El colapso silencioso: el sistema de pensiones de Peru ante la informalidad y el envejecimiento

El sistema de pensiones en el Perú enfrenta una crisis estructural que pocos quieren nombrar en voz alta. Con una tasa de informalidad laboral que supera el 70% de la población económicamente activa, la mayoría de los peruanos trabaja sin contrato, sin planilla y, lo más grave, sin aportes previsionales. Según datos de la ENAHO 2022, aproximadamente 13.4 millones de personas operan en la informalidad, lo que significa que siete de cada diez trabajadores no cotizan ni a la ONP ni a las AFP. Esta realidad convierte al sistema previsional peruano en un mecanismo diseñado para una minoría, mientras la mayoría de la población envejece sin red de protección alguna.

La informalidad no es solo un problema laboral; es un problema de exclusión previsional. Solo el 22% de la PEA (1) peruana está afiliada al Sistema Privado de Pensiones (AFP) o al Sistema Nacional de Pensiones (ONP), lo que deja a una proporción abrumadora de trabajadores sin acumulación de fondos para su vejez. Cuando estos trabajadores lleguen a los 65 años, no tendrán pensión contributiva. Dependerán exclusivamente de programas asistenciales como la Pensión 65, que actualmente otorga apenas S/ 350 mensuales a personas en extrema pobreza. Según proyecciones del BID, aproximadamente el 50% de los adultos mayores peruanos actuales carece de cualquier tipo de protección previsional, una cifra que resulta inaceptable para un país que aspira a ser desarrollado.

El declive demográfico acelera la crisis. El índice de fecundidad en el Perú ha caído de 3.91 hijos por mujer en 1990 a apenas 1.97 en 2024, por debajo de la tasa de reemplazo de 2.1. Esto significa que cada generación será numéricamente menor que la anterior. Para 2050, los adultos mayores de 60 años representarán el 31.9% de la población, frente al 12.6% registrado en 2020. La pirámide poblacional se invertirá; habrá más personas mayores que niños, y la base de cotizantes jóvenes será insuficiente para sostener económicamente a una masa creciente de jubilados. En un sistema de capitalización individual como el de las AFP, esto no genera déficit actuarial directo, pero sí una presión fiscal inmensa cuando millones de ancianos sin fondos recurran al Estado.

Las AFP, por su parte, operan con rentabilidades históricas reales cercanas al 8%, superiores al promedio regional. Sin embargo, sus comisiones —que oscilan entre el 1.47% y el 1.69% sobre flujo más prima de seguro— reducen significativamente el monto final acumulado por los afiliados. Un trabajador formal con sueldo mínimo que aporta 20 años acumula aproximadamente S/27,000, que con rentabilidad podría llegar a S/80,000. Pero para obtener una pensión mínima de S/ 600 mensuales se requiere un fondo de al menos S/120,000. Esa brecha de S/40,000 deberá ser cubierta por el Estado, lo que evidencia que incluso los cotizantes formales no alcanzan la autosuficiencia previsional.

La reforma de pensiones de 2025, materializada en la Ley N° 32123, intenta responder a esta crisis con medidas como la pensión mínima garantizada de S/600, la afiliación obligatoria a partir de los 18 años, y el aporte por consumo del 1% sobre compras con boleta electrónica. También incorpora a adultos mayores de 75 años en condición de pobreza no extrema al programa Pensión 65. No obstante, estos avances son insuficientes ante la magnitud del problema. La pensión de S/600 apenas supera la línea de pobreza, y el aporte por consumo, con tope de 8 UIT anuales, no generará ahorros significativos para la mayoría. La reforma no ataca la raíz; la informalidad laboral estructural que condena a siete de cada diez peruanos a la precariedad previsional.

El futuro de los jubilados peruanos se dibuja en tonos grises. Para 2050, se proyectan entre 8.7 y 9.5 millones de adultos mayores. Si la cobertura contributiva solo alcanza al 30% de ellos —escenario optimista según el BID— el Estado deberá financiar pensiones no contributivas para más de 6 millones de personas. La carga fiscal será inmensa en un contexto donde la base tributaria no crece proporcionalmente. Los retiros masivos de fondos durante la pandemia (2020-2022), donde aproximadamente 5 millones de afiliados agotaron sus cuentas de capitalización individual, dejaron al sistema en una posición de extrema fragilidad. Esos fondos, destinados originalmente a la vejez, fueron utilizados como seguro de desempleo de facto, destruyendo décadas de acumulación previsional.

La contradicción central del sistema peruano es que funciona razonablemente bien para quienes cotizan consistentemente —especialmente trabajadores formales de ingresos medios y altos— pero excluye sistemáticamente a la mayoría. Las AFP generan rentabilidad, administran fondos equivalentes al 21% del PBI y contribuyen al financiamiento productivo. Sin embargo, son irrelevantes para el 70% de la población que nunca aportará. Este diseño dual —un sistema previsional para una minoría y la indigencia para la mayoría— perpetúa la desigualdad intergeneracional y condena a millones de peruanos a envejecer en la pobreza.

La solución no puede ser meramente paramétrica. Ajustar edades de jubilación, comisiones o montos de pensión mínima resulta insuficiente cuando el problema radica en la estructura del mercado laboral. Se requiere una transformación profunda que reduzca drásticamente la informalidad mediante incentivos fiscales claros para la formalización, protección laboral real para los trabajadores independientes, y mecanismos de ahorro previsional adaptados a la realidad de los informales. La experiencia internacional demuestra que los sistemas de capitalización individual, como el peruano, requieren altos niveles de formalidad para ser sostenibles. Sin ella, el sistema colapsa por exclusión, no por diseño.

El Perú tiene aproximadamente dos décadas para revertir esta tendencia antes de que el envejecimiento poblacional se convierta en una carga fiscal insostenible. La ventana de oportunidad se cierra rápidamente; cada año que pasa con el 70% de informalidad, se condena a una nueva cohorte de trabajadores a la vejez sin protección. El país debe decidir si construye un sistema previsional universal e inclusivo, o si acepta que la mayoría de sus ciudadanos envejecerá dependiendo de la caridad estatal. La elección no es técnica, es moral. Y el tiempo para decidir se agota.

(1) PEA: Poblacion Economicamente Activa