La nueva Geopolítica energética de Lima: Disputa por el control eléctrico

La distribución de energía eléctrica en Lima ha experimentado una transformación radical que reconfigura el panorama energético peruano. En junio de 2024, China Southern Power Grid International (CSGI) concretó la adquisición de las operaciones de Enel Perú por USD 3,100 millones, consolidando una concentración sin precedentes en el mercado limeño. Esta operación, aprobada por Indecopi bajo estrictas condiciones anti-monopólicas, situó a dos corporaciones estatales chinas al mando del suministro eléctrico de la capital, generando debates sobre soberanía energética y competencia en el sector. La transacción representa el movimiento estratégico más significativo en la historia del sistema eléctrico peruano, con implicaciones que trascenderán las próximas dos décadas.

CSGI opera ahora bajo la marca Pluz Energía, controlando el 54% del mercado de distribución limeño. Su red abarca 1.6 millones de clientes en el norte de Lima Metropolitana y provincias adyacentes, incluyendo Callao, Chancay, Huaura, Huaral, Barranca y Oyón. La infraestructura heredada de Enel comprende 128 subestaciones eléctricas y 126 centros de distribución, transformando a CSGI en el actor dominante del sector con capacidad para influenciar directamente la calidad del servicio y los estándares operativos en la región más densamente poblada del país. Este control le otorga poder de negociación sustancial en el mercado mayorista y define la experiencia de millones de usuarios residenciales y comerciales.

Completando el duopolio, China Three Gorges Corporation mantiene el 46% restante del mercado a través de Luz del Sur, empresa que ya gestionaba la distribución en el sur de Lima y sectores estratégicos de la capital. Juntas, estas dos corporaciones estatales chinas atienden a casi 3 millones de clientes, representando aproximadamente un tercio del mercado eléctrico nacional. Esta concentración del 100% del mercado de distribución en Lima en manos de una misma nación genera preocupación en la Sociedad Nacional de Industrias y organizaciones civiles, que advierten sobre los riesgos de una dependencia excesiva de decisiones corporativas sujetas a intereses geopolíticos extranjeros, más allá de las necesidades del consumidor peruano.

El marco regulatorio establecido por Indecopi intenta mitigar riesgos mediante condiciones específicas que rigen la operación hasta 2030. Pluz Energía está obligada a adquirir energía exclusivamente a través de licitaciones reguladas, sin poder modificar contratos que incrementen precios para los usuarios regulados, definidos como aquellos con demanda menor a 200 kW anuales. Osinergmin, como supervisor del sector, debe monitorear estrictamente el cumplimiento de estas condiciones anti-competitivas, aunque expertos señalan que los marcos regulatorios no son infalibles y requieren vigilancia constante para evitar abusos de posición dominante en el sistema de distribución eléctrica limeño.

Los desafíos más críticos radican en la soberanía energética y la estabilidad tarifaria a largo plazo. La concentración duopolística crea una situación donde decisiones corporativas en Beijing pueden impactar directamente la economía limeña, generando vulnerabilidad estructural. Aunque las condiciones actuales protegen a consumidores regulados hasta 2030, la Sociedad Nacional de Industrias alerta que postergar la revisión de precios solo aplaza el problema: una vez vencidas estas restricciones, la ausencia de competencia efectiva podría derivar en alzas arbitrarias. Además, la dependencia de un único país inversionista limita la diversificación tecnológica y reduce la capacidad del Perú para negociar en términos equitativos.

La transición energética plantea otro desafío complejo para el duopolio chino. Perú genera apenas el 5% de su energía de fuentes renovables no convencionales, con una matriz dominada por hidroelectricidad (53%) y gas natural (37%). La integración masiva de energía solar y eólica distribuida requiere inversiones masivas en redes inteligentes, almacenamiento energético y modernización de infraestructura, decisiones que ahora recaen en dos empresas cuya agenda estratégica puede no priorizar la descarbonización peruana. La inestabilidad de la red reportada en algunas zonas de Lima evidencia la necesidad urgente de mejoras técnicas, pero la ausencia de competencia podría reducir los incentivos para inversiones de calidad.

A corto plazo, hasta 2030, el escenario está definido por el monitoreo regulatorio y la contención tarifaría. Osinergmin debe evaluar periódicamente el cumplimiento de las condiciones impuestas, mientras que Indecopi mantiene facultades para intervenir ante conductas anti-competitivas. Durante este período, la demanda eléctrica en Lima continuará creciendo por la expansión urbanística y el desarrollo económico, presionando la capacidad instalada. La capacidad del Perú para mantener independencia regulatoria será crucial; expertos advierten que el país no puede perder su capacidad de regular y supervisar el sistema eléctrico, independientemente de la nacionalidad de los operadores privados.

En el mediano plazo (2030-2040), el vencimiento de las restricciones marcará un momento de inflexión crítico. Se podrán revisar acuerdos de suministro, renegociar condiciones contractuales y potencialmente ajustar tarifas, lo que genera incertidumbre para consumidores e industrias. Simultáneamente, los compromisos internacionales del Perú de reducir 30% de gases de efecto invernadero para 2030 exigirán acelerar la integración de renovables, requiriendo inversiones que el duopolio deberá ejecutar. La calidad de estas inversiones, su velocidad y alineación con las necesidades nacionales dependerá de la efectividad de la regulación y la presión de la sociedad civil.

El largo plazo (2040+) plantea la necesidad imperiosa de diversificar la inversión y fortalecer la resiliencia del sistema. La dependencia casi exclusiva de capital chino crea vulnerabilidades geopolíticas que podrían afectar la seguridad energética de Lima en contextos de tensión internacional o cambios en la política exterior china. Desarrollar un marco que incentive la participación de inversionistas de múltiples países, junto con el fortalecimiento de empresas públicas peruanas, será esencial para crear un sistema más robusto. La transición hacia una matriz verdaderamente sostenible demandará redes inteligentes con capacidad de gestionar la generación distribuida y sistemas de almacenamiento a escala, tecnologías donde la competencia global puede ofrecer mejores soluciones.

La distribución eléctrica en Lima enfrenta un futuro determinado por la tensión entre control corporativo extranjero y soberanía nacional. La concentración duopolica china ofrece estabilidad financiera y capacidad de inversión, pero impone riesgos de monopolio, vulnerabilidad geopolítica y potencial incremento tarifario post-2030. La ciudad requiere una vigilancia ciudadana y empresarial activa, regulación fortalecida y diversificación de inversiones para garantizar que esta estructura beneficie al consumidor peruano y no convertir la energía eléctrica en un instrumento de presión geopolítica. El futuro energético de Lima dependerá de la capacidad del Estado peruano para mantener un marco regulatorio sólido, exigente y anticipatorio, que proteja los intereses de 10 millones de limeños dependientes de este servicio esencial.