Perú 2026: Cuando el voto se muda al Ciberespacio

El próximo proceso electoral de 2026 marcará un antes y un después en la historia democrática del Perú. Por primera vez, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) implementará el voto digital, una modalidad que permitirá a los ciudadanos ejercer su derecho al sufragio desde cualquier lugar del mundo o incluso desde sus hogares mediante dispositivos electrónicos. Esta transformación tecnológica, anunciada como una "realidad" por las autoridades electorales, representa un salto sin precedentes en la participación democrática, pero también desata una serie de interrogantes sobre su viabilidad técnica y seguridad.

La inteligencia artificial se erige como protagonista indiscutible de esta nueva era electoral. El JNE ha desarrollado EleccIA, una herramienta que utiliza algoritmos de machine learning para analizar miles de documentos: desde planes de gobierno hasta hojas de vida de candidatos, pasando por expedientes digitales que antes requerían revisión manual. Esta tecnología promete agilizar procesos que tomaban semanas en apenas horas, pero también introduce la posibilidad de que decisiones críticas sobre la elegibilidad de candidatos queden en manos de algoritmos opacos cuyos criterios de evaluación no siempre son transparentes.

Los riesgos de la IA generativa representan quizás la amenaza más insidiosa para la integridad del proceso electoral. Con la democratización de herramientas como ChatGPT o sistemas de deepfake, cualquier actor político puede generar videos falsos de candidatos, audios manipulados o campañas de desinformación masiva que lleguen a millones de peruanos a través de WhatsApp y redes sociales. La velocidad con la que estas tecnologías pueden crear y difundir contenido engañoso supera con creces la capacidad de verificación de las instituciones democráticas, creando un escenario donde la mentira viaja más rápido que la verdad.

La brecha digital emerge como un factor de desigualdad democrática que podría distorsionar el resultado electoral. Mientras los partidos con mayor capacidad tecnológica pueden segmentar mensajes hiper-personalizados para nichos específicos de votantes, especialmente jóvenes urbanos, los sectores rurales y adultos mayores quedan más expuestos a campañas de desinformación. Esta asimetría tecnológica no solo afecta la equidad del proceso, sino que profundiza las divisiones sociales al permitir que diferentes grupos reciban realidades informativas completamente distintas sobre los mismos candidatos y propuestas.

El marco legal peruano sobre inteligencia artificial muestra una alarmante desconexión entre avances tecnológicos y regulación. Aunque existe la Ley Nº 31814 sobre IA, aprobada en 2022, su implementación práctica sigue pendiente de reglamentación. Esta laguna legal significa que el uso de algoritmos en campañas, la recolección de datos personales para microsegmentación de votantes, o la creación de contenido sintético se desarrolla en un vacío normativo donde no hay límites claros ni sanciones específicas para quienes abusen de estas tecnologías.

La ciberseguridad electoral revela vulnerabilidades estructurales que podrían comprometer todo el proceso. El JNE ya ha detectado miles de fichas de afiliación partidaria con firmas falsas digitalmente fabricadas, un presagio de cómo la tecnología puede usarse para manipular el sistema político desde sus cimientos. Más allá de las firmas, los sistemas de transmisión de resultados, las bases de datos de votantes y las plataformas de voto remoto se convierten en blancos potenciales para ataques que podrían alterar resultados o sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso.

Los desafíos técnicos del voto digital van más allá de la simple implementación de una aplicación. Requiere una infraestructura robusta de servidores, protocolos de encriptación de grado militar, sistemas de auditoría transparentes y mecanismos de verificación que garanticen que cada voto fue emitido libremente y sin coacción. La experiencia internacional muestra casos como los de Estonia, donde el voto digital funciona después de décadas de inversión, contrastando con fracasos espectaculares en países que intentaron implementarlo sin preparación adecuada.

La transparencia algorítmica surge como un principio fundamental para generar confianza en el proceso. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo los algoritmos del JNE evalúan a los candidatos, qué criterios ponderan más en sus decisiones, y qué sesgos podrían estar incorporando. Esta transparencia no significa revelar el código fuente completo, pero sí exige explicaciones claras y verificables sobre los procesos de toma de decisiones automatizadas que impactan la vida democrática del país.

La preparación institucional muestra deficiencias críticas que deben abordarse urgentemente. A diferencia de países como Canadá o Alemania que cuentan con equipos especializados de ciberseguridad electoral, el Perú aún no ha establecido protocolos claros de respuesta ante incidentes cibernéticos durante el proceso electoral. La falta de simulacros, la ausencia de alianzas con firmas internacionales de ciberseguridad y la limitada capacitación del personal electoral en temas digitales crean un escenario vulnerable ante ataques sofisticados.

El camino hacia 2026 exige un esfuerzo coordinado entre instituciones, sociedad civil y sector tecnológico para construir un sistema electoral resiliente. Esto incluye reglamentar urgentemente la ley de IA, establecer un observatorio de desinformación electoral con participación universitaria, implementar auditorías éticas de algoritmos, y crear campañas masivas de alfabetización digital que preparen a los ciudadanos para navegar un entorno informativo cada vez más complejo. Solo mediante esta preparación integral podremos garantizar que las elecciones 2026 no solo sean las más tecnológicas de nuestra historia, sino también las más seguras y confiables.