El agua en Piura y el norte del Perú: un recurso en crisis

La región de Piura, ubicada en el extremo noroeste del Perú, concentra cerca de dos millones de habitantes y representa uno de los principales polos agrícolas y pesqueros del país. Su semiaridez natural, sumada a la alta variabilidad climática propia del fenómeno El Niño, convierte al agua en un bien escaso, valioso y disputado. El norte peruano —Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad— comparte la cuenca hidrográfica del río Chira-Piura, que abastece no solo de agua potable a las ciudades costeras, sino también de riego a más de 150,000 ha de cultivos de exportación.

El río Piura nace en la vertiente occidental de los Andes y recibe aportes de afluentes como Las Tunas y Pusmalca; sin embargo, su caudal medio anual apenas alcanza los 650 millones de m³, cifra insuficiente para la demanda actual. La irregularidad del régimen —caudales mínimos en sequía y avenidas superiores a 4,500 m³/s en eventos El Niño— obligó a construir la represa de Poechos (1,000 millones de m³ de capacidad teórica) y el trasvase Chira-Piura, infraestructura clave para almacenar y redistribuir el agua hacia los valles de Medio y Bajo Piura.

Desde 2022 las precipitaciones han descendido 30-40 % respecto al promedio histórico, reduciendo el aporte natural de la cuenca. Además, la represa de Poechos opera hoy al 14 % de su capacidad útil por sedimentación acumulada; se estima que el 60 % de su volumen original está colmatado, lo que disminuye la reserva regulada y aumenta la vulnerabilidad ante eventos de sequía prolongada.

El consumo agrícola representa 95 % del agua entregada por los canales Daniel Escobar, Miguel Checa, Norte y Sur; en un solo día el campo consume el equivalente al agua potable mensual de Piura, Sullana, Paita y Talara (4-5 millones de m³). Esta concentración del recurso ha generado tensiones entre juntas de regantes, EPS Grau S.A. y empresas agroexportadoras que cultivan arroz, uva, banano y mangó con tecnologías de alta demanda hídrica.

La gestión del agua en Piura involucra al Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), diez juntas de usuarios y más de cincuenta organizaciones de riego. La superposición de mandatos, la ausencia de sistemas de monitoreo compartidos y la escasa capacidad de los gobiernos locales impiden aplicar de manera coordinada marcos como la GIRH o los Principios OCDE. Esta fragmentación se traduce en asignaciones desiguales, falta de cumplimiento de caudales ecológicos y dificultades para escalar proyectos piloto de uso eficiente del agua.

La escasez recurrente ya ha provocado la pérdida de 120,000 ha de cultivos en los ciclos 2023-2024, con un costo económico regional estimado en más de US$ 500 millones. Las restricciones de riego han generado protestas, cierre de carreteras y secuestro de cisternas, mientras que la reducción de caudales afecta la generación hidroeléctrica y la actividad pesquera artesanal que depende de los estuarios del río.

La sobreexplotación de acuíferos costeros ha inducido la intrusión de agua salada y la contaminación por nitratos, comprometiendo la calidad del agua potable. Por otro lado, la concentración de cultivos en terrenos arenosos sin cubiertas vegetales incrementa la erosión y la sedimentación de canales, mientras que los desbordes puntuales durante El Niño causan daños en infraestructura y brotes de enfermedades diarreicas.

Ante la declaratoria de emergencia hídrica de octubre de 2024, el gobierno ha distribuido agua subterránea mediante pozos de emergencia, habilitado cisternas y promovido el riego por goteo en 3,000 ha de parcelas demostrativas. Asimismo, se han establecido turnos estrictos de riego y se prioriza el uso humano sobre el productivo, aunque estas medidas son insuficientes para cubrir el déficit estructural del sistema.

Estudios recientes proponen combinar tecnologías de riego presurizado, cultivos tolerantes a sequía y planes de descolmatación de reservorios con esquemas de pago por servicios ambientales que compensen a comunidades andinas por conservar vegetación de cabeceras. La rehabilitación de la infraestructura existente, la construcción de pequeñas represas de retención de sedimentos y la implementación de sistemas de monitoreo remoto permitirían aumentar la eficiencia global del agua en un 20-30 % sin expandir la dotación actual.

La seguridad hídrica de Piura y del norte peruano depende de una transformación profunda de la gobernanza, la inversión en infraestructura verde-gris y la articulación de políticas públicas con saberes locales. Investigar la viabilidad económica de la desalinización solar para uso urbano, modelar los impactos del cambio climático sobre la disponibilidad futura y evaluar experiencias de mercados de agua en Chile o Australia se presentan como líneas urgentes de trabajo. Solo una planificación territorializada, inclusiva y basada en evidencia podrá revertir la tendencia hacia la "guerra interna por el agua" y garantizar un recurso vital para las próximas décadas.