El desafío energético del crecimiento: Cómo el Perú puede alcanzar el 5% de PBI en 2027

El Perú se encuentra en una encrucijada económica crucial. Mientras las proyecciones de la OCDE estiman un crecimiento del PBI de apenas 2.7% para 2027, el país necesita alcanzar un mínimo del 5% para consolidar su desarrollo industrial y reducir las brechas estructurales que limitan su progreso. Esta diferencia de 2.3 puntos porcentuales no es meramente numérica; representa la distancia entre un crecimiento modesto que mantiene las desigualdades y una expansión económica robusta capaz de transformar la realidad de millones de peruanos. La clave para cerrar esta brecha reside en una inversión estratégica en infraestructura, particularmente en el sector energético, que constituye la columna vertebral de cualquier desarrollo industrial sostenible.

La matriz energética peruana, aunque diversificada, enfrenta desafíos significativos para sustentar un crecimiento acelerado. Con una capacidad instalada de aproximadamente 14,600 MW en 2025, compuesta principalmente por generación térmica a gas natural (49.2%) e hidroeléctrica (38%), el país generó 59,303 GWh en 2024. Sin embargo, el consumo per cápita de 1,554 kWh evidencia un rezago respecto a países de desarrollo similar. La elasticidad entre el consumo eléctrico y el crecimiento económico, estimada en 0.1 según estudios del Banco Mundial, implica que para incrementar el PBI en un punto porcentual, se requiere aumentar la disponibilidad energética en aproximadamente un 10%. Esta relación matemática define el parámetro fundamental para cualquier plan de crecimiento ambicioso.

La demanda energética del desarrollo, las proyecciones indican que para alcanzar el objetivo del 5% de crecimiento en 2027, el Perú necesitará generar aproximadamente 4,955 GWh adicionales respecto al escenario base, lo que equivale a una capacidad instalada suplementaria de 566 MW. Este incremento representa un desafío técnico y financiero considerable, pero alcanzable con la planificación adecuada. La demanda máxima del sistema, proyectada en 8,578 MW para 2026, deja una reserva efectiva de aproximadamente 6,022 MW, margen que resulta insuficiente ante un crecimiento industrial acelerado. La construcción de nueva capacidad no es una opción sino una necesidad imperativa para evitar cuellos de botella que paralicen la expansión productiva.

Una matriz equilibrada para el futuro; el plan de generación propuesto contempla un mix diversificado que combina seguridad energética con sostenibilidad ambiental. La configuración ideal incluye 226 MW de generación térmica a gas natural (40%), 198 MW de energía solar (35%), 85 MW eólica (15%) y 57 MW hidroeléctrica (10%). Esta composición estratégica permite mitigar los riesgos asociados a la variabilidad hidrológica, aprovechar el extraordinario potencial solar del sur peruano —uno de los más altos del mundo— y mantener la competitividad de costos que exige la industria moderna. La inversión requerida para este componente energético asciende a 987 millones de dólares, una cifra modesta en relación con el impacto económico que puede generar.

El despliegue completo del plan de crecimiento industrial demanda una inversión acumulada de 35,987 millones de dólares durante el período 2025-2027, equivalente a un promedio anual de 12,000 millones que representa el 4.4% del PBI. Este esfuerzo supera ampliamente el nivel actual de inversión en infraestructura (~3% del PBI) y se acerca al estándar de países emergentes de alto crecimiento (5-8% del PBI). El desglose sectorial revela la centralidad de la minería (34.7% del total), seguida del transporte (23.6%), manufactura (12.5%), telecomunicaciones (8.9%), agua y saneamiento (7.8%), vivienda (9.7%) y energía eléctrica (2.7%). Esta distribución refleja la estructura productiva peruana y las necesidades de conectividad que enfrenta el territorio nacional.

Financiamiento: La Alianza Público-Privada como eje. La movilización de recursos de esta magnitud requiere una arquitectura financiera diversificada donde el sector privado asuma el rol protagonista. La estructura propuesta asigna un 50% a inversión privada directa (APP, Obras por Impuestos, proyectos mineros), 20% a financiamiento internacional multilateral (BID, CAF, Banco Mundial), 15% a inversión pública directa, 10% a alianzas público-privadas adicionales, y un 5% combinado entre fondos de pensiones y emisiones de bonos soberanos. Los mecanismos de Obras por Impuestos, con un potencial de 2,000 millones anuales, y las APP con pagos de disponibilidad, constituyen herramientas probadas que pueden acelerar la ejecución de proyectos sin sobrecargar las finanzas públicas.

La materialización del plan se articula en un cronograma de tres años que prioriza la generación eléctrica en el horizonte inmediato. Para 2025, se contempla el inicio de la central térmica Quillabamba y el parque solar La Joya; en 2026, la construcción del parque eólico Marcona y la hidroeléctrica San Gabán III; y para 2027, la entrada en operación de los 566 MW adicionales. Paralelamente, la expansión portuaria de Callao e Ilo, el avance de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima, la construcción del aeropuerto Chinchero en Cusco, y la ejecución de proyectos mineros como Michiquillay y las expansiones de Quellaveco y Toromocho, conforman un portafolio integrado que multiplica los efectos económicos de cada inversión individual.

El cumplimiento de este plan de crecimiento industrial proyecta un escenario transformador para 2027: un PBI que alcanza los 306,000 millones de dólares con crecimiento del 5%, la generación de 300,000 empleos formales, un incremento de 8,000 millones en exportaciones, y un aumento del 15% en la producción minera. El consumo eléctrico per cápita se elevaría a 1,800 kWh, acercando al Perú a los estándares de países de ingreso medio-alto. Sin embargo, estos beneficios están condicionados a factores críticos de éxito: la estabilidad política, el diálogo efectivo con las comunidades locales, la agilización de permisos ambientales, y la diversificación de fuentes de financiamiento. El desafío es considerable, pero las herramientas y el conocimiento técnico para lograrlo están disponibles; solo resta la voluntad política y la coordinación institucional para transformar esta hoja de ruta en realidad tangible.