Propiedad extranjera, riesgo nacional: La Geopolítica del gasoducto de Camisea

Un colapso anunciado, el 1 de marzo de 2026, el kilómetro 127 del gasoducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP) colapsó una vez más. No fue un accidente imprevisto, sino la materialización de una amenaza que se venía gestando desde 2004; una infraestructura energética crítica construida sobre terreno inestable, sin plan de respaldo, y mantenida con parches temporales durante más de veinte años. La rotura en la zona de Luisiana y Ollantaytambo, provocada por deslizamientos de tierra y lluvias intensas, dejó al Perú sin su principal fuente de energía y expuso la fragilidad de un modelo que nunca priorizó la resiliencia sobre la rentabilidad inmediata.

El fantasma del kilómetro 127; este tramo de 32 kilómetros en la cordillera del Cusco se ha convertido en sinónimo de desastre recurrente. Desde 2004, ha registrado al menos trece incidentes mayores: en 2004, cinco mil barriles derramados en el mismo punto; en 2006, una explosión que quemó a siete personas, incluyendo menores de edad; en 2015 y 2016, nuevos deslizamientos con miles de barriles contaminando el ecosistema. El Congreso de la República ya había advertido en 2006 que el diseño del ducto "no fue exhaustivo" frente a las condiciones del terreno, pero las recomendaciones quedaron en el olvido. TGP, en cambio, aprendió a navegar el sistema; solicitar la declaratoria de "fuerza mayor" para evadir sanciones, litigar para dilatar compensaciones, y seguir operando con el mínimo indispensable.

Una geografía hostil, ; el gasoducto de 714 kilómetros atraviesa algunas de las zonas geológicamente más complejas del planeta: la cordillera de los Andes, con sus laderas empinadas, suelos inestables, alta pluviosidad y actividad sísmica permanente. En lugar de túneles, viaductos o trazados alternativos, se optó por una ruta directa que minimizaba costos de construcción pero maximizaba riesgos operativos. El resultado es una infraestructura única, sin redundancia, que concentra el 100% del transporte de gas natural desde Camisea hasta la costa. Como admitió el propio ministro de Energía y Minas, después de dos décadas "no tenemos un anillo energético ni un gasoducto alternativo", una confesión que debería avergonzar a cualquier país con pretensiones de desarrollo sostenible.

La paralización del suministro ha generado pérdidas estimadas en 700 millones de dólares para generadoras térmicas, además del impacto en industrias, hospitales y hogares que dependen del gas natural. Pero el costo real es mayor; es el precio de haber apostado todas las fichas a una sola carta, ignorando que países vecinos como Argentina, Bolivia y Chile construyeron desde hace años sus ductos alternativos. La crisis actual no es meteorológica, es de planificación energética. Cuando TGP solicita que el incidente sea declarado "fuerza mayor", está pidiendo que se le exima de responsabilidad por un riesgo previsible que eligió asumir y nunca mitigó adecuadamente.

Mientras Lima sufre cortes de gas, las comunidades indígenas Machiguengas y Yines del Bajo Urubamba llevan dos décadas sufriendo algo peor; la colonización extractivista. En Megantoni, donde en 2025 se extrajeron 327 millones de soles en canon gasífero, solo el 18% de los hogares tiene acceso a gas natural y el 80% cocina con leña. Un balón de gas cuesta ciento ochenta soles en la misma zona donde se extrae el recurso. Quince proyectos de inversión en educación, saneamiento y electricidad llevan años de retraso, algunos más de seis años. El gas que alimenta la capital nunca llegó a quienes habitan sobre el yacimiento.

Impunidad ambiental sistemática; los derrames históricos han dejado cicatrices permanentes. En 2005, la quebrada de Picha se contaminó con miles de barriles; un niño sufrió quemaduras de segundo grado por contacto con agua envenenada. En 2006, el río Urubamba registró mortandad masiva de peces. TGP se comprometió a indemnizar, pero exige que las comunidades presenten propuestas técnicas que no tienen capacidad de elaborar, una trampa burocrática que perpetúa la impunidad. Osinergmin, el regulador, llegó cuatro días tarde a la emergencia de 2005. Las multas impuestas nunca se pagaron, diluidas en "maniobras legales dilatorias". El patrón es claro; externalizar los costos ambientales y sociales hacia quienes no tienen voz.

La propiedad extranjera de un recurso estratégico. TGP pertenece a EIG Global Energy Partners de Estados Unidos (49.87%), Sonatrach de Argelia (21.18%) y Enagás de España (18%). Las utilidades se repatriaron, los riesgos quedaron en el Perú. Esta estructura de propiedad explica en parte la lógica de corto plazo; maximizar retorno de inversión durante la concesión, minimizar gastos en mantenimiento preventivo, y dejar para el Estado —es decir, para los peruanos— los costos de la infraestructura obsoleta. Cuando TGP solicita ampliar su concesión hasta 2044, lo hace sin ofrecer un ducto alternativo, perpetuando la vulnerabilidad estructural que hoy paraliza al país.

TGP busca que el corte del 1 de marzo sea declarado "fuerza mayor", un mecanismo legal que eximiría a la empresa de multas administrativas. Pero la fuerza mayor no puede aplicarse a eventos previsibles que se han materializado trece veces en el mismo lugar. Lo que ocurre en el kilómetro 127 no es un acto de naturaleza imprevisto, es la consecuencia inevitable de un diseño deficiente y un mantenimiento reactivo. Aceptar el argumento de TGP sería premiar la irresponsabilidad corporativa y enviar la señal de que en el Perú los operadores críticos pueden externalizar riesgos geológicos conocidos sin consecuencias.

Más allá de la reparación; una transición energética justa. La reconstrucción del ducto no debe repetir los errores del pasado. La renovación de la concesión a TGP debe condicionarse a la construcción de infraestructura redundante. El canon gasífero debe redirigirse hacia las comunidades afectadas, no hacia municipalidades intermedias que dilapan los recursos. Y, crucialmente, el Perú debe iniciar una transición energética que reduzca la dependencia del gas natural de Camisea, cuyo agotamiento se estima en unos catorce años. Las comunidades del Bajo Urubamba no pueden seguir siendo zonas de sacrificio que proveen energía a la capital sin recibir beneficios básicos. La crisis de marzo de 2026 es una oportunidad para corregir el rumbo; de un modelo extractivista que concentra riesgos y externaliza costos, hacia uno resiliente que distribuya beneficios y asuma responsabilidades. El kilómetro 127 ha hablado. La pregunta es si el Perú, finalmente, escuchará.