Perú: La trampa de la segunda vuelta; cuando el sistema impone lo que la gente no quiere

La fractura que nunca sanó. Hace tres décadas, Alberto Fujimori cerró el Congreso con un golpe de Estado que la mitad del país celebró y la otra mitad condenó. Lo que pocos imaginaron entonces es que aquella fractura nunca sanaría. Hoy, en junio de 2026, Perú enfrenta una segunda vuelta presidencial entre dos candidatos —Keiko Fujimori y Roberto Sánchez— que, sumados, apenas logran el respaldo de tres de cada diez peruanos según las últimas encuestas. El resto, la mayoría silenciosa y furiosa, mira con desesperación cómo el sistema político le presenta una opción binaria entre lo que considera dos formas distintas de desastre. No es casualidad. Es el resultado acumulado de treinta años en los que la corrupción dejó de ser una excepción para convertirse en el lenguaje común de la política peruana, mientras actores externos y estructuras mediáticas definían quién podía aspirar al poder y quién debía ser eliminado del tablero.

La corrupción en el Perú no es un escándalo aislado; es una infraestructura. Desde los vínculos de Vladimiro Montesinos con empresarios y medios de comunicación hasta los millones de dólares en coimas de Odebrecht, pasando por los funcionarios de Pedro Castillo acusados de tráfico de influencias, el patrón se repite; el poder político se ejerce no para gobernar, sino para capturar recursos. Esta lógica ha desmantelado cualquier posibilidad de construir liderazgos legítimos. Cada presidente electo desde el 2000 ha terminado en prisión, exiliado o bajo investigación. Cuando la política se percibe exclusivamente como un mecanismo de enriquecimiento ilícito, los ciudadanos dejan de creer en ella. Y cuando dejan de creer, dejan de participar constructivamente, dejando el campo abierto para quienes dominan la maquinaria partidaria sin necesidad de convencer a nadie. En ese vacío de legitimidad, la influencia extranjera y la concentración mediática encuentran terreno fértil para operar sin contrapesos.

La embajada como actor electoral. En junio de 2024, Stephanie Syptak-Ramnath presentó sus credenciales como embajadora de Estados Unidos ante la presidenta Dina Boluarte, iniciando una gestión que se extendió hasta abril de 2025 —meses críticos que precedieron al proceso electoral peruano. Su salida coincidió con la llegada de un nuevo embajador, Bernardo Navarro, en un momento donde la influencia estadounidense en la política peruana ya no se ejerce a través de golpes encubiertos como en décadas pasadas, sino mediante presiones diplomáticas sutiles, condicionamiento de fondos y alianzas estratégicas con actores locales. La presencia de la embajada estadounidense en Lima ha sido históricamente un termómetro de quién es aceptable y quién no en el tablero político peruano. En este contexto, la elección de 2026 no escapó a la lógica de contención geopolítica: un candidato de izquierda con vínculos históricos con el castillismo representaba una amenaza para los intereses de estabilidad regional que Washington promueve, mientras que Keiko Fujimori, a pesar de su historial judicial, ofrecía garantías de alineación con la agenda de libre comercio y seguridad hemisférica.

Los medios como fábrica de consentimiento y rechazo. La concentración mediática en Perú no es un accidente de mercado; es una estructura de poder. Según investigaciones del proyecto Monitoreo de la Propiedad de Medios (MOM) de Reporteros Sin Fronteras, el Grupo El Comercio controla aproximadamente el 80% de la circulación de diarios impresos, el 70% de la inversión publicitaria y posee el canal de televisión con mayor audiencia del país, América Televisión. Este conglomerado, junto con ATV y Latina, concentra el 84% del mercado mediático peruano. Durante la campaña electoral de 2021, América Televisión despidió a periodistas que se negaron a participar en la demolición sistemática de Pedro Castillo, evidenciando que la línea editorial no es un debate interno sino una directriz empresarial. En 2026, esta maquinaria se replicó; la cobertura mediática de Roberto Sánchez —vinculado al castillismo— fue sistemáticamente negativa, mientras que la de Keiko Fujimori, aunque crítica en apariencia, mantuvo una exposición que la legitimó como "opción viable" frente al supuesto peligro de una izquierda radical.

La parcialización como estrategia de supervivencia democrática. Los medios peruanos no se limitan a informar; seleccionan qué realidad existe. Cuando 36 candidatos compiten en una primera vuelta, la cobertura mediática determina quién existe en la percepción pública y quién es invisible. Los sondeos de intención de voto, financiados y difundidos por los mismos conglomerados, funcionan como profecías autocumplidas; muestran como competitivos a quienes reciben cobertura, y marginalizan a quienes no la tienen. En este escenario, la parcialización no es un defecto del periodismo peruano; es su función económica. Los grupos mediáticos son empresas con intereses en minería, telecomunicaciones y finanzas. Un gobierno que cuestione el modelo extractivista o promueva la reglamentación de la propiedad mediática representa una amenaza directa a sus balances. Por eso, la "objetividad" se convierte en un lujo que el mercado no puede permitirse. La narrativa mediática de 2026 replicó el guion de 2021: el fantasma del chavismo, la supuesta amenaza de convertir al Perú en una nueva Venezuela, el miedo a la inestabilidad económica —una narrativa que responde a una geopolítica regional donde Estados Unidos ha definido a América Latina como espacio de contención frente al avance de China.

La Geopolítica del miedo y el filtro invertido. El gobierno de Pedro Castillo había iniciado acercamientos con Pekín que alarmaron a sectores empresariales y diplomáticos. Roberto Sánchez, como heredero de esa línea, fue presentado mediáticamente como una extensión de esa amenaza. La paradoja es que, mientras los medios concentrados amplificaban el miedo a la izquierda, minimizaban los cuestionamientos éticos y morales de Keiko Fujimori: sus investigaciones por lavado de activos, sus vínculos con la era autoritaria de su padre, su historial de impunidad judicial. La ecuación era simple; cualquier cosa era preferible al "peligro" que representaba la continuidad del castillismo. Esta combinación de presión geopolítica y concentración mediática produce un efecto de filtrado que explica por qué Perú llegó a dos candidatos con rechazo mayoritario. Por un lado, la inhabilitación selectiva de figuras con mayor apoyo popular —Vizcarra, Mendoza, De Soto— dejó un campo donde solo sobrevivían quienes el sistema consideraba "manejables". Por otro, la cobertura mediática determinó quién era visible para el electorado. El resultado fue una primera vuelta donde ambos candidatos avanzaron con menos del 18% de intención de voto en una primera vuelta profundamente fragmentada, no porque fueran los más queridos, sino porque eran los que el sistema —mediático, judicial, geopolítico— permitía que existieran.

La fragmentación como mecanismo de control. La ley electoral peruana, con sus umbrales bajos y su ausencia de primarias obligatorias, permite que cualquier agrupación con recursos mínimos inscriba un candidato. En 2026, treinta y seis postulantes compitieron por la presidencia. Esa cifra no refleja una democracia vibrante; refleja un sistema diseñado para la atomización. En ese escenario, no ganan los más queridos; avanzan los que tienen el núcleo duro más disciplinado. La fragmentación no es un accidente; es el mecanismo por el cual los actores políticos tradicionales —especialmente Fuerza Popular— sobreviven. Mientras la oposición se divide en veinte corrientes, el voto fujimorista, aunque minoritario, se mantiene compacto y calculado. La encuesta de Ipsos de febrero de 2026 reveló un dato desgarrador; ninguno de los treinta y seis candidatos generaba confianza suficiente como para que un ciudadano promedio le confiara sus llaves o compartiera su mesa. Ese agotamiento no es apatía; es una forma de trauma político. Cuando la gente cree que "todos son iguales", el que tiene la estructura territorial y financiera para sacar su voto duro gana. No se necesita ser amado; se necesita que el rival sea odiado un poco más.

Perú enfrenta una verdad incómoda: su sistema político no está diseñado para reflejar la voluntad popular, sino para gestionarla. La embajada estadounidense, los conglomerados mediáticos, las élites económicas y los aparatos partidarios forman una red de poder que selecciona, filtra y presenta opciones. Cuando la ciudadanía rechaza a esas opciones, el sistema no se cuestiona; se legitima a sí mismo mediante el argumento de que "la gente votó". Pero votó entre lo que le permitieron ver. La corrupción no solo robó recursos; robó la posibilidad de construir una política creíble. Cada escándalo desmanteló un poco más el tejido de confianza entre ciudadanos e instituciones, hasta que la democracia se convirtió en un espejismo; existe en el papel, pero en la práctica entrega resultados que la mayoría rechaza. La segunda vuelta de 2026, con dos candidatos que suman más rechazo que apoyo, no es una anomalía; es la expresión perfecta de un sistema donde la democracia existe como forma, pero la soberanía popular ha sido reemplazada por la administración de consensos desde arriba. La pregunta que Perú debe hacerse no es por qué eligió mal, sino si alguna vez tuvo la posibilidad real de elegir algo diferente.