La distopía económica del Perú: Cuando el crecimiento no llega a la gente

En las últimas dos décadas, el Perú ha sido presentado como un ejemplo de estabilidad macroeconómica en América Latina. Con tasas de crecimiento del PIB superiores al promedio regional, baja inflación y sólidas reservas internacionales, los indicadores oficiales pintan un cuadro de éxito económico. Sin embargo, detrás de esa fachada de orden y progreso se esconde una realidad muy distinta: una distopía económica en la que los beneficios del crecimiento no llegan a la mayoría de la población.

Esta distopía se manifiesta en la profunda brecha entre la macroeconomía y la microeconomía. Mientras el Estado y organismos internacionales celebran el buen manejo de las cuentas públicas, millones de peruanos enfrentan una vida marcada por la informalidad, la inseguridad laboral y la carencia de servicios básicos. El PIB puede crecer, pero si ese crecimiento no se traduce en empleo digno, educación de calidad o salud accesible, no hay desarrollo real.

El modelo económico peruano ha dependido históricamente de la exportación de materias primas, especialmente la minería. Este enfoque ha generado ingresos importantes para el fisco y las empresas, pero con escaso impacto en la generación de empleo estable y bien remunerado. Además, muchas regiones productoras enfrentan contaminación ambiental, conflictos sociales y una distribución injusta de los beneficios, lo que evidencia un crecimiento excluyente y no sostenible.

Uno de los rasgos más preocupantes de esta distopía es la persistente informalidad laboral. Según el INEI, más del 70% de los trabajadores peruanos están en la economía informal, sin acceso a seguro de salud, pensiones ni estabilidad. Esto significa que, a pesar de que el país "crece", la mayoría de sus ciudadanos carece de protección social y vive al día, sin redes de seguridad ante crisis como enfermedades o despidos.

La pobreza, aunque ha disminuido en los últimos años, sigue siendo un problema estructural. En 2023, cerca de tres de cada diez peruanos vivían en pobreza, y en regiones como Huancavelica o Ayacucho, esta supera el 50%. Mientras tanto, en distritos de Lima se abren centros comerciales de lujo y se consumen productos importados. Esta dualidad geográfica y social refleja una nación profundamente fragmentada, donde el progreso es un privilegio de unos pocos.

El Estado peruano, a pesar de contar con recursos, ha sido incapaz de invertir de forma eficaz en capital humano. La calidad de la educación pública es deficiente, el sistema de salud está colapsado y el acceso a vivienda digna sigue siendo un reto. Esta debilidad institucional impide que el crecimiento económico se transforme en desarrollo humano sostenible, perpetuando ciclos de desigualdad y pobreza intergeneracional.

La corrupción y la inestabilidad política profundizan esta distopía. Año tras año, escándalos de desvío de fondos públicos erosionan la confianza ciudadana. Los recursos que deberían destinarse a escuelas, hospitales o infraestructura terminan en manos de corruptos, mientras las políticas públicas se vuelven incoherentes y de corto plazo por la constante rotación de gobiernos.

Además, el sistema tributario peruano es profundamente injusto. Las personas que más ganan pagan proporcionalmente menos impuestos, mientras los sectores medios y populares cargan con una mayor presión indirecta (como el IGV). Esto limita la capacidad del Estado para redistribuir la riqueza y financiar políticas sociales transformadoras, manteniendo una estructura económica regresiva.

Superar esta distopía exige un cambio de rumbo. Es necesario diversificar la economía hacia sectores con mayor valor agregado, promover la formalización del empleo, fortalecer las instituciones y garantizar una fiscalidad más justa. Pero, sobre todo, se requiere un compromiso ético; una economía al servicio de las personas, no solo de los indicadores.

El Perú no necesita más crecimiento a cualquier costo, sino un crecimiento con inclusión, dignidad y sostenibilidad. Mientras siga existiendo una brecha tan amplia entre lo que dicen los números macroeconómicos y lo que viven los ciudadanos en su cotidianidad, el país seguirá atrapado en una distopía: la de una economía que funciona sobre el papel, pero que falla en lo humano. El verdadero desarrollo no se mide en trillones de dólares, sino en la calidad de vida de cada persona.