Chifagate: el cortocircuito que puede redibujar el mapa del Pacífico Sur

La cena que nadie debía ver, entrar encapuchado a un restaurante chino de San Borja fue el primer error; que las cámaras de seguridad —controladas por el anfitrión— grabaran al presidente José Jerí brindando con licor mao-tai fue el segundo. El video, filtrado diez días después, estalló como un petardo en medio de la campaña electoral y dejó al descubierto lo que muchos sospechaban; la diplomacia de palacio y la diplomacia de sobremesa ya no iban por la misma senda.

El anfitrión no era un simple “amigo”, Zhihua “Johnny” Yang, el empresario que pagó la cuenta, lleva años en la mira del Ministerio Público por presunto lavado de activos y es socio ocasional de lobistas fujimoristas. Su nombre aparece en al menos tres expedientes vinculados a concesiones portuarias y, según la fiscalía, mantiene cuentas en paraísos fiscales que sirvieron para financiar campañas políticas locales. Brindar con él sin testigos ni acta oficial viola la ley de transparencia y, sobre todo, convierte al presidente en rehén de una agenda que no está escrita en los memorándums de entendimiento firmados en Beijing.

La agenda que se negocia entre plato y plato, Jerí había ratificado días antes su “voluntad firme” de profundizar la Franja y la Ruta. En la mesa, sin embargo, según la transcripción filtrada por un asistente, se habló de dos temas sensibles; la prórroga del contrato de Hutchison en el muelle 18 del Callao y la participación de Huawei en la licitación 5G que se abrirá en junio. Ambos negocios mueven más de mil millones de dólares y, de cerrarse con capitales chinos, consolidarían a Perú como el hub digital y logístico de China en Sudamérica.

El timing perfecto para una crisis, la filtración coincidió con el inicio de la VI Expedición Naval Conjunta Perú-EE.UU. y con la visita de una delegación del Fondo de Inversión para el Desarrollo de América, el brazo financiero de la diplomacia de Washington en la región. El mensaje fue implícito; mientras un presidente encapuchado negociaba con empresarios chinos en la sombra, buques de guerra estadounidenses atracaban en el Callao ofreciendo “seguridad marítima” y créditos blandos para infraestructura “confiable”.

El Congreso como campo de batalla proxy; en menos de 48 horas, tres bancadas —fujimoristas, liberales y hasta izquierda reformista— presentaron mociones de vacancia. No es coincidencia; todos comparten interés en retrasar la entrega del puerto de Chancay o, al menos, someterla a una auditoría “por seguridad nacional”. Debilitar a Jerí permite al Legislativo recuperar la iniciativa en temas que, hasta hace un mes, parecían sellados por decreto presidencial.

El factor Chancay: la joya que todos quieren controlar, valuado en 3,000 millones de dólares, el megapuerto chino en la costa norte de Perú entró en operación en enero de 2025 y ya recibe sus primeros megabuques de 24,000 TEU. Su solo nombre enciende el tablero geopolítico: reduce en diez días el tiempo de tránsito Asia-Sudamérica y desvía parte del tráfico que hoy pasa por el canal de Panamá. Para China, es la piedra angular de la Ruta de la Seda Marítima; para EE.UU., un flanco que podría “militarizar” el Pacífico Sur. Por eso el Congreso ahora exige auditar los contratos de concesión, revisar los protocolos de seguridad cibernética y obligar a la empresa a compartir datos de carga con la marina peruana. Controlar quién firma los últimos anexos —y bajo qué estándares— es, en última instancia, controlar el nuevo hub comercial del hemisferio.

El daño colateral: la imagen de China en Perú, el escándalo alimenta la narrativa de que “todo contacto con capitales chinos es sospechoso”. En redes, hashtags como ChinagatePerú y 60GHzSoberanía (1) trepidaron durante días, mezclando la cena de Jerí con el temor a que Huawei controle las antenas 5G. La campaña electoral ya se polarizó: los candidatos que antes evitaban el tema ahora prometen “auditar con lupa” cada proyecto con inversión china. El efecto es encarecer cualquier concesión futura y regalarle argumentos a quienes abracen la contraoferta estadounidense.

¿Fin de ciclo o reinicio forzado?

Jerí puede sobrevivir a la vacancia, pero su capital político ya se evaporó. Más allá del destino personal, el Chifagate funciona como un cortocircuito geopolítico; debilita al Ejecutivo que más había apostado por la vía china, acelera la crisis interna y coloca la seguridad nacional —leída como “des-chinización”— en el centro del debate electoral. Si el Congreso logra imponer su versión de “transparencia”, Perú podría dar un giro estratégico que retrase la entrega de Chancay, revise la licitación 5G y reabra la puerta a la influencia tradicional de Washington. La trampa, en suma, ya cerró: ahora sólo queda ver quién recoge la presa.

Referencia:

(1) 60GHzSoberanía representa la utilización de bandas de alta frecuencia libres para garantizar que la conectividad de última generación esté bajo control social o nacional, promoviendo la autonomía digital frente a infraestructuras privativas