La crisis del Estrecho de Ormuz: Un punto de inflexión para la energía en América Latina

La firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán el 17 de junio de 2026 marca el fin de una de las crisis energéticas más devastadoras de la historia moderna. Durante casi cuatro meses, el bloqueo del Estrecho de Ormuz —por donde transitaba una quinta parte del petróleo comercializado mundialmente— paralizó el comercio energético global, elevando los precios del crudo Brent hasta los 146 dólares por barril y generando una crisis de suministro sin precedentes. El acuerdo, que incluye la reapertura inmediata del estrecho al tránsito comercial, el cese del bloqueo naval estadounidense a puertos iraníes y un alto el fuego de 60 días, representa un alivio inmediato para los mercados, aunque los desafíos operativos —como la remoción de minas que podría extenderse seis meses y las primas de seguro de guerra en máximos históricos— indican que la normalización completa será un proceso gradual.

América Latina ha experimentado los efectos de esta crisis de manera profundamente asimétrica, revelando las vulnerabilidades estructurales y las oportunidades estratégicas de la región. Mientras los países exportadores de petróleo —Brasil, Guyana, Venezuela, Colombia y Ecuador— han visto incrementar sus ingresos fiscales de manera exponencial, las economías importadoras netas —Chile, Centroamérica, el Caribe, Uruguay y Perú— han sufrido presiones inflacionarias severas sin mecanismos de compensación. Esta dualidad expone una realidad que la región no puede ignorar: la dependencia energética no es solo un problema de precios, sino una cuestión de soberanía económica y estabilidad social que exige respuestas coordinadas a nivel regional.

Brasil emerge como el caso más ilustrativo de cómo un país puede capitalizar una crisis global para fortalecer su posición económica. Con una producción cercana a los cuatro millones de barriles diarios y una matriz energética diversificada que incluye el etanol de caña de azúcar en el 30% de la mezcla de gasolina, el gigante sudamericano logró amortiguar el impacto inflacionario doméstico mientras sus exportaciones redirigidas hacia Asia se vendían a precios premium. El real se fortaleció hasta los 5.15 por dólar, cerca de su máximo en dos años, y el índice Ibovespa registró una ganancia del 16.35% en el primer trimestre de 2026. Sin embargo, este éxito parcial oculta una vulnerabilidad crítica: Brasil depende del 95% de sus importaciones de fertilizantes, insumo esencial para mantener su liderazgo agrícola global, y la crisis de Ormuz interrumpió severamente las cadenas de suministro de urea y fosfatos.

Guyana representa el caso más extremo de transformación positiva, consolidándose como el principal beneficiado de la región. Con una producción de 900,000 barriles diarios y un consumo doméstico mínimo, este pequeño país sudamericano ha experimentado un crecimiento económico explosivo que lo posiciona como una de las economías de más rápido crecimiento del mundo. Su modelo —producción offshore masiva con poblaciones pequeñas— ofrece una lección sobre cómo la abundancia de recursos naturales, bien gestionada, puede generar transformación estructural. No obstante, la historia de América Latina está plagada de ejemplos de la "maldición de los recursos", y Guyana enfrenta el desafío de convertir sus ingresos petroleros en desarrollo sostenible antes de que el ciclo de precios altos termine.

Perú, Chile, Centroamérica, el Caribe y Uruguay ejemplifican las consecuencias de una dependencia energética no mitigada en economías vulnerables. Chile, que importa la mayor parte de su consumo de crudo y productos refinados, vio su peso depreciarse 14.8 unidades frente al dólar, mientras que los precios de combustible en Uruguay alcanzaron los 2.32 dólares por litro, los más altos de la región. Perú, por su parte, ha enfrentado una situación particularmente compleja: aunque produce petróleo en la selva amazónica —alrededor de 40,000 barriles diarios— su producción doméstica cubre apenas el 15% de la demanda nacional, obligando a importar el 85% restante. La crisis de Ormuz exacerbó una vulnerabilidad estructural ya existente: el colapso de la refinería de Talara, que opera al 30% de su capacidad por mantenimiento diferido, y la dependencia de importaciones de diésel para el sector minero —que consume el 40% de la energía del país— y de gas licuado de petróleo (GLP) para el 70% de los hogares peruanos. La inflación de combustibles en Perú superó el 25% durante el pico de la crisis, impactando directamente el costo de transporte de alimentos desde la sierra hacia la costa y encareciendo la canasta básica en una economía donde el 30% de la población ya vive en pobreza. El gobierno peruano, con limitada capacidad fiscal para subsidiar combustibles, se vio obligado a aplicar una reducción temporal del impuesto selectivo al consumo de combustibles, una medida que alivió parcialmente el impacto pero que redujo los ingresos fiscales en un momento de creciente necesidad de inversión pública.

La dimensión agrícola de la crisis ha sido particularmente devastadora y poco comprendida. Más allá del petróleo, el Estrecho de Ormuz es una arteria crítica para el comercio de fertilizantes: el 50% de las exportaciones mundiales de urea y azufre, y el 20% del gas natural licuado —insumo para fertilizantes nitrogenados— transitaban por estas aguas. Brasil y Argentina, potencias agrícolas globales, enfrentan ahora un déficit proyectado de 1 a 3 millones de toneladas de fosfato para la temporada 2026-2027, lo que podría reducir los rendimientos de trigo, maíz y soja. Perú, como importador neto de fertilizantes —dependiente del 100% de sus necesidades de urea y el 80% de fosfatos— ha visto incrementarse los costos de producción de sus cultivos de exportación como espárragos, palta, arándanos y café, comprometiendo su competitividad en mercados internacionales. Esta interconexión entre energía y seguridad alimentaria demuestra que las crisis del siglo XXI no respetan fronteras sectoriales y requieren enfoques integrados de política pública.

El futuro energético de América Latina se redefine en este contexto, con proyecciones que sugieren un papel cada vez más central en el suministro global. Para 2030, se espera que Brasil alcance los cinco millones de barriles diarios —un incremento del 30%— y Guyana duplique su producción actual hasta 1.7 millones de barriles diarios. Argentina, con el potencial de Vaca Muerta, podría convertirse en un jugador significativo si resuelve sus restricciones de infraestructura y políticas regulatorias. Además, Argentina y México podrían duplicar su capacidad de exportación de gas natural licuado, diversificando aún más la oferta energética regional. Perú, aunque no proyecta convertirse en exportador de petróleo, tiene una oportunidad estratégica en la transición energética: su potencial hidroeléctrico aún subutilizado —solo el 50% de su capacidad identificada está desarrollada— y los recursos de litio en Puno y Arequipa lo posicionan como un actor relevante en la cadena de suministro de baterías para vehículos eléctricos. Sin embargo, esto requiere inversiones en infraestructura, estabilidad regulatoria y gobernanza que el país ha luchado por mantener en los últimos años.

La lección fundamental de la crisis de Ormuz para América Latina es la urgente necesidad de una estrategia energética y de seguridad alimentaria regional que trascienda los ciclos de precios. Si bien el acuerdo de paz ofrece alivio inmediato —con el Brent cayendo por debajo de los 78 dólares por barril y los primeros petroleros cruzando el estrecho el 18 de junio—, la volatilidad estructural persiste: Israel no participó en las negociaciones y mantiene operaciones en el Líbano, el Congreso estadounidense debe aprobar el levantamiento de sanciones, y la remoción de minas es un proceso de meses. Para Perú, específicamente, la crisis ha evidenciado la urgencia de modernizar su infraestructura de refinación, diversificar su matriz energética hacia renovables, y desarrollar reservas estratégicas de combustibles que actualmente son inexistentes. La experiencia de países como Brasil, que combinó producción petrolera con biocombustibles, ofrece un modelo adaptable al contexto peruano, donde la agroindustria de la caña de azúcar en la costa norte podría contribuir a una matriz de biocombustibles regional. En última instancia, la crisis del Estrecho de Ormuz ha demostrado que en un mundo interconectado, la seguridad energética no es un lujo de las naciones ricas, sino una condición indispensable para el desarrollo sostenible de todas las economías, y que la vulnerabilidad de un país como Perú —con recursos naturales abundantes pero infraestructura deficiente— es un recordatorio de que la posesión de recursos no garantiza seguridad sin inversión, planificación y gobernanza efectiva.