Tecnofeudalismo global y la encrucijada digital del Perú

El tecnofeudalismo es una de las teorías más provocadoras para entender el nuevo orden mundial del siglo XXI. Según economistas como Yanis Varoufakis, el capitalismo tradicional ha muerto y ha sido reemplazado por un sistema donde el poder ya no reside en fábricas o capital industrial, sino en el control de los datos, los algoritmos y la infraestructura en la nube. En esta nueva era, gigantes como Google, Amazon o Meta actúan como los señores feudales digitales, mientras que los usuarios y países periféricos se convierten en sus vasallos y campesinos, extrayendo valor de su actividad en línea sin recibir un beneficio equitativo. Para países como Perú, esta no es una abstracción teórica, sino una realidad cotidiana que define su economía, su política exterior y el futuro de su soberanía.

Perú vive una paradoja digital profunda: por un lado, su economía digital crece a un ritmo acelerado, con un mercado de comercio electrónico que supera los 13,000 millones de dólares y más de 15 millones de compradores en línea. Plataformas de delivery y movilidad se han triplicado en uso, generando empleo para decenas de miles de peruanos. Sin embargo, casi toda esta actividad depende de plataformas extranjeras: Uber, Netflix, Spotify, Amazon y Google dominan el ecosistema, capturando los datos de los usuarios peruanos y enviando la mayor parte de las ganancias a sus casas matrices en Estados Unidos. El país es un consumidor activo, pero un productor pasivo de tecnología.

Las dimensiones de esta dependencia son múltiples y se manifiestan en la persistente brecha digital que fragmenta el territorio peruano. Aunque la conectividad ha mejorado —con 28.4 millones de usuarios de internet, un 82% de la población— el acceso sigue siendo profundamente desigual. Seis de cada diez familias y más de 50,000 escuelas públicas carecen de acceso a oportunidades educativas digitales, mientras que en zonas rurales apenas el 55% de la población tiene internet móvil. Esta desigualdad convierte a los sectores más vulnerables en vasallos de las pocas plataformas accesibles, profundizando la exclusión.

La extracción de valor por parte de las tecnológicas extranjeras sigue la lógica feudal del señorío. Los datos personales de los peruanos —sus hábitos de consumo, ubicaciones y preferencias— son la nueva tierra que estos señores feudales explotan. Sin una estrategia robusta de gobernanza de datos, el país corre el riesgo de caer en una dependencia estructural donde las plataformas digitales operan como antaño lo hicieron las industrias extractivas; obteniendo ganancias de los recursos locales mientras concentran el poder y la riqueza en el exterior.

Frente a este escenario, el Estado peruano ha intentado responder con medidas regulatorias, aunque de alcance limitado. En diciembre de 2024, entró en vigor el Decreto Legislativo N° 1664 que obliga a más de 50 plataformas digitales extranjeras —Netflix, Google, Amazon, Apple, Meta, TikTok y Spotify— a pagar el Impuesto General a las Ventas (IGV) por los servicios que ofrecen a consumidores peruanos. Esta "tasa Netflix" es un intento de capturar algo del valor generado localmente, pero no aborda la dependencia estructural ni la propiedad de los datos. Asimismo, la Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales, promulgada en 2011 y reglamentada en 2013, ha sido objeto de actualizaciones que incorporan derechos como la portabilidad de datos y la notificación de incidentes en 48 horas. Aunque estos avances son positivos, su implementación efectiva frente a gigantes tecnológicos con recursos legales casi ilimitados sigue siendo un desafío inmenso.

En el plano geopolítico, la posición de Perú es aún más compleja, pues se ha convertido en un campo de batalla en la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China. Las potencias compiten por influir en su infraestructura digital; mientras Estados Unidos refuerza su presencia mediante inversiones en modernización y estándares de seguridad, China despliega su influencia a través de megaproyectos como el puerto de Chancay, construido por la estatal COSCO Shipping, que busca posicionar a Perú como un hub logístico hacia Asia. Esta dualidad obliga a Lima a navegar entre dos modelos antagónicos: el de Washington, que ata la transferencia tecnológica a la alineación con sus estándares, y el de Pekín, que extiende su influencia mediante inversión en infraestructura y plataformas. La pregunta de quién construirá las redes 5G o los centros de datos del futuro no es solo técnica, sino existencial para la soberanía peruana.

Sin embargo, la dependencia no es absoluta y el panorama incluye matices. América Latina ha desarrollado sus propios señores feudales regionales, como Mercado Libre, que si bien depende estructuralmente de los algoritmos y la potencia de cómputo de las grandes tecnológicas estadounidenses, ha logrado posicionarse en la frontera de soluciones de análisis de datos para sus negocios. Empresas peruanas como Yape, Plin y SIP, con más de 25 millones de usuarios, demuestran que es posible construir soluciones financieras digitales locales que compitan en el mercado. Estas experiencias indican que la periferia digital no es un mero receptáculo pasivo, sino un espacio donde pueden germinar alternativas, aunque siempre bajo la sombra de la dependencia tecnológica.

El desafío para Perú es que estos esfuerzos aislados no bastan para contrarrestar la lógica feudal del sistema global. América Latina alberga solo el 5% de la infraestructura mundial de centros de datos, frente al 44% de Estados Unidos. Sin una estrategia nacional de soberanía tecnológica que fomente el desarrollo de capacidades propias en inteligencia artificial, nube y procesamiento de datos, el país seguirá siendo un exportador neto de su recurso más valioso: la información de sus ciudadanos. Como señala la investigadora Cecilia Rikap en su análisis de las cadenas globales de valor digital, las relaciones de dependencia configuran una compleja red de complicidades y tensiones, donde las élites locales a menudo se convierten en cómplices de la extracción global.

En conclusión, el tecnofeudalismo no es un destino inevitable, sino un diagnóstico que exige acción. Para Perú, la encrucijada es clara; puede seguir siendo un feudo digital pasivo, consumiendo tecnología y exportando datos, o puede trazar un camino hacia una digitalización soberana que priorice la educación tecnológica, la inversión en infraestructura propia, la regulación inteligente de las plataformas y una inserción geopolítica estratégica que no se limite a elegir entre dos potencias, sino que busque construir su propio espacio de autonomía. La ventana para construir una política digital soberana se estrecha cada año que Perú retrasa una estrategia nacional de inteligencia artificial y centros de datos.