El gas de Camisea y el interés de Estados Unidos: una historia de dos décadas

Desde que en 2004 se inició la producción comercial del yacimiento de Camisea, en la selva sur del Perú, las compañías estadounidenses han sido actores determinantes. El consorcio que explota los lotes 88 y 56 está liderado por Pluspetrol, pero Hunt Oil —filial de la texana Hunt Consolidated— conserva el 25,2 % de la operación. Esa participación, heredada del contrato original, le garantiza hoy un flujo de gas que representa casi la mitad del consumo interno peruano y el 40 % de las exportaciones de LNG del país.

La presencia norteamericana, sin embargo, no se limita al pozo. El 19 de diciembre de 2025, el fondo de infraestructura EIG Global Energy Partners —con sede en Washington— cerró la adquisición del 49,87 % de Transportadora de Gas del Perú (TgP), la empresa que opera el ducto de 700 km que lleva el gas desde Malvinas hasta el litoral. Con esa operación, valorada en más de mil millones de dólares, Estados Unidos pasa a controlar la “autopista” por la que transita todo el hidrocarburo que abastece Lima, Paragua (Camisea) y las plantas eléctricas de la costa. El 40 % de la electricidad nacional depende ya de ese caño custodiado por intereses de Washington.

El interés no es casual. Camisea aún posee reservas probadas y probables de 8,5 trillones de pies cúbicos (TCF), suficientes para cubrir el consumo interno hasta 2027, pero insuficientes para honrar los contratos de largo plazo que el Perú mantiene con México y otros mercados asiáticos. Esa escasez proyectada convierte al ducto en un activo estratégico; quien controle la infraestructura podrá imponer tarifas y condiciones cuando el país necesite importar gas desde el yacimiento de Madre de Dios o desde futuros proyectos offshore.

Además, la industria petroquímica estadounidense ya ha mostrado apetito. CF Industries, productor de amoníaco y urea, ha comprado desde 2009 hasta 60 % del gas que consume su planta de Trujillo, convirtiéndose en el primer cliente industrial de Camisea. La cercanía del canal de Panamá hace del Perú un abastecedor lógico para fertilizantes que luego se reexportan a Iowa o Brasil.

El Gobierno peruano, por su parte, celebra la inversión extranjera como símbolo de “confianza”, pero en los pasillos del Ministerio de Energía crecen las voces que alertan sobre la pérdida de soberanía sobre un recurso que representa el 3 % del PBI nacional. El contrato de TgP, por ejemplo, garantiza a EIG un retorno del 12 % anual sobre la inversión, indexado al dólar, y obliga al Estado a indemnizar por cualquier intervención tarifaria. Un candado legal que difícilmente podrá abrirse sin pagar un costo político y financiero.

Mientras tanto, el reloj de Camisea sigue corriendo. Si no se aceleran los estudios en Madre de Dios o en el lote 58 de Cusco —donde CNPC china iniciará perforaciones en 2026—, el Perú podría convertirse en importador neto de gas justo cuando los norteamericanos hayan consolidado su posición de guardianes (gatekeepers) del sistema de transporte. La historia, en suma, se repite; el país vende el recurso barato y, dos décadas después, compra caro el acceso a lo que fue suyo.