Corrupción, Oligopolio Bancario y la condena a la informalidad en Perú: Cómo el sistema mantiene a las personas en riesgo permanente

La corrupción en Perú no es un problema aislado de malos funcionarios, sino un sistema perverso que corrompe la microeconomía desde sus raíces, fortalece el oligopolio bancario y empuja a millones de personas hacia el sector financiero informal, perpetuando un ciclo de riesgo estructural que condena a los más vulnerables.

1. La Corrupción como impuesto oculto a la Microeconomía

La corrupción genera pérdidas directas de S/ 110 mil millones en los últimos 5 años (15% del presupuesto nacional), equivalente a 2.4% del PBI anual según la OCDE. Esto no es solo dinero desviado: es infraestructura que no se construye, salud que no se brinda, educación que no llega a las zonas donde operan las microempresas.

Pero el impacto microeconómico es más insidioso. Un estudio de la Asociación Peruana de Economía revela que si Perú tuviera el nivel de control de corrupción de Finlandia, su crecimiento del PBI per cápita aumentaría 1% anual. En la práctica, cada acto corrupto en licitaciones públicas, permisos municipales o regulaciones sectoriales crea barreras de entrada invisibles que solo pueden sortear las grandes empresas con departamentos legales y "presupuestos de relaciones institucionales". La microempresa honesta queda automáticamente descalificada.

2. El oligopolio bancario: Monopolio de hecho

El oligopolio peruano funciona como monopolio efectivo. Cuatro bancos controlan 70% de las colocaciones de crédito, y tres concentran 72% de préstamos y 69% de depósitos. Este grado de concentración les permite fijar precios de facto sin coordinación explícita, aprovechando la inacción corrupta o cómplice del regulador.

La SBS, lejos de romper este poder, opera como su protector: no ha sancionado prácticas discriminatorias, permite la exclusión de 226,000 clientes por la Ley de Tasas Máximas, y desvía responsabilidades a Indecopi para proteger a los bancos. Esta captura regulatoria es una forma sutil de corrupción institucional; el supervisor abandona su función para mantener el statu quo que beneficia a las élites financieras.

3. Corrupción y exclusión: El doble estándar del crédito

El escándalo de Reactiva Perú revela la hipocresía del sistema. El programa vetó a personas procesadas por corrupción, pero con lagunas temporales; 24 empresas vinculadas a Lava Jato accedieron a créditos 18 días después de la prohibición. El MEF se negó a revelar fechas exactas para "proteger información bancaria", demostrando que la transparencia se suspende cuando expone a los poderosos.

Mientras tanto, una microempresa que no puede pagar una tasa de 41.5% anual (tasa promedio para microcrédito formal) es automáticamente excluida. La corrupción y la morosidad son excusas perfectas; el sistema formal cierra sus puertas, argumentando "prevención de riesgos", pero en realidad está seleccionando clientes para maximizar utilidades.

La SBS recibió 1,054 denuncias de informalidad en 2024, de las cuales 774 fueron por aplicativos informales de préstamos. Esto demuestra que la demanda de crédito no desaparece; simplemente migra al sector clandestino.

4. El sector informal: Monopolio criminal de la necesidad

Cuando el sistema formal bloquea el acceso, la microeconomía no se detiene. El 80% de microempresas recurre a informalidad  , enfrentando tasas de hasta 500% anual. Este no es un "mercado libre", sino un monopolio criminal que explota la urgencia.

Los prestamistas informales, muchos vinculados a redes de lavado de activos, operan con impunidad relativa. La SBS solo clausuró dos empresas informales en 2024, mientras Google eliminó 22 de 28 apps reportadas. La mayoría de estas operaciones usan métodos extorsivos, amenazas y cobranza violenta, pero las víctimas no denuncian por miedo o desconfianza institucional.

Aquí la corrupción actúa por omisión; la policía no investiga, la fiscalía prioriza casos mayores, y la SBS carece de recursos para perseguir a miles de operadores informales. El resultado es un vacío de poder que ocupan los criminales.

5. Cómo se mantiene el riesgo permanente

Este sistema crea un ciclo de vulnerabilidad estructural:

1. Corrupción en licitaciones: solo grandes empresas (mineras, constructoras) ganan contratos

2. Oligopolio bancario: estas empresas obtienen crédito a 6-8% anual

3. Exclusión de microempresas: tasas de 41.5% a 500% las hacen inviables

4. Sector informal como única opción: endeudamiento con métodos extorsivos

5. Caída en morosidad: bloqueo permanente del sistema formal

6. Deshonestidad incentivada: solo sobreviven quienes evaden o corrompen

La persona permanece en riesgo permanente porque el sistema está diseñado para que fracase. La corrupción no es un accidente; es el mecanismo de selección que garantiza que los beneficios del crecimiento minero-exportador se concentren en manos de cinco familias, mientras el 80% del tejido productivo sobrevive en la ilegalidad.

6. Conclusión: Una Trampa sin salida

Hay un sistema híbrido donde el oligopolio formal y el monopolio criminal del informal coexisten y se alimentan mutuamente. El primero, creado y protegido por corrupción institucional (captura regulatoria, falta de transparencia). El segundo, alimentado por la exclusión que genera el primero.

Las personas no eligen el sector financiero informal por preferencia. Son empujadas por un sistema corrupto que les cierra la puerta del formal, les cobra tasas leoninas si logran entrar, y les ofrece como única alternativa a un mercado criminal que las devora.

La solución no es solo "más regulación" ni "más persecución". Requiere desmontar el circuito corrupto: separar la minería de la banca, fortalecer la supervisión independiente, criminalizar la usura institucionalizada, y crear un banco público de desarrollo que rompa el monopolio con créditos accesibles. Hasta entonces, la microeconomía peruana seguirá siendo un campo de batalla donde el Estado, los bancos y los criminales pactan para condenar al más débil.