La batalla por los cables: geopolítica y conectividad en el Perú del siglo XXI

La construcción de la fibra óptica submarina Perú-China, clave para alcanzar el 99% de conectividad nacional, ha dejado de ser una decisión técnica para convertirse en un campo de batalla geopolítico. Esta infraestructura, que prometía reducir la latencia con Asia y diversificar las rutas internacionales del país, ahora enfrenta la oposición explícita de Estados Unidos. Washington considera que los cables submarinos —que transportan el 95% del tráfico global de internet— constituyen la "arquitectura del poder" del siglo XXI, y ve con recelo cualquier conexión directa entre América Latina y China que escape a su supervisión.

La presión estadounidense no es teórica. En Chile, el intento de construir el cable "Chile-China Express" provocó sanciones concretas: restricciones de visa al ministro de Transportes y advertencias del embajador sobre "riesgos de cables submarinos chinos redundantes". Este precedente amenaza directamente al proyecto peruano. Si Perú avanza con la fibra china, sus funcionarios podrían enfrentar medidas similares, y el país arriesga tensiones diplomáticas que comprometan otros acuerdos comerciales y de seguridad con su tradicional aliado norteamericano.

La postura agresiva de Estados Unidos responde a una estrategia más amplia; la "Doctrina Donroe" promovida por la administración Trump busca "purgar la interferencia económica de potencias extra-hemisféricas" en América Latina. Esta doctrina modernizada renueva la histórica Doctrina Monroe, pero ahora el enemigo no es una potencia europea del siglo XIX, sino la influencia china en la región. Para Washington, un Perú conectado directamente a China representa una brecha en su sistema de alianzas digitales, una vulnerabilidad en la cadena de suministro de datos que podría traducirse en ventajas estratégicas para Beijing en escenarios de conflicto futuro.

Sin embargo, la alternativa occidental presenta sus propios riesgos. El cable Humboldt promovido por Google conecta Chile con Asia, pero pasa obligatoriamente por Australia —miembro de los Cinco Ojos— y está sujeto a leyes estadounidenses que permiten sanciones y corte de acceso. Esto significa que elegir la opción "occidental" no garantiza neutralidad; simplemente cambia la dependencia, subordinando la soberanía digital peruana a decisiones políticas de Washington. La historia reciente demuestra que EE.UU. ha usado esta posición central para espiar comunicaciones (revelaciones Snowden) y sancionar entidades internacionales.

El dilema peruano se complica por su realidad comercial. China superó a Estados Unidos como principal socio comercial de Sudamérica en 2025, y el megapuerto de Chancay —inaugurado con inversión china de $1,300 millones— ya genera "seria preocupación" en Washington por la erosión de soberanía regulatoria. Rechazar el cable chino implicaría aceptar mayores costos de conectividad con su principal socio asiático, penalizando la competitividad de exportadores peruanos y la eficiencia de cadenas de suministro que dependen de la velocidad de transmisión de datos.

Frente a esta encrucijada, PRONATEL y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones deben navegar con precisión quirúrgica. Una opción viable es la diversificación multilateral; buscar consorcios que incluyan operadores europeos, japoneses o singapurenses junto a empresas chinas, diluyendo la etiqueta de "proyecto exclusivamente Beijing". Esta estrategia, similar a la que Brasil empleó con el cable EllaLink hacia Europa, podría ofrecer conectividad directa sin la carga política de una dependencia bilateral explícita, aunque requeriría negociaciones más complejas y financiamiento multilateral.

La decisión final determinará si el objetivo del 99% de conectividad es genuinamente alcanzable o quedará comprometido. Si Perú cede a la presión estadounidense, mantendrá la armonía diplomática pero perpetuará una dependencia digital que limita su autonomía estratégica. Si avanza con China pese a las consecuencias, demostrará que un país latinoamericano puede ejercer soberanía tecnológica real, aunque pagando un costo político inmediato. En ambos casos, la conectividad universal deja de ser un asunto técnico administrado por PRONATEL para convertirse en una variable de política exterior de primer orden.

El cable Perú-China simboliza la encrucijada histórica de América Latina en el siglo XXI; elegir entre dos modelos de integración global, cada uno con sus propias cadenas de dependencia. Para el ciudadano peruano en una comunidad rural de Ayacucho o la selva de Ucayali, esta discusión geopolítica parece abstracta, pero determinará si accede a internet mediante una ruta eficiente y barata o a través de infraestructura subsidiada y potencialmente vulnerable a ciberataques o sanciones. Alcanzar el 99% de conectividad requiere no solo fibra óptica y torres, sino una decisión de Estado sobre qué tipo de nación digital quiere ser el Perú; una que alinea su arquitectura de datos con su geografía comercial, o una que prioriza la armonía diplomática sobre la eficiencia económica. La respuesta definirá la soberanía digital peruana para las próximas décadas.