Cómo el narcotráfico y la minería ilegal se convirtieron en herramientas de presión internacional en América Latina (2024-2025)

El tráfico de drogas y la minería ilegal en América Latina han evolucionado desde problemáticas de seguridad nacional hacia dispositivos sofisticados de guerra económica y geopolítica, configurando mecanismos de intervención extranjera que erosionan la soberanía estatal mientras generan rendimientos estratégicos para potencias hegemónicas y corporaciones transnacionales. Esta instrumentalización convergente, analizada a partir de la coyuntura 2024-2025, revela que tanto la lucha antidrogas como la regulación minera operan menos como políticas de erradicación que como tecnologías de gobernanza global que condicionan economías, militarizan territorios y subordinan Estados mediante coacción comercial, sanciones financieras y captura regulatoria. La presente investigación examina los mecanismos mediante los cuales estas economías ilícitas se han convertido en armas de guerra económica contemporánea, evidenciando su función como palancas de presión en disputas hegemónicas globales por recursos estratégicos y control regional.

Desde una perspectiva teórica crítica, la guerra económica constituye un conjunto de acciones coercitivas —no necesariamente militares— orientadas a debilitar la capacidad autónoma de un Estado o región para favorecer intereses geopolíticos y económicos externos. La noción de episteme foucaultiana resulta pertinente aquí, entendiendo tanto el narcotráfico como la minería ilegal como agenciamientos que articulan discursos, prácticas institucionales y tecnologías de poder para producir efectos de dominación. En este marco, la droga ilícita y el oro ilegal funcionan como marcos legitimadores que hacen pensable la intervención militar extranjera, legítima la sanción económica y necesaria la militarización de territorios, mientras ocultan intereses económicos subyacentes en la configuración de un orden regional subordinado.

Un mecanismo directo de esta guerra económica se materializa en la coacción arancelaria y comercial. La administración Trump en 2025 explícitamente vinculó el comercio exterior mexicano al control del fentanilo, amenazando con aranceles del 25% sobre productos mexicanos bajo el pretexto de que México no contiene el flujo de sustancias sintéticas. Paralelamente, Brasil enfrenta aranceles del 50% negociados con agenda oculta; acceso a reservas de tierras raras estratégicas para la guerra tecnológica, donde EE.UU. posee capacidad de procesamiento, pero carece de recursos primarios. Estas medidas operan como herramientas de chantaje geopolítico que condicionan el acceso al mercado estadounidense al cumplimiento de metas de seguridad dictadas por Washington, forzando subordinación de políticas migratorias, antinarcóticos y mineras a intereses comerciales estadounidenses.

Las sanciones financieras selectivas constituyen un segundo pilar convergente de esta estrategia. En junio de 2025, el Departamento del Tesoro sancionó a bancos mexicanos como Intercam y CIBanco bajo acusaciones de lavado de capitales del narcotráfico, generando incertidumbre en mercados financieros locales y presionando reguladores nacionales para adoptar estándares de cumplimiento estadounidenses. Simultáneamente, el secretario Marco Rubio ha enfatizado que miles de millones de dólares en oro ilícito—extraído principalmente en Venezuela, Colombia y Ecuador—ingresan a mercados estadounidenses a través de puertos como Miami, convirtiéndose en el método más redituable de blanqueo de dinero del narcotráfico. Esta sinergia criminal transforma la minería ilegal en eje de economía de guerra híbrida que financia conflictos y justifica sanciones asimétricas contra Estados disidentes.

La militarización y mercantilización de la seguridad representa un tercer vector de intervención que afecta tanto el narcotráfico como la minería ilegal. Ecuador, bajo el presidente Noboa, implementa un "Plan Ecuador" con asistencia del Comando Sur, creando marco legal que otorga inmunidad a tropas estadounidenses y permite contratar mercenarios privados para operaciones anti-minería y antinarcóticos. Esta militarización ocurre simultáneamente con una "dictadura minera" corporativa; empresas transnacionales presionan reformas legales para facilitar su ingreso territorial mientras el Estado reprime comunidades que realizan consultas populares contra la minería, violando derechos colectivos y estándares interamericanos. El resultado es una arquitectura de violencia legalizada que controla personas y territorios más que erradica actividades ilícitas.

Las corporaciones transnacionales han instrumentalizado ambas actividades ilegales como argumento para promover reformas que favorecen la extracción legal a gran escala, consolidando monopolios sobre recursos críticos. La inversión china en litio, cobre y tierras raras en Argentina, Perú y Brasil ha generado presión estadounidense explícita para limitar esta expansión mediante alianzas con gobiernos afines como el de Javier Milei, quien recibe apoyo del Tesoro estadounidense a cambio de abrir espacio a corporaciones norteamericanas en minería de litio. En Colombia, Perú y Brasil, el 77-90% del oro extraído es ilegal, empleando a cientos de miles en condiciones vulnerables, mientras la infraestructura de lavado incluye empresas fantasmas que envían activos a paraísos fiscales, con el 70% de riqueza de grupos como las FARC en el extranjero. Esta captura corporativa convierte la ilegalidad en pretexto para reestructurar arquitecturas regulatorias nacionales.

La competencia hegemónica global entre Estados Unidos y China ha convertido estas economías ilícitas en escenarios de guerra económica directa. Washington utiliza el fentanilo para presionar a Beijing —acusándola de exportar precursores— mientras desplaza influencia china en infraestructura y tecnología 5G en Latinoamérica. Paralelamente, China, dominando procesamiento de tierras raras, usa restricciones a su exportación como palanca de presión, mientras EE.UU. busca acceso a reservas brasileñas y argentinas para desacoplar su cadena de suministro tecnológica de la dependencia china. Esta disputa transforma la minería ilegal de oro en pretexto para controlar acceso a litio, cobre y tierras raras, recursos estratégicos para la transición energética y guerra tecnológica, configurando América Latina como campo de batalla geoestratégico.

La conexión sistémica entre narcotráfico y minería ilegal refuerza su impacto como dispositivo de guerra económica. El presidente ecuatoriano Noboa ha reconocido explícitamente este ciclo: "Llega dinero del narcotráfico, ese dinero lo invierten estos mismos grupos narcoterroristas en la minería ilegal, se extrae el oro, se vende el oro y lavan el dinero". Esta economía criminal integrada crea canales transfronterizos que desbordan capacidades estatales, con mercancías ilícitas y máquinas para minería entrando por territorios indígenas amazónicos, mientras el lavado de activos se legitima mediante cadenas de suministro opacas e infraestructura financiera estadounidense. El resultado es una espiral de violencia que sabotea las iniciativas de paz—como el Acuerdo de Colombia de 2016—y justifica la permanencia militar extranjera.

El impacto en soberanía y gobernanza democrática es profundo y multidimensional. La instrumentalización de estas economías ilícitas genera "soberanía condicionada", donde la capacidad de decisión autónoma queda supeditada a aprobación extranjera. En Perú, la minería ilegal se ha insertado en estructuras estatales, debilitando normas y distorsionando políticas públicas con bancadas congresales favoreciendo marcos de "formalización" que legalizan actividades ilegales. Las consultas populares en Ecuador que prohíben minería en zonas de recarga hídrica—apoyadas por más del 80%—son sistemáticamente ignoradas bajo militarización que impide participación ciudadana. Esta desestabilización democrática, combinada con aranceles comerciales que reducen ingresos, sanciones financieras que incrementan costos de capital y gasto militar forzado que desvía recursos del desarrollo, configura una crisis de legitimidad sistémica.

La evidencia empírica de 2024-2025 demuestra que tanto el narcotráfico como la minería ilegal operan como dispositivos convergentes de guerra económica que no buscan erradicación sino gestión estratégica como herramientas de dominación. A través de coacción arancelaria, sanciones financieras asimétricas, militarización mercantilizada, captura corporativa y competencia hegemónica por recursos críticos, se produce una subordinación económica que erosiona soberanía mientras genera lucro para complejos industriales de seguridad y minería. Estas economías ilícitas configuran América Latina simultáneamente como objetivo y campo de batalla, reproduciendo dependencias estructurales donde la seguridad antidrogas y antiminera se ha convertido en el principal mecanismo de legitimación del intervencionismo contemporáneo. Futuras investigaciones deberán analizar la dimensión cuantitativa exacta de flujos financieros ilícitos integrados y las estrategias de resistencia comunitaria que enfrentan tanto al crimen organizado como a la presión geopolítica corporativo-estatal.

Referencias

• Reuters. (2025, 3 de febrero). “Threat of 25% tariffs on Mexican goods looms”.

• Infobae. (2025, 10 de junio). “Casa de Bolsa en México sufre sanciones de EU”.

• Tricontinental: Institute for Social Research. (2024). La Guerra Contra las Drogas es la Guerra Contra Nuestra América.

• ACLED. (2024). “Illegal Gold Mining in Latin America and the Caribbean”.

• Voice of America. (2025, 18 de julio). “Mining is more lucrative than drug trafficking”.

• La Silla Rota. (2025). “Minería ilegal o geopolítica de clanes corporativos”.

Definiciones

• Episteme: es el conjunto implícito de reglas y condiciones de posibilidad que determinan, en una época determinada, qué puede ser dicho, pensado y conocido como "verdad" o "ciencia". Es un concepto clave de la filosofía de Michel Foucault, especialmente en Las palabras y las cosas (The Order of Things).