Beca 18 en el Perú: transformación social, desafíos estructurales y la apuesta por el futuro de la educación superior

Resumen

El presente artículo analiza la evolución, impacto y desafíos del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) “Beca 18” en el Perú, a partir de la convocatoria 2025 que duplicó la oferta de plazas a 20.000 becas integrales. Se examinan los logros en términos de acceso, equidad, inserción laboral y reducción de la pobreza, así como los riesgos estructurales que amenazan la sostenibilidad del programa ante su masificación. El estudio se basa en datos oficiales del Ministerio de Educación, informes de la Defensoría del Pueblo y evaluaciones de la EDEP. Se concluye que, sin una reforma simultánea de la oferta institucional, la focalización y el acompañamiento socio-emocional, el incremento de cobertura podría traducirse en mayor deserción y frustración social.

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Desde su creación en 2012, Beca 18 se ha constituido en la política pública emblemática del Perú para democratizar el acceso a la educación superior. En la convocatoria 2025 el programa alcanzó su mayor expansión: 97,528 postulantes competieron por 20,000 becas integrales que cubren matrícula, manutención, transporte y seguro médico. Esta duplicación de la oferta responde al compromiso del Estado de reducir la brecha de desigualdad educativa, pues el 60 % de los beneficiarios procede de hogares en pobreza extrema y el 25 % pertenece a pueblos indígenas o afroperuanos. Sin embargo, el salto cuantitativo pone a prueba la capacidad del sistema educativo y del propio PRONABEC para garantizar calidad, permanencia e inserción laboral.

Los indicadores de impacto muestran avances significativos. La tasa de transición de la educación secundaria a la superior entre los beneficiarios alcanza el 47,9 %, duplicando el promedio nacional (27,3 %). A nivel económico, los egresados aportaron S/ 770.5 millones al PBI en 2024 y perciben ingresos 13,4 % superiores a los de sus pares no becados. Además, el 100 % de los titulados empleados ha superado la línea de pobreza, demostrando que la inversión en capital humano produce retornos individuales y colectivos. Estos resultados posicionan a Beca 18 como una herramienta de movilidad social y de reducción de la desigualdad de oportunidades en un país marcado por la segregación socioeconómica.

No obstante, la masificación revela fragilidades estructurales. La tasa de deserción global se mantiene por debajo del 1 %, pero en la modalidad Comunidades Nativas Amazónicas (CNA) alcanzó el 43 % entre 2014-2020. Las causas incluyen la exigencia de inglés en universidades privadas, ausencia de enfoque intercultural en la evaluación académica y choque sociocultural al migrar de localidades rurales a centros urbanos. Esta brecha étnico-geográfica advierte que el éxito promedio oculta desafíos específicos que, de no abordarse, pueden reproducirse y amplificarse con el incremento de 20,000 nuevos becarios.

El primer cuello de botella es la capacidad de absorción de las instituciones de educación superior (IES). El 66 % de los becarios elige estudiar en Lima, donde las universidades ya operan al límite de aulas, laboratorios y residencias. En contraste, regiones como Huancavelica o Amazonas no ofrecen carreras acreditadas que atraigan a los beneficiarios, lo que perpetúa la centralización y encarece el costo de oportunidad para las familias rurales. La EDEP advierte que la calidad educativa no es homogénea: mientras algunas IES garantizan altos estándares, otras carecen de docentes con doctorado o de infraestructura adecuada, lo que incrementa el riesgo de fracaso académico.

La elección de carrera constituye otro factor crítico. Aproximadamente el 30 % de los becarios selecciona programas sin información suficiente sobre empleabilidad, malla curricular o exigencia académica. La ausencia de orientación vocacional sistemática convierte la libertad de elección en una trampa de información asimétrica: los jóvenes priorizan reputación social (medicina, derecho) sobre campos con alta demanda laboral y menor tasa de deserción. Esta situación se agrava en zonas rurales, donde el acceso a internet y la presencia de ferias vocacionales son limitados, lo que reduce la capacidad de los postulantes para tomar decisiones informadas.

El sistema de focalización también muestra signos de desgaste. El algoritmo del SISFOH sub-cubre a poblaciones objetivo y filtra a no-pobres; se estima que hasta el 12 % de los becarios 2025 pertenece a quintiles 3-4. En localidades de frontera o alta montaña, la falta de documentación de identidad y de conectividad impide que jóvenes en pobreza extrema completen la postulación. La desigualdad inicial se reproduce así en la selección, contradiciendo el principio de equidad que inspira el programa y generando potenciales conflictos de legitimidad frente a la opinión pública.

Los desfases administrativos afectan la permanencia. Las IES entregan la constancia de matrícula después de las fechas límite del PRONABEC, lo que retrasa el pago de manutención y obliga a los becarios a endeudarse o trabajar informalmente. Un mes de retraso incrementa el ausentismo y la probabilidad de deserción, sobre todo en el primer ciclo cuando la vinculación institucional es más frágil. La masificación duplica la carga de las Unidades Ejecutoras Regionales (UER), cuyo presupuesto operativo no creció en la misma proporción, limitando visitas de monitoreo y talleres de inducción.

El acompañamiento socio-emocional es insuficiente para la nueva escala. La relación tutor-becario pasó de 1:50 a 1:100 en varias regiones, lo que reduce la capacidad de detectar crisis familiares, problemas de salud mental o acoso universitario. Los psicólogos del programa atienden casos reactivamente, sin posibilidad de prevención o seguimiento continuo. Esta brecha se agrava en poblaciones indígenas, donde la discriminación étnica y la soledad urbana actúan como factores adicionales de estrés académico.

La inserción laboral constituye el eslabón más débil de la cadena de valor. Beca 18 carece de un componente formal de empleabilidad: no hay prácticas garantizadas, bolsa de trabajo ni alianzas sistemáticas con empleadores. La EDEP observa que el indicador oficial solo mide la inserción de egresados, pero no evalúa cuántos de los potenciales beneficiarios logran titularse y colocarse en el mercado. Esta ausencia de una ruta de salida clara convierte la inversión pública en un riesgo de sobre-calificación o sub-empleo, especialmente en carreras con alta oferta y baja demanda.

Con el incremento de 20,000 becarios, representa una apuesta histórica por el futuro del Perú, pero también una prueba de estrés para el ecosistema educativo. La evidencia muestra que el éxito pasado no garantiza sostenibilidad futura si no se reforman simultáneamente la oferta institucional, la focalización, el acompañamiento socio-emocional y la inserción laboral. La lección principal es que la equidad no se logra solo con más plazas, sino con una red de apoyo escalonada y culturalmente pertinente. Solo así Beca 18 podrá seguir siendo una política transformadora y no un programa que masifica la frustración de los jóvenes que más lo necesitan.