no se definen únicamente desde el gobierno, sino también desde la sociedad. Si el pueblo peruano, agotado por la inestabilidad política y la violencia criminal, acepta o incluso demanda una mayor presencia militar en la vida pública, las FFAA tendrán menos incentivos para resistir la tentación del protagonismo político. Si, por el contrario, la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia y las propias instituciones militares mantienen una vigilancia activa sobre los límites constitucionales, será más difícil que se repita la historia de los noventa. En el plano internacional, la sociedad también juega un papel; la presión de organizaciones de derechos humanos, la vigilancia de la prensa independiente y la movilización ciudadana pueden moderar las decisiones autoritarias del ejecutivo o, al menos, visibilizar sus costos ante la comunidad internacional. El pueblo peruano, en este sentido, no es espectador pasivo sino actor determinante del escenario que se avecina.

El escenario de la vacancia y la incertidumbre institucional. Con un gobierno tan débil y un Congreso donde Fuerza Popular mantiene una bancada considerable pero no hegemónica, la posibilidad de una nueva vacancia presidencial no puede descartarse. En un país donde la destitución de mandatarios se ha convertido casi en rutina institucional, el rol de las Fuerzas Armadas ante una crisis de sucesión sería crucial. ¿Respetarán estrictamente la cadena constitucional? ¿Presionarán por una "salida institucional" que les otorgue mayor influencia? ¿O permanecerán en sus cuarteles mientras la política civil resuelve sus propios conflictos? La respuesta a estas preguntas definirá no solo el destino del gobierno Fujimori, sino el estado de salud de nuestra democracia. La debilidad interna del ejecutivo reduce, además, su capacidad de negociación en la arena internacional; necesita inversiones urgentes para generar empleo y crecimiento, lo que lo hace vulnerable ante presiones de actores externos, ya sea Washington, Pekín o Bruselas.

Una democracia bajo presión triple. Como pueblo, nos espera un quinquenio de alta incertidumbre institucional, militar y geopolítica. La combinación de un gobierno con baja legitimidad electoral, un Parlamento fragmentado, una sociedad desconfiada de la clase política y unas Fuerzas Armadas históricamente vulnerables ante la cooptación política crea un escenario donde la democracia peruana estará bajo presión constante. La pregunta central no es solo qué harán los militares, sino qué les pedirá el gobierno que hagan; no es solo qué ofrece la geopolítica, sino qué decisiones tomará un ejecutivo débil para capitalizarla o desperdiciarla. Si la estrategia de gobernabilidad se traduce en "orden sobre derechos" y "seguridad sobre libertades", las Fuerzas Armadas podrían verse nuevamente en la encrucijada entre su deber constitucional y la lealtad al ejecutivo. Si la política exterior se traduce en aislamiento de los organismos interamericanos y alineamiento unilateral con un solo polo de poder, Perú podría perder la ventaja estratégica que sus minerales le otorgan. La historia del fujimorismo nos advierte con crudeza; cuando un gobierno minoritario encuentra en los militares su principal sostén, el costo lo paga la democracia. Y cuando las Fuerzas Armadas aceptan ser garantes de la autocracia, pierden su profesionalismo, su honor institucional y, lo más grave, la confianza del pueblo al que juraron defender. El desafío no es solo del gobierno, ni solo de los militares, ni solo de la geopolítica: es de todos nosotros como sociedad.

(1) ESG son las siglas de Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social y de Gobernanza). Es un marco de criterios que los inversores y empresas utilizan para evaluar el comportamiento ético y sostenible de una organización o país, más allá de sus indicadores financieros tradicionales.