De puerto a Hub Digital: El proyecto Chancay-Shanghai y la reconfiguración de la soberanía digital de Peru.

La infraestructura de cables submarinos constituye la columna vertebral de la economía digital global, transportando más del 95% del tráfico de datos internacional. Históricamente, esta red ha estado dominada por actores occidentales y sus rutas han convergido en territorio estadounidense. Sin embargo, el proyecto del cable Chancay-Shanghai, que conecta directamente el puerto peruano de Chancay con la megalópolis china de Shanghái, representa un desafío directo a este paradigma, encarnando la materialización de la Ruta de la Seda Digital y la intensificación de la rivalidad tecnológica entre China y Estados Unidos.

Desde una perspectiva técnica, el proyecto es altamente viable. La tecnología de cables submarinos es madura, y la ruta, aunque compleja por la actividad sísmica del Pacífico, es manejable para consorcios con experiencia como el liderado por Huawei Marine. Económicamente, la inversión, estimada en hasta US$1,800 millones, está respaldada por capital chino y la participación de la operadora global Telefónica a través de Telxius. La rentabilidad se sustenta en la demanda insatisfecha de ancho de banda y la drástica reducción de latencia—de aproximadamente un 60%—para el tráfico entre Sudamérica y Asia, un factor crítico para servicios de cloud computing, finanzas y telecomunicaciones.

Para la República Popular China, el cable Chancay-Shanghai es un componente estratégico de su iniciativa "Digital Silk Road". Su objetivo trasciende lo comercial; busca crear infraestructuras de datos alternativas y soberanas que hagan bypass los nodos controlados por Estados Unidos, reduciendo la vulnerabilidad ante posibles interrupciones o vigilancia. Al controlar un canal crítico de comunicación, China incrementa su influencia estructural sobre Sudamérica, fomentando una interdependencia asimétrica donde la infraestructura digital queda bajo su esfera de influencia.

Estados Unidos percibe este proyecto a través del lente de la seguridad nacional. La participación decapacidad de un gobierno de tomar decisiones libremente empresas chinas, sujetas a la Ley de Inteligencia Nacional China, genera fundados temores de espionaje, interrupción de servicios o acceso clandestino a datos. La respuesta estadounidense se ha traducido en una intensa diplomacia de presión, advirtiendo a Perú y otros aliados regionales sobre los riesgos de permitir que Beijing controle infraestructura crítica, en un esfuerzo por contener la expansión tecnológica china en su hemisferio tradicional de influencia.

Para Perú, el proyecto presenta una dicotomía. Por un lado, ofrece la oportunidad histórica de posicionarse como el hub digital de Sudamérica, atrayendo inversiones, fomentando la innovación y mejorando su conectividad. Por otro lado, enfrenta el dilema de soberanía de tener que equilibrar esta ganancia económica con el riesgo de alienar a su principal socio estratégico, Estados Unidos, y de generar una nueva dependencia tecnológica de China. La habilidad diplomática de Lima será puesta a prueba para navegar estas aguas sin ceder soberanía decisional o la capacidad del gobierno de tomar decisiones libremente.

El consorcio técnico refleja la naturaleza dual del proyecto. Está liderado por la china Huawei Marine (HMN Tech) y la estatal China Telecom, actores centrales en la política industrial de Beijing. La inclusión de la española Telxius (de Telefónica) opera como un mecanismo de legitimación, intentando infundir confianza y experiencia global. Sin embargo, esta participación no disipa completamente las preocupaciones de seguridad, que se centran en el acceso potencial al código fuente y a los puntos de gestión de la red.

El cable reconfigurará la geografía digital sudamericana. Países como Brasil, Chile y Argentina se beneficiarán de la menor latencia, pero también observan con atención el precedente que sienta Perú. El proyecto intensifica la competencia por el liderazgo regional en servicios digitales y podría incentivar a otros países a buscar acuerdos similares con China, fracturando el consenso hemisférico tradicional y ofreciendo a Beijing mayores espacios de maniobra política y económica.

La implementación final del proyecto está supeditada a la creación de un robusto marco regulatorio en Perú. El gobierno peruano se encuentra bajo presión para desarrollar una legislación específica para cables submarinos que incluya cláusulas estrictas de seguridad cibernética, auditorías internacionales y garantías sobre la inviolabilidad de los datos. La forma que adopte esta regulación será un termómetro del éxito de la presión estadounidense y de la autonomía peruana.

El cable submarino Chancay-Shanghai es un claro punto de inflexión. Su alta factibilidad técnica y económica contrasta con los profundos desafíos geopolíticos que encarna. Es un síntoma de un orden internacional en transición, donde la lucha por la supremacía tecnológica y el control de los flujos de datos define las nuevas líneas de fractura global. El proyecto simboliza la determinación china de construir un orden digital alternativo y la resistencia estadounidense a permitirlo.

El devenir del cable estará determinado por la evolución de la rivalidad Chino-Estadounidense y la capacidad de los Estados sudamericanos para actuar de forma cohesionada. Escenarios futuros incluyen su exitosa implementación como un triunfo de la diplomacia china, una implementación fuertemente condicionada por regulaciones de seguridad, o incluso un retraso indefinido debido a presiones geopolíticas. En cualquier caso, Chancay-Shanghai ha demostrado que en el siglo XXI, la infraestructura digital es, ante todo, un instrumento de poder.