Perú abre sus fronteras militares a Estados Unidos: ¿un paso hacia la reconfiguración geopolítica andina?

El Congreso de la República del Perú aprobó el 4 de diciembre de 2025 la Resolución Legislativa 13436/2025-CR, autorizando el ingreso de personal militar estadounidense armado durante todo el año 2026. Con 73 votos a favor, 25 en contra y 2 abstenciones, la medida permite la presencia de efectivos del Departamento de Defensa de Estados Unidos en territorio peruano desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, con armamento de guerra incluyendo fusiles M4, pistolas Glock, ametralladoras M249 y sistemas de morteros. La justificación oficial apunta a "actividades de cooperación de entrenamiento" con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, amparada en el artículo 102 de la Constitución peruana que faculta al Legislativo a autorizar el paso de tropas extranjeras sin afectar la soberanía nacional.

La autorización especifica una presencia rotativa cada tres a seis meses en regiones estratégicas como Lima, Callao, Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali, Cusco, Ayacucho y Puerto Maldonado. Las unidades peruanas involucradas incluyen comandos de inteligencia y fuerzas especiales del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y unidades antidrogas de la PNP como DIROPESP y DIRANDRO . Aunque oficialmente no está vinculada a las tensiones entre Washington y Caracas, la temporalización resulta notable: coincide con el periodo de transición presidencial en Estados Unidos y la profundización de la crisis venezolana, levantando suspicacias sobre los verdaderos objetivos estratégicos.

Esta decisión no es un hecho aislado. En 2023, el Congreso autorizó una presencia similar de junio a diciembre, y en noviembre 2024 ingresaron 600 militares estadounidenses para la seguridad del APEC. El Marco Estratégico de Defensa firmado en 2022 entre ambos países ya contemplaba cooperación militar ampliada. No obstante, la novedad reside en la duración —todo un año calendario— y en el contexto regional: mientras Rusia fortalece lazos con Venezuela y Bolivia, y China expande su influencia económica en la región mediante la Iniciativa de la Franja y la Ruta, Perú opta por un alineamiento defensivo explícito con Washington.

El año 2026 resulta particularmente significativo para Perú, ya que el país celebrará elecciones generales el 12 de abril, donde se elegirán presidente, vicepresidentes y un renovado Congreso bicameral de 190 parlamentarios. Además, el 4 de octubre se realizarán elecciones regionales y municipales para gobernadores y alcaldes. Esta coincidencia temporal levanta interrogantes sobre la influencia de la presencia militar extranjera en el clima electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha calificado estos comicios como "los más complejos de la historia" con más de 40 partidos políticos inscritos, mientras que la decisión de autorizar tropas estadounidenses fue aprobada por un Congreso que podría tener composición radicalmente diferente a partir de julio de 2026.

La primera gran consecuencia geopolítica es el fortalecimiento del ancla estadounidense en el corredor andino. Perú se convierte en plataforma logística para operaciones de contrainsurgencia, entrenamiento antiterrorista y vigilancia de rutas del narcotráfico que conectan los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) con la frontera colombiana y brasileña. Esta presencia permite a EEUU contrarrestar la influencia rusa en la región amazónica compartida, donde Moscú ha realizado ejercicios militares con Venezuela en los últimos años. Además, otorga a Washington un activo diplomático para presionar a Bolivia, históricamente renuente a la presencia militar estadounidense.

En segundo lugar, la medida profundiza la polarización latinoamericana en torno a la crisis venezolana. Mientras Perú, Chile y Colombia refuerzan vínculos militares con EEUU, el eje bolivariano —Venezuela, Cuba, Nicaragua y, parcialmente, Bolivia— interpretará esta decisión como una "cercanía estratégica" que legitima posibles intervenciones en la región. La autorización podría ser utilizada por Caracas para justificar mayor presencia militar rusa o china en su territorio, argumentando "defensa colectiva" ante lo que perciben como una escalada en la doctrina Monroe renovada. Esto produce tensiones en frágil equilibrio en el Consejo de Defensa Suramericano (Unasur).

Tercero, despierta reacciones de cautela entre socios regionales clave. Brasil, aunque aliado histórico de EEUU, ha mantenido una política de "no intervención" y podría ver con recelo la militarización peruana de regiones amazónicas limítrofes. Argentina, bajo su nueva orientación política, podría criticar la medida como una "cesión de soberanía". México, defensor de la autodeterminación, mantendrá silencio diplomático pero podría reducir aun mas su cooperación con Perú en organismos multilaterales. La reunión del Grupo de Lima, prácticamente disuelta, podría revivirse como plataforma de presión contra Venezuela, con Perú como punto de apoyo logístico.

Finalmente, la decisión plantea interrogantes sobre la autonomía estratégica peruana. Aunque la Constitución prohíbe bases extranjeras, la presencia continua durante 365 días con rotación trimestral o semestral acerca a Perú al modelo de "acuerdos de cooperación militar permanente" de España o Japón con EEUU. Esto limita la capacidad de Lima para ejercer una política exterior equidistante entre las grandes potencias, especialmente en temas comerciales con China, su principal socio económico. La dependencia tecnológica y de inteligencia militar estadounidense podría condicionar decisiones soberanas en temas de seguridad interna, como la gestión del VRAEM o la lucha contra la minería ilegal.

A mediano plazo, la presencia militar estadounidense en Perú podría catalizar una respuesta asimétrica de potencias competidoras. China, interesada en el litio peruano y en la ruta interoceánica, podría acelerar inversiones en infraestructura dual (civil-militar) o fortalecer lazos con Bolivia y Argentina para crear un corredor alternativo. Rusia, por su parte, podría ofrecer sistemas de defensa antiaérea a Venezuela o Nicaragua como contrapeso. La región andina se configura así como un tablero de ajedrez geopolítico donde pequeñas decisiones nacionales —como esta autorización peruana— tienen efectos de cascada en la estabilidad continental.

En sintesis, la autorización de tropas estadounidenses para 2026 representa más que un ejercicio de cooperación militar; es una señal geopolítica de realineamiento estratégico. Perú elige fortalecer su alianza defensiva con Washington en un momento de transición global, sacrificando margen de maniobra autónoma a cambio de capacidades operativas y respaldo diplomático. Las consecuencias —tanto internas como regionales— dependerán de cómo se gestione la transparencia de estas operaciones y de la capacidad de Lima para demostrar que, efectivamente, no se trata de una instalación encubierta de bases militares, sino de una cooperación que preserve la soberanía nacional mientras navega por las turbulentas aguas de una América Latina cada vez más polarizada.