La banca digital como catalizador contra el oligopolio bancario en Perú: entre la promesa y la realidad

Durante las últimas dos décadas, el sistema financiero peruano ha sido descrito por académicos y organismos multilaterales como uno de los oligopolios más rígidos de la región: cuatro instituciones concentran más del 70% de los activos, fijan precios similares y comparten, en la práctica, la misma estrategia de segmentación. En este escenario, la irrupción de bancos 100 % digitales —o neobancos— y de fintech especializadas en pagos, préstamos y ahorro se ha presentado como la “bala de plata” capaz de romper la concentración. La pregunta que surge, sin embargo, es si la mera existencia de canales sin sucursales basta para desarticular un modelo que ha sobrevivido a crisis cambiarias, intervenciones estatales y hasta a la propia pandemia.

El primer argumento a favor de la banca digital es su capacidad de reducir drásticamente los costos fijos. Al prescindir de redes de agencias, los nuevos actores pueden ofrecer tasas de interés activas hasta 400 puntos base por debajo de la banca tradicional y, al mismo tiempo, remunerar los depósitos ahorro con spreads 50 % superiores. Esta ventaja de precio ya se refleja en segmentos de nicho; estudiantes universitarios, migrantes venezolanos que reciben remesas y microempresas de comercio electrónico han migrado masivamente a billeteras como Yape, Plin o Ligo Money, que en menos de tres años alcanzaron diez millones de usuarios activos, un número que el sistema tradicional tardó casi dos décadas en congregar.

Un segundo factor disruptivo es la inclusión de perfiles “invisibles” para la banca convencional. Las fintech utilizan datos alternativos —historial de delivery, recargas de celular, ventas por POS de terceros— para construir un score crediticio propio. TiendaPago, por ejemplo, ha desembolsado más de 300 millones de soles en microcréditos a dueños de bodegas que nunca antes habían tenido una tarjeta de crédito, rompiendo el círculo vicioso de “sin historial, no hay crédito”. Esta metodología no solo amplía la frontera financiera, sino que introduce competencia por un segmento que los bancos grandes despreciaban por considerarlo poco rentable.

Sin embargo, la banca digital aún representa menos del 8 % del total de activos del sistema. La razón principal es que los nuevos actores operan, en buena medida, como “satélites” de los grandes bancos; necesitan sus redes de corresponsales, sus cuentas de compensación y, en muchos casos, sus propias licencias bancarias. Además, la regulación peruana no contempla aún un charter digital específico, lo que obliga a los neobancos a cumplir con los mismos requisitos de capital y colaterales que un banco tradicional, eliminando buena parte de la ventaja de costos.

La ausencia de un marco de Open Banking completamente funcional agrava la asimetría. Mientras en Brasil o México la obligatoriedad de compartir —con consentimiento del cliente— datos de cuenta, historial crediticio y operaciones de pago ha permitido a las fintech competir en igualdad de condiciones, en Perú el intercambio de información sigue siendo voluntario y parcial. El resultado es un círculo cerrado: los bancos tradicionales acumulan décadas de datos que no comparten, mientras que los nuevos actores deben reconstruir la información cliente por cliente, ralentizando su escalada y reduciendo su potencial desafío al oligopolio.

Otro freno estructural es la brecha digital. El 22 % de la población rural aún carece de cobertura 4G y el 38 % de los hogares de menores ingresos no posee un smartphone con capacidad suficiente para ejecutar aplicaciones financieras complejas. En este contexto, la promesa de “banca para todos” choca con la realidad de un acceso desigual a internet: la competencia no puede florecer donde no llega la infraestructura. De hecho, los bancos tradicionales han apostado por una hibridación —agencias físicas reducidas pero estratégicas combinadas con canales digitales— que les permite retener a los clientes más rentables mientras transfieren a los de menores ingresos a canales de bajo costo.

La desconfianza también juega en contra. Los peruanos de estratos C y D, que concentran el 70 % de la economía informal, prefieren el efectivo porque les da “tacto” y control inmediato. Las encuestas del Banco Mundial revelan que el 45 % teme ser estafado si opera a través del celular y el 34 % no entiende los costos ocultos de las fintech. Esta percepción no es infundada; en 2023, los fraudes digitales crecieron 60 % y las fintech reportaron pérdidas por 140 millones de soles, un monto que, aunque pequeño en términos absolutos, erosiona la confianza necesaria para que la competencia digital se consolide.

Para que la banca digital sí actúe como desmanteladora del oligopolio, se requiere una política pública activa en tres frentes. Primero, un charter digital que exija capital mínimo proporcional al riesgo y no al tamaño, permitiendo entrada de bancos especializados sin la carga de una red física. Segundo, la implementación obligatoria de Open Banking en un plazo máximo de dos años, con sanciones económicas a los incumplidos. Tercero, un programa masivo de educación financiera y subsidio de dispositivos inteligentes en zonas rurales, financiado con el mismo canon minero que hoy alimenta el presupuesto general. Solo así la competencia digital dejará de ser un nicho tecnológico para convertirse en una fuerza de mercado real.

El caso de Brasil es ilustrativo: en cinco años, la combinación de Open Banking (1), charter digital (2) y subsidio de smartphones llevó a que los cinco mayores bancos perdieran 20 puntos de participación en la cartera de consumo. En Perú, un escenario conservador proyecta que, con las mismas políticas, la banca digital podría alcanzar el 25 % de los activos en la próxima década, suficiente para erosionar los márgenes extraordinarios —ROE superior al 20 %— que hoy disfrutan los grandes bancos y que son la seña de un oligopolio bien defendido.

En suma, la banca digital no es la solución mágica al oligopolio bancario peruano, pero puede ser el catalizador de una transición sin retorno si se acompaña de regulación inteligente y política pública inclusiva. El reto no es tecnológico: es político. Y la ventana de oportunidad, como suele ocurrir en economías en desarrollo, es estrecha; si en los próximos cinco años no se articula un ecosistema que combine infraestructura, educación y marco regulatorio, los grandes bancos simplemente “digitalizarán” sus operaciones, conservarán la ventaja de datos y el oligopolio mutará de sucursal a cloud, pero seguirá siendo, en esencia, el mismo.

(1) Open Banking es el régimen que obliga a los bancos a abrir, vía APIs seguras y con el consentimiento explícito del cliente, sus datos y servicios de pago a terceros (fintech, neobancos, apps de ahorro). El objetivo es que un usuario pueda, por ejemplo, ver en una sola app sus cuentas de tres bancos distintos, pedir un préstamo en 5 minutos o pagar directamente desde su cuenta sin usar la tarjeta.

(2) charter digital (también llamado licencia bancaria digital) es un régimen regulatorio específico que permite a una entidad ofrecer todos los servicios bancarios (cuentas, préstamos, pagos) 100 % en línea, sin necesidad de sucursales físicas y con requisitos de capital y compliance proporcionales a su modelo de bajo costo.