IXP en Perú: social o negocio público

En el mundo digital actual, los Puntos de Intercambio de Internet (IXP) son fundamentales para mejorar la conectividad. En Perú, el IXP Peruano (IXP Perú) ha generado debate: ¿es una herramienta para el desarrollo social o simplemente un negocio para las empresas de telecomunicaciones?

Un IXP es una infraestructura que permite a los proveedores de Internet (ISPs) intercambiar tráfico localmente, sin depender de rutas internacionales. Esto hace que Internet sea más rápido, estable y económico para los usuarios. En países con baja conectividad, como Perú, su impacto puede ser transformador.

Actualmente, el IXP Perú es utilizado principalmente por empresas de telecomunicaciones, universidades y entidades gubernamentales. Si bien esto mejora la calidad del servicio, algunos critican que no llega directamente a la población más vulnerable, que sigue pagando altos costos por conexiones lentas.

Para las empresas, el IXP representa ahorro y eficiencia. Al intercambiar datos localmente, reducen costos de ancho de banda internacional. Esto podría traducirse en mejores precios para los usuarios, pero no siempre ocurre, ya que muchas veces las empresas priorizan sus ganancias antes que el acceso democrático a Internet.

Un IXP bien gestionado podría impulsar educación, telemedicina y gobierno digital en zonas rurales. Si el Estado y las empresas trabajaran juntos para expandir su alcance, el IXP podría ser una herramienta clave para cerrar la brecha digital.

Uno de los problemas es que el IXP Perú opera sin una regulación clara que garantice beneficios públicos. A diferencia de otros países, donde los IXP son supervisados para asegurar equidad, en Perú su gestión recae en manos de actores privados con intereses comerciales.

Brasil y México tienen IXPs que combinan lo social y lo comercial, con políticas que fomentan la inclusión digital. Perú podría imitar estos modelos, pero se necesita voluntad política y compromiso de las empresas.

Algunos expertos sugieren que el gobierno debería fiscalizar el IXP o incluso crear uno público para asegurar que las zonas marginadas tengan acceso justo. Sin embargo, otros argumentan que demasiada intervención estatal podría ahuyentar inversiones.

Organizaciones ciudadanas y académicas podrían presionar para que el IXP sea más inclusivo. La demanda por un Internet más accesible y de calidad debe ser una prioridad en la agenda pública.

El IXP en Perú es ambas cosas, pero hoy predomina el enfoque comercial. Para que cumpla un rol social, se necesita mayor regulación, inversión en infraestructura rural y compromiso de todos los actores.

Si se gestiona con visión de país, el IXP podría ser clave para reducir la brecha digital y mejorar la economía. Pero si sigue siendo solo un negocio, Perú perderá la oportunidad de tener un Internet más justo para todos.

¿Tú qué opinas? ¿Debería el IXP ser una prioridad social o es aceptable que funcione como un negocio privado?