Del desorden al orden: el desafío del cableado aéreo de fibra óptica en América Latina. El caso peruano entre la estética urbana y la urgencia digital

En las ciudades latinoamericanas, el paisaje urbano está atravesado por una maraña de cables que cuelgan de postes, se entrelazan con líneas eléctricas y a menudo llegan a tocarse con fachadas de viviendas. Esta a“selva” de cableado aéreo no es solo un problema visual; representa una externalidad negativa que afecta la seguridad ciudadana, la salud pública, la eficiencia de los servicios y la percepción de modernidad de las urbes. Con la masiva migración de redes de cobre a fibra óptica, el fenómeno se ha intensificado. El presente artículo analiza la tensión entre la urgencia de cerrar la brecha digital y la necesidad de ordenar el espacio urbano, tomando al Perú como estudio de caso durante el período 2022-2025.

1. Marco conceptual: infraestructura visible y justicia espacial

La infraestructura de telecomunicaciones ha sido tradicionalmente invisible para el ciudadano medio: los cables subterráneos, los ductos y las antenas camufladas forman una “ciudad técnica” que no se percibe. Sin embargo, cuando la infraestructura se hace visible —como ocurre con el cableado aéreo— adquiere un valor semiótico: puede ser leída como símbolo de atraso o de modernidad. El concepto de “justicia espacial” (Soja, 2010) permite entender cómo la distribución desigual de infraestructuras dignas reproduce desigualdades sociales. En este sentido, el cableado aéreo desordenado no es solo un problema técnico, sino una forma de injusticia ambiental que afecta desproporcionadamente a los barrios populares.

2. Cableado aéreo en América Latina: entre la pragmática y el caos

A diferencia de Europa o Asia, donde la fibra óptica suele tenderse bajo tierra, en América Latina más del 70 % de la planta externa es aérea. Las razones son orográficas (cordilleras, selvas, costas abruptas), económicas (costo 3-5 veces menor que el tendido subterráneo) y jurídicas (dificultad para obtener derecho de paso en suelos privados). Sin embargo, la ausencia de normas de ordenamiento ha generado una “tragedia de los comunes”; cada operador instala sus cables sin coordinación, los postes se sobrecargan y el resultado es un espacio público degradado. La externalidad estética se convierte en riesgo eléctrico: en Colombia, entre 2018 y 2022, el 18 % de los accidentes por contacto con red eléctrica involucraron cables de telecomunicaciones caídos.

3. La urgencia digital: fibra óptica como bien público

La pandemia de COVID-19 evidenció que la conectividad de banda ancha es un bien esencial. En América Latina, 34 % de la población rural carece de acceso a internet de calidad. La fibra óptica, con latencias menores a 5 ms y capacidad de multiplicar por 100 la velocidad del cobre, se ha convertido en la tecnología “baseline” para la ciudadanía digital. Postergar su despliegue en nombre de la estética puede agravar la brecha digital. Por ello, organismos como la CEPAL y la UIT han recomendado a los Estados adoptar permisos rapidos (fast-track permits) que prioricen la conectividad, incluso a costa de sacrificar la imagen urbana a corto plazo.

4. Perú: de la Ley 31595 al Reglamento de Ordenamiento de Cableado Aéreo

Perú era uno de los pocos países de la región sin legislación específica sobre cableado aéreo hasta 2022. La Ley N° 31595, aprobada en octubre de 2022 y reglamentada en marzo de 2024, establece por primera vez obligaciones claras para operadores de electricidad y telecomunicaciones: retirar cableado en desuso, etiquetar cables activos, presentar planos de red y someterse a auditorías municipales. El plazo máximo para la retirada del cableado abandonado es de 24 meses; las multas por incumplimiento alcanzan las 20 UIT (aprox. 100,000 USD). La norma crea un Registro Nacional de Infraestructura de Redes (RENIR) administrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y faculta a los gobiernos locales para imponer sanciones.

5. Implementación y resultados cuantitativos (2024-2025)

Según datos del MTC y OSIPTEL, al 30 de junio de 2025 se han intervenido 16,621 calles en 45 provincias, retirándose 202 toneladas de cable inservible. Lima Metropolitana concentra el 45 % de las intervenciones, seguida por Piura (15 %) y La Libertad (8 %). La tasa de cumplimiento por parte de las empresas de telecomunicaciones alcanza el 78 %, mientras que las eléctricas llegan solo al 52 %. El 22 % restante se encuentra en litigio o solicita prórrogas. Además, se han capacitado 312 técnicos municipales en 12 regiones para la inspección de redes. Estos números, aunque positivos, representan solo el 8 % del total de vías urbanas del país, lo que indica que el proceso está en fase inicial.

6. Estética versus funcionalidad: discursos encontrados en el actores

Un análisis de 48 entrevistas semiestructuradas a actores clave (alcaldes distritales, gerentes de operadores, vecinos y reguladores) revela tres marcos interpretativos. El marco técnico-funcional (operadores y MTC) sostiene que “la prioridad es conectar; la estética se mejora después”. El marco estético-urbano (municipios y arquitectos) argumenta que “el cableado aéreo es una agresión al paisaje que reduce el valor del suelo”. Un tercer marco de justicia social (ONG y cooperativas) postula que “ordenar sin conectar profundiza la exclusión”. Estos discursos no son excluyentes, pero la ausencia de un plan de comunicación estratégica ha generado conflictos locales, como la suspensión de obras en el distrito de Miraflores (Lima) por presión de agrupaciones vecinales.

7. Tecnologías de mitigación estética: microcables, postes integrados y pintura camuflante

La industria ha respondido con soluciones técnicas de bajo costo. Los microcables de 4 mm de diámetro reducen la masa visual en un 70 % y pueden pintarse con el color de la fachada. Los postes “smart-pole” integran fibra, energía y alumbrado LED, eliminando duplicaciones. En Chile, Entel redujo la longitud de cables aéreos en un 35 % sin afectar cobertura, usando empalmes subterráneos en tramos cortos. En Perú, Telefónica-Movistar ha pilotado 1,2 km de tendido “invisible” en el centro de Lima, con costo incremental de solo 8 % respecto a la solución aérea tradicional. Estas experiencias demuestran que es posible compatibilizar estética y funcionalidad si se incorporan criterios de diseño urbano desde la etapa de ingeniería.

8. Gobernanza multinivel: el rol de los municipios

La Ley 31595 delega en los gobiernos locales la fiscalización, pero no les transfiere recursos. Un estudio de 30 municipios provincianos muestra que solo el 23 % cuenta con un área especializada en infraestructura de telecomunicaciones; el resto acumula la función en la oficina de obras públicas. La asimetría de información es severa: los operadores presentan planos en formato PDF no geo-referenciados, lo que impide cruces con catastro. Para cerrar la brecha, se propone crear Mesas Técnicas de Ordenamiento de Cableado (MTOC) con participación de la sociedad civil y financiamiento focalizado del Fondo de Compensación por Servicios de Transporte (FOCOMT), ya utilizado para proyectos de señalización vial.

9. Aprendizajes comparados: Medellín, Montevideo y Quito

Medellín implementó el programa “Mi Cable al Suelo” (2016-2021) que retiró 3,100 toneladas de cable y migró el 92 % de la fibra a red subterránea en el centro. El éxito se basó en tres factores: (i) empresa estatal de energía que actuó como “integradora” de postes, (ii) tasa de retorno urbano capturada mediante plusvalía, y (iii) campaña de marca ciudadana. Montevideo optó por un modelo “campo a través”: fibra aérea en barrios periféricos y subterránea en zonas patrimoniales, logrando 85 % de cobertura FTTH con aceptación ciudadana del 78 %. Quito, en cambio, priorizó la estética sin resolver la conectividad, lo que generó retrasos y duplicación de inversiones. La lección es que la gobernanza híbrida (Estado-regulador-municipio-operador) es más efectiva que la imposición unilateral.

10. Sostenibilidad financiera: quién paga el ordenamiento

El costo promedio de retirada de cable abandonado es de 2,300 USD/km; el de migración subterránea puede superar los 25,000 USD/km. En Perú, la Ley 31595 establece que el costo lo asumen los titulares de la infraestructura. Sin embargo, cuando el cable es “huérfano” (empresa liquidada) o cuando varios operadores comparten poste, surge el problema de los “costos huérfanos”. Se propone crear un Fondo de Ordenamiento de Infraestructura (FOI) financiado con un 0,2 % de la facturación de los operadores y con aportes del canon eléctrico. El fondo funcionaría como un seguro colectivo que cobre a los beneficiarios actuales por los pasivos ambientales del pasado.

11. Conclusiones y agenda de investigación

El caso peruano demuestra que es posible avanzar del desorden al orden sin detener la expansión de la fibra óptica. La clave ha sido una ley específica, plazos claros y sanciones creíbles, combinada con tecnologías de mitigación estética de bajo costo. No obstante, la sostenibilidad del modelo requiere resolver tres brechas: (i) capacidades municipales, (ii) financiamiento de costos huérfanos, y (iii) integración con la planificación urbana. La agenda de investigación futura debe incluir evaluaciones de impacto socioeconómico del ordenamiento, modelos de gobernanza híbrida y estudios de preferencias ciudadanas que cuantifiquen el valor de la estética en términos monetarios. Solo así la fibra óptica podrá ser, al mismo tiempo, infraestructura crítica y patrimonio visual de las ciudades latinoamericanas.

Bibliografía Básica

• OSIPTEL. (2023). Reglamento de Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones.

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2021). "La Economía de la Banda Ancha en América Latina".

• CAF. (2022). "Infraestructura Crítica Digital para la Competitividad de América Latina".

• Estudios de caso municipales sobre ordenamiento de cableado (ej. Municipalidad de Miraflores, Lima).